Palestina ingresa en la Corte Penal Internacional
El Gobierno de Abbas estará capacitado para denunciar a Israel por crímenes de guerra
Los milicianos palestinos también podrán ser juzgados
Isabel Ferrer
La Haya, El País
El ingreso de Palestina en la Corte Penal Internacional (CPI) supone uno de los mayores retos afrontados por la única instancia permanente dedicada a perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. Palestina solo existe como Estado Observador (no de pleno derecho) en Naciones Unidas desde noviembre de 2012. Antes era una mera entidad sin capacidad para ratificar el Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte. Por otra parte, no hay que olvidar la enorme presión ejercida por Estados Unidos e Israel, que no se han sumado a la CPI, contra la presencia palestina en la misma.
Sin embargo, a partir de ahora puede cobrar nuevo impulso el examen preliminar abierto en 2015 por la fiscalía sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza, y en Jerusalén Este, desde el pasado 13 de junio de 2014. La fecha no es casual. El reglamento permite a los nuevos miembros decidir si aceptan la jurisdicción con efectos retroactivos, y entre el 8 de julio y el 26 de agosto de ese año, el Gobierno israelí lanzó la Operación Margen Protector, una campaña en la que perecieron más de 2.000 palestinos y 70 israelíes. Al someterse a las nuevas reglas judiciales, los milicianos de Hamás también podrán ser perseguidos por los jueces.
Las autoridades palestinas esperan que su nueva situación favorezca su deseo de lograr pleno reconocimiento internacional. Riad al Malki, ministro de Exteriores, no desaprovechó el momento dulce creado por la ceremonia de acceso para ejercer presión diplomática. “El mundo está hoy un poco más cerca de acabar con una larga era de impunidad y justicia”, dijo, al recibir una edición especial del Estatuto de Roma en La Haya.
El texto condena la segregación de comunidades (equivalente aquí a la ocupación israelí de suelo palestino) y prohíbe ubicar a civiles de un país en los territorios ocupados de otro (los asentamientos), y Palestina cree que puede forzar así a Israel a responder ante la justicia internacional. Aunque más de medio millón de colonos residen en esas zonas desde 1967, la Corte solo podrá ocuparse de los que se hubieran instalado a partir de junio de 2014.
“Llamamos a la comunidad internacional a apoyar los derechos inalienables de nuestro pueblo, incluida la autodeterminación (…) Llamamos una vez más a las naciones a reconocer el Estado de Palestina con las fronteras de 1967 y Jerusalén como capital”, dijo, en un comunicado posterior a la adhesión, Saeb Erekat, miembro de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y jefe del equipo negociador.
Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, teme que la simpatía internacional se incline hacia la causa palestina, y acusa a sus líderes de “preferir la confrontación”. Cuando Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, aceptó en enero pasado la competencia de la CPI, Israel retuvo los impuestos que recauda a los palestinos desde los años noventa en virtud del Acuerdo de Oslo (firmado entre Israel y la OLP para solucionar el conflicto entre ambos). Los devolvió a finales de marzo. Netanyahu también considera a Hamás “una organización terrorista cuyos criminales disparan miles de misiles contra ciudadanos israelíes”. Estados Unidos, principal aliado israelí, aduce que la presencia palestina en la CPI entorpece un posible acuerdo de paz.
La Corte Penal es un organismo judicial y no está facultada para reconocer a ningún Estado. Es más, en los tres últimos años había rechazado cualquier intento palestino de llevar a Israel ante sus jueces. La razón era que no formaba parte de la familia de la ONU. Todo cambió al modificar la organización el estatus de Palestina en noviembre de 2012. Llamarse Estado ha hecho posible su aceptación como el miembro 123º de la CPI. De todos modos, la justicia internacional también tiene sus plazos, que pueden prolongarse años. Y la Corte respeta el principio de complementariedad. Es decir, no abordará presuntos delitos que sean vistos por los tribunales locales.
Expedientes en marcha
Servir el interés de la justicia y comprobar que un posible caso encaja en la jurisdicción de la CPI son los requisitos necesarios para que la fiscalía abra una investigación preliminar.
Aunque el término induce a pensar que se ha puesto en marcha toda la maquinaria judicial, y los jueces solo tienen que aguardar la llegada de acusados, testigos y expertos, las cosas van más despacio. Cuando la actual fiscal jefe, la gambiana Fatou Bensouda, anunció que estaba examinando la denuncia palestina contra Israel por presuntos crímenes de guerra, su oficina tenía ya sobre la mesa expedientes similares relativos a Colombia, Afganistán, Nigeria, Georgia, Guinea, Honduras, Irak y Ucrania.
Además, hay otros nueve casos internacionales en marcha. Palestina ha depositado grandes esperanzas en que la labor de la Corte acabe internacionalizando su causa en busca de un Estado propio. Para los críticos, en especial en África, la CPI es una instancia occidental que solo busca criminales entre sus países, una acusación que Bensouda rechaza siempre de plano.
