Dirigentes lo reafirman: la tierra en el Chapare es del sindicato, no del que la trabaja
La Paz, ANF
Contraviniendo lo que dispone la Constitución Política del Estado, en el Trópico de Cochabamba la tierra y el cato de coca no es del productor ni de quien lo trabaja, sino de las seis federaciones de productores de coca y de quien apoya al Movimiento al Socialismo (MAS).
Bajo este concepto, los sindicatos y centrales de las seis federaciones de productores de coca ejecutarán las sanciones contra los “traidores” al “instrumento político", es decir al MAS, por haber sido candidatos y autoridades electas por una organización política opositora. La expulsión de los afiliados a los sindicatos y centrales tiene como consecuencia la pérdida del cato de coca y del terreno de cultivo. La determinación fue ratificada en el ampliado de estas organizaciones el fin de semana en la localidad de Lauca Ñ.
“Para esos compañeros que renuncian al sindicato, al instrumento político, renuncian a su organización, eso significa automáticamente que ya no quieren pertenecer a una organización que está plenamente identificada con este instrumento político (MAS) y, este instrumento político consiguió los catos de coca, si ya no quieren formar parte de nosotros (sindicatos), automáticamente dejan de pertenecer al sindicato y cuando dejan de pertenecer al sindicato ya no tienen cato, inclusive ni su terreno”, sentenció de manera enfática el vicepresidente de las seis federaciones, Leonardo Loza a la ANF.
Las sanciones son de aplicación expresa para los afiliados a las organizaciones cocaleras, que decidieron ser candidatos por partidos opositores o para los dirigentes que pretendieron dividir a sus organizaciones sindicales. Los sancionadores tendrían “evidencia de que se han reunido con algunos grupos neoliberales desertores del instrumento político”.
Y aunque la Constitución Política del Estado en su artículo 393 “protege y garantiza la propiedad individual, comunitaria o colectiva de la tierra…”. Este principio parece estar lejos de aplicarse en la zona.
“El cato de coca se ha conseguido con lucha, con movilizaciones, con muertos y heridos, por tanto, es un bien común, del sindicato, de la central y de las federaciones y por ende de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba”, afirmó el Loza.
Las personas que son expulsadas de las organizaciones sindicales y pierda su cato de coca tampoco pueden pedir una "indemnización", ni tendrán una compensación por la tierra, aclaró el representante.
"Ahí (en el Congreso) clarito indica que el que abandona, el que se mete con otros partidos políticos y salen como candidatos para ser concejales o alcaldes, automáticamente dejan de ser afiliados y eso significa no tener su cato de coca y no tener su terreno", insiste.
En cambio, la dirigente de la Federación Única de Centrales Unidas del Trópico de Cochabamba, Margarita Terán, ratificó las resoluciones y precisó que todos los afiliados conocen muy bien las sanciones cuando son “traidores” al instrumento político.
“Debe ser cortado el cato de coca. De cada comunidad depende si va a ser quitado totalmente su cato de coca o temporalmente”, comentó, pero que las resoluciones deben ser de cumplimiento obligatorio.
Contraviniendo lo que dispone la Constitución Política del Estado, en el Trópico de Cochabamba la tierra y el cato de coca no es del productor ni de quien lo trabaja, sino de las seis federaciones de productores de coca y de quien apoya al Movimiento al Socialismo (MAS).
Bajo este concepto, los sindicatos y centrales de las seis federaciones de productores de coca ejecutarán las sanciones contra los “traidores” al “instrumento político", es decir al MAS, por haber sido candidatos y autoridades electas por una organización política opositora. La expulsión de los afiliados a los sindicatos y centrales tiene como consecuencia la pérdida del cato de coca y del terreno de cultivo. La determinación fue ratificada en el ampliado de estas organizaciones el fin de semana en la localidad de Lauca Ñ.
“Para esos compañeros que renuncian al sindicato, al instrumento político, renuncian a su organización, eso significa automáticamente que ya no quieren pertenecer a una organización que está plenamente identificada con este instrumento político (MAS) y, este instrumento político consiguió los catos de coca, si ya no quieren formar parte de nosotros (sindicatos), automáticamente dejan de pertenecer al sindicato y cuando dejan de pertenecer al sindicato ya no tienen cato, inclusive ni su terreno”, sentenció de manera enfática el vicepresidente de las seis federaciones, Leonardo Loza a la ANF.
Las sanciones son de aplicación expresa para los afiliados a las organizaciones cocaleras, que decidieron ser candidatos por partidos opositores o para los dirigentes que pretendieron dividir a sus organizaciones sindicales. Los sancionadores tendrían “evidencia de que se han reunido con algunos grupos neoliberales desertores del instrumento político”.
Y aunque la Constitución Política del Estado en su artículo 393 “protege y garantiza la propiedad individual, comunitaria o colectiva de la tierra…”. Este principio parece estar lejos de aplicarse en la zona.
“El cato de coca se ha conseguido con lucha, con movilizaciones, con muertos y heridos, por tanto, es un bien común, del sindicato, de la central y de las federaciones y por ende de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba”, afirmó el Loza.
Las personas que son expulsadas de las organizaciones sindicales y pierda su cato de coca tampoco pueden pedir una "indemnización", ni tendrán una compensación por la tierra, aclaró el representante.
"Ahí (en el Congreso) clarito indica que el que abandona, el que se mete con otros partidos políticos y salen como candidatos para ser concejales o alcaldes, automáticamente dejan de ser afiliados y eso significa no tener su cato de coca y no tener su terreno", insiste.
En cambio, la dirigente de la Federación Única de Centrales Unidas del Trópico de Cochabamba, Margarita Terán, ratificó las resoluciones y precisó que todos los afiliados conocen muy bien las sanciones cuando son “traidores” al instrumento político.
“Debe ser cortado el cato de coca. De cada comunidad depende si va a ser quitado totalmente su cato de coca o temporalmente”, comentó, pero que las resoluciones deben ser de cumplimiento obligatorio.