ardona tiene siete procesos pendientes en la justicia
La Paz, ABi
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que el coronel de Ejército, Germán Cardona, quien aseguró que las armas en el caso Terrorismo salieron de la Octava División de Ejército, tiene siete procesos pendientes en la justicia boliviana.
"El informe que tenemos en la Fiscalía es que este señor Cardona tiene siete procesos pendientes, en los que está denunciado en la mayoría de los casos por amenazas, por uso de instrumento falsificado, falsedad material, falsedad ideológica. Tiene cuentas pendientes con la justicia", dijo.
Cardona dejó el país luego de referirse al armamento encontrado con el grupo separatista que actuó en el país, que nuevamente pone al caso Terrorismo en el escenario del debate. Según sus declaraciones se autocalificó de perseguido político por lo que se dirigió a España a pedir refugio.
Para el Fiscal General, la denuncia y actitud de Cardona se orientan a restar fuerza al caso Terrorismo en el que ya se logró sentencias para cinco personas.
"Es parte de una estrategia política y jurídica, distraccionista, para restar fuerza en el caso Terrorismo, donde ya hemos logrado sentencias en cinco personas, y estamos entrando en una etapa decisiva", indicó.
Agregó que es parte de una estrategia "huir y no dar la cara ni presentar las denuncias si es que las hubiera".
Conocida la denuncia de Cardona, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, salió al frente para desmentir la supuesta persecución política contra el militar y afirmar que sus acusaciones son de "interés político" combinado con una "personalidad bastante esquizofrénica".
Por su parte, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Omar Salinas, calificó de "descabellada" la afirmación de Cardona y aseguró que "nadie puede mentir" de esa forma porque pone en riesgo la seguridad y la credibilidad del Estado.
El caso Terrorismo se investiga desde abril de 2009, después de que la Policía desarticulara una célula terrorista en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, que estaba encabezada por el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores.
Rózsa Flores había conformado una agrupación de mercenarios extranjeros financiados desde Bolivia para ejecutar acciones terroristas y secesionistas destinadas a desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que el coronel de Ejército, Germán Cardona, quien aseguró que las armas en el caso Terrorismo salieron de la Octava División de Ejército, tiene siete procesos pendientes en la justicia boliviana.
"El informe que tenemos en la Fiscalía es que este señor Cardona tiene siete procesos pendientes, en los que está denunciado en la mayoría de los casos por amenazas, por uso de instrumento falsificado, falsedad material, falsedad ideológica. Tiene cuentas pendientes con la justicia", dijo.
Cardona dejó el país luego de referirse al armamento encontrado con el grupo separatista que actuó en el país, que nuevamente pone al caso Terrorismo en el escenario del debate. Según sus declaraciones se autocalificó de perseguido político por lo que se dirigió a España a pedir refugio.
Para el Fiscal General, la denuncia y actitud de Cardona se orientan a restar fuerza al caso Terrorismo en el que ya se logró sentencias para cinco personas.
"Es parte de una estrategia política y jurídica, distraccionista, para restar fuerza en el caso Terrorismo, donde ya hemos logrado sentencias en cinco personas, y estamos entrando en una etapa decisiva", indicó.
Agregó que es parte de una estrategia "huir y no dar la cara ni presentar las denuncias si es que las hubiera".
Conocida la denuncia de Cardona, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, salió al frente para desmentir la supuesta persecución política contra el militar y afirmar que sus acusaciones son de "interés político" combinado con una "personalidad bastante esquizofrénica".
Por su parte, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Omar Salinas, calificó de "descabellada" la afirmación de Cardona y aseguró que "nadie puede mentir" de esa forma porque pone en riesgo la seguridad y la credibilidad del Estado.
El caso Terrorismo se investiga desde abril de 2009, después de que la Policía desarticulara una célula terrorista en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, que estaba encabezada por el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores.
Rózsa Flores había conformado una agrupación de mercenarios extranjeros financiados desde Bolivia para ejecutar acciones terroristas y secesionistas destinadas a desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales.