Caso Chaparina: abogada de las víctimas asegura que sobreseimiento quedan nulo por falta de notificaciones formales
Aida Camacho, abogada de las víctimas de la represión en Chaparina contra los marchistas del TIPNIS, considera que tanto la imputación como el sobreseimiento a favor del exviceministro Marcos Farfán y 11 policías de diferente graduación quedaron nulos y sin efecto legal porque las partes nunca fueron notificadas.
En entrevista con ANF, la jurista explicó que cuando en noviembre pasado la comisión de fiscales aprobó la resolución de imputación en contra de los presuntos responsables de la intervención a la marcha en defensa del TIPNIS, ni los sindicados ni la parte demandante fueron notificados de manera formal.
Pasaron los meses y la comisión integrada por los fiscales José Villarroel, Luis Ferrufino y Róger Velásquez emitió una resolución de sobreseimiento a favor del exviceministro Marcos Farfán, del excomandante general de Policía, Víctor Maldonado, del exinspector general, Edwin Foronda, y de otros jefes policiales; sólo quedó como imputado el exsubcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz Colodro, por haber supuestamente roto la cadena de mando.
Sin embargo, nuevamente ninguna de las partes fue notificada con la resolución de sobreseimiento, según Camacho. “Por tanto, esas actuaciones quedan nulas de derecho y sin ningún valor legal, lo que devela cómo se manejó todo el proceso, con total negligencia y parcialidad”, señaló.
Según la abogada de las víctimas, el proceso vuelve hasta la fase en que se realizó la imputación que no fue notificada.
Hizo notar que en todo el proceso judicial, los fiscales no sólo tienen responsabilidad en no haber cumplido con el debido proceso, sino que cometieron prevaricato al haberse parcializado anteladamente a favor de los autores materiales e intelectuales de los ultrajes, humillación y secuestro que sufrieron hombres, mujeres y niños durante la represión a la marcha, ocurrida el 25 de septiembre de 2011.
La resolución de sobreseimiento a favor del exviceministro Farfán y 11 policías, según el Fiscal General Ramiro Guerrero, podrá ser impugnada y tras esa resolución podría empezar el juicio de responsabilidades.
La comisión de fiscales consideró insuficientes los elementos de prueba para sostener una acusación en contra de los 121 imputados, por lo que liberó del caso al exviceministro Farfán de supuesto incumplimiento de deberes, y al general Modesto Palacio, de incumplimiento de deberes, vejación y tortura.
También fueron sobreseídos el general en retiro Gino Catacora, al coronel (r) Óscar Chávez, así como a los coroneles Enrique Albarracín, Antonio Zegada, José Luis Araníbar, Jorge Cadina y Edmundo Rivero, imputados por la presunta comisión de lesiones, vejación, tortura, privación de libertad, coacción y encubrimiento de deberes.
El general (r) Víctor Maldonado, el teniente coronel Fernando Torrico y la cabo Angélica Cáceres, sindicados de encubrimiento, también fueron sobreseídos del proceso.
La violencia ejercida en la intervención a la marcha indígena, según los dirigentes que encabezaban la movilización, fue selectiva e instruida supuestamente por el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien argumentó en su defensa que se “rompió la cadena de mando”, y que los oficiales actuaron por cuenta propia. El ahora embajador de Bolivia ante la ONU fue excluido del proceso el 2012.
