La junta de Tailandia asocia atentado con rivales políticos
La explosión de un auto bomba que hirió a siete personas en la popular isla turística de Samui, en Tailandia, podría estar relacionada con la inestabilidad política en el país, indicó el sábado un portavoz del gobierno militar.
Los informes preliminares indican que el ataque fue obra del mismo grupo responsable de otras explosiones recientes en la capital, Bangkok, que no causaron muertos, señaló el mayor general Sansern Kaewkamnerd. El portavoz no entró en detalles, pero el líder de la junta —que asumió el poder en un golpe de estado el pasado mayo— ha atribuido los atentados de Bangkok a grupos que se oponen al régimen militar.
La bomba improvisada que explotó el viernes por la noche en Samui estaba escondida en una camioneta y estalló tras un desfile de moda en la zona del aparcamiento subterráneo en el centro comercial Central Festival, explicó a The Associated Press el principal responsable de prevención y alivio de desastres en la isla, Poonsak Sophonpathumrak. Entre los siete heridos había un ciudadano italiano, según medios tailandeses.
Las autoridades creen que el vehículo se robó en una de las tres provincias más al sur del país, donde hay una insurgencia islamista. Más de 5.000 personas han muerto en esas tres provincias desde 2004. Los milicianos musulmanes por lo general no operan más allá de las tres provincias septentrionales, aunque en el pasado han sido sospechosos de otros atentados o intentos de atentados en otras regiones.
El ejército vinculó el caso de Samui con dos pequeñas bombas que estallaron a principios de febrero ante un gran centro comercial en Bangkok, hiriendo de levedad a dos personas. El líder de la junta y primer ministro, Prayuth Chan-ocha, dijo entonces que las detonaciones pretendían desacreditar al gobierno.
Tailandia ha sufrido casi una década de inestabilidad política, en ocasiones violenta.
Los críticos del gobierno han sugerido que algunos de los atentados podrían ser obra del gobierno militar para justificar su continuada represión de derechos y libertades básicos. El gobierno lo niega.