Los milicianos palestinos también podrán ser juzgados
La Haya, El País
El ingreso de Palestina en la Corte Penal Internacional (CPI) supone uno de los mayores retos afrontados por la única instancia permanente dedicada a perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. Palestina solo existe como Estado Observador (no de pleno derecho) en Naciones Unidas desde noviembre de 2012. Antes era una mera entidad sin capacidad para ratificar el Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte. Por otra parte, no hay que olvidar la enorme presión ejercida por Estados Unidos e Israel, que no se han sumado a la CPI, contra la presencia palestina en la misma.
Sin embargo, a partir de ahora puede cobrar nuevo impulso el examen preliminar abierto en 2015 por la fiscalía sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza, y en Jerusalén Este, desde el pasado 13 de junio de 2014. La fecha no es casual. El reglamento permite a los nuevos miembros decidir si aceptan la jurisdicción con efectos retroactivos, y entre el 8 de julio y el 26 de agosto de ese año, el Gobierno israelí lanzó la Operación Margen Protector, una campaña en la que perecieron más de 2.000 palestinos y 70 israelíes. Al someterse a las nuevas reglas judiciales, los milicianos de Hamás también podrán ser perseguidos por los jueces.
Las autoridades palestinas esperan que su nueva situación favorezca su deseo de lograr pleno reconocimiento internacional. Riad al Malki, ministro de Exteriores, no desaprovechó el momento dulce creado por la ceremonia de acceso para ejercer presión diplomática. “El mundo está hoy un poco más cerca de acabar con una larga era de impunidad y justicia”, dijo, al recibir una edición especial del Estatuto de Roma en La Haya.
El texto condena la segregación de comunidades (equivalente aquí a la ocupación israelí de suelo palestino) y prohíbe ubicar a civiles de un país en los territorios ocupados de otro (los asentamientos), y Palestina cree que puede forzar así a Israel a responder ante la justicia internacional. Aunque más de medio millón de colonos residen en esas zonas desde 1967, la Corte solo podrá ocuparse de los que se hubieran instalado a partir de junio de 2014.
“Llamamos a la comunidad internacional a apoyar los derechos inalienables de nuestro pueblo, incluida la autodeterminación (…) Llamamos una vez más a las naciones a reconocer el Estado de Palestina con las fronteras de 1967 y Jerusalén como capital”, dijo, en un comunicado posterior a la adhesión, Saeb Erekat, miembro de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y jefe del equipo negociador.
Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, teme que la simpatía internacional se incline hacia la causa palestina, y acusa a sus líderes de “preferir la confrontación”. Cuando Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, aceptó en enero pasado la competencia de la CPI, Israel retuvo los impuestos que recauda a los palestinos desde los años noventa en virtud del Acuerdo de Oslo (firmado entre Israel y la OLP para solucionar el conflicto entre ambos). Los devolvió a finales de marzo. Netanyahu también considera a Hamás “una organización terrorista cuyos criminales disparan miles de misiles contra ciudadanos israelíes”. Estados Unidos, principal aliado israelí, aduce que la presencia palestina en la CPI entorpece un posible acuerdo de paz.
La Corte Penal es un organismo judicial y no está facultada para reconocer a ningún Estado. Es más, en los tres últimos años había rechazado cualquier intento palestino de llevar a Israel ante sus jueces. La razón era que no formaba parte de la familia de la ONU. Todo cambió al modificar la organización el estatus de Palestina en noviembre de 2012. Llamarse Estado ha hecho posible su aceptación como el miembro 123º de la CPI. De todos modos, la justicia internacional también tiene sus plazos, que pueden prolongarse años. Y la Corte respeta el principio de complementariedad. Es decir, no abordará presuntos delitos que sean vistos por los tribunales locales.
Expedientes en marcha
Servir el interés de la justicia y comprobar que un posible caso encaja en la jurisdicción de la CPI son los requisitos necesarios para que la fiscalía abra una investigación preliminar.
Aunque el término induce a pensar que se ha puesto en marcha toda la maquinaria judicial, y los jueces solo tienen que aguardar la llegada de acusados, testigos y expertos, las cosas van más despacio. Cuando la actual fiscal jefe, la gambiana Fatou Bensouda, anunció que estaba examinando la denuncia palestina contra Israel por presuntos crímenes de guerra, su oficina tenía ya sobre la mesa expedientes similares relativos a Colombia, Afganistán, Nigeria, Georgia, Guinea, Honduras, Irak y Ucrania.
Además, hay otros nueve casos internacionales en marcha. Palestina ha depositado grandes esperanzas en que la labor de la Corte acabe internacionalizando su causa en busca de un Estado propio. Para los críticos, en especial en África, la CPI es una instancia occidental que solo busca criminales entre sus países, una acusación que Bensouda rechaza siempre de plano.
