Turquía permitirá abrir fuego sobre los manifestantes en caso de disturbios
Los islamistas turcos aprueban una ley que amplía los poderes de la policía
La oposición presentará un recurso de inconstitucionalidad
Andrés Mourenza
Estambul, El País
Pese a las críticas recibidas desde las asociaciones de juristas, organizaciones pro derechos humanos, instituciones internacionales y la oposición al completo, el gobierno islamista moderado de Turquía logró este viernes la aprobación parlamentaria de una polémica ley de seguridad que incrementa los poderes de la policía.
La tramitación del paquete legislativo comenzó hace más de un mes en un ambiente tenso, que degeneró incluso en peleas a puñetazo limpio en medio del hemiciclo. Pero, debido al malestar provocado por el texto especialmente entre los kurdos, con los que se negocia un proceso de paz, el Ejecutivo decidió aparcar los artículos más polémicos de manera indeterminada. Sin embargo, se ha producido un nuevo cambio de parecer en las filas islamistas y esta semana se introdujo al Parlamento una nueva versión del texto. Tras un debate que se prolongó durante la tarde y la noche de este jueves, la madrugada y parte de este viernes, la mayoría absoluta que posee el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) sirvió para ratificar la ley.
Entre las medidas más polémicas están las que se refieren a las manifestaciones, pues la nueva ley incrementa las penas de cárcel para aquellos que se cubran la cara y equipará el uso de cócteles molotov, tirachinas o petardos al de armas letales. Aún más preocupante resulta la ampliación de situaciones en que la policía podrá abrir fuego contra quienes protestan, por ejemplo en el caso de que los manifestantes pretendan atacar edificios públicos. “Las normas internacionales indican que las armas de fuego solo deben ser usadas en caso de que una vida esté en riesgo, pero este concepto de ‘intentar atacar’ es muy vago y da pie a abusos”, critica Andrew Gardner, de Amnistía Internacional, en declaraciones a este periódico. Las organizaciones de derechos humanos temen que la legislación incremente las muertes por bala e incluso los asesinatos extrajudiciales, y que sea más difícil perseguir a los agentes que hagan un mal uso de sus armas, como ya ocurrió con la decena larga de fallecidos durante las protestas de Gezi en 2013.
Además, los agentes de Policía no necesitarán órdenes judiciales para llevar a cabo registros, ordenar la detención de un sospechoso durante 48 horas –sin que pueda contactar con su abogado o con un médico– o llevar a cabo escuchas telefónicas durante dos días. Y representantes provinciales del Gobierno podrán decretar la suspensión de derechos básicos en caso de emergencia sin contar con ninguna supervisión judicial.
La principal formación opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, centroizquierda) ha anunciado que la próxima semana presentará un recurso de inconstitucionalidad ante los tribunales. “Un Gobierno que refuerza tanto la autoridad de la Policía ha perdido su legitimidad. Es un Gobierno que trata de mantenerse por el apoyo policial y no del pueblo”, denunció Akif Hamzaçebi, vicepresidente del grupo parlamentario del CHP, para quien el Gobierno está reforzando su control sobre los ciudadanos de cara a las cruciales elecciones del próximo junio.
Este mismo viernes, la mayoría del AKP votó a favor de otra ley igualmente polémica que permite a los miembros del Gobierno restringir el acceso a determinadas páginas de internet sin contar con autorización judicial. En un país que, según la plataforma Engelliweb.com, mantiene 69.050 páginas de internet bloqueadas, la nueva ley hace temer que el acceso a la red se haga aún más difícil.
Estos hechos, unidos a la creciente presión sobre los medios de comunicación y sobre cualquiera que se atreva a levantar la voz contra el Gobierno, han hecho que organizaciones como el Instituto Internacional de Prensa consideren que “la democracia está en riesgo” en Turquía. Precisamente esta misma semana, dos caricaturistas fueron condenados a 11 meses y 20 días de cárcel –sentencia permutada por sendas multas de unos 2.500 euros– por dibujar una portada crítica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
La oposición presentará un recurso de inconstitucionalidad
Estambul, El País
Pese a las críticas recibidas desde las asociaciones de juristas, organizaciones pro derechos humanos, instituciones internacionales y la oposición al completo, el gobierno islamista moderado de Turquía logró este viernes la aprobación parlamentaria de una polémica ley de seguridad que incrementa los poderes de la policía.
La tramitación del paquete legislativo comenzó hace más de un mes en un ambiente tenso, que degeneró incluso en peleas a puñetazo limpio en medio del hemiciclo. Pero, debido al malestar provocado por el texto especialmente entre los kurdos, con los que se negocia un proceso de paz, el Ejecutivo decidió aparcar los artículos más polémicos de manera indeterminada. Sin embargo, se ha producido un nuevo cambio de parecer en las filas islamistas y esta semana se introdujo al Parlamento una nueva versión del texto. Tras un debate que se prolongó durante la tarde y la noche de este jueves, la madrugada y parte de este viernes, la mayoría absoluta que posee el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) sirvió para ratificar la ley.
Entre las medidas más polémicas están las que se refieren a las manifestaciones, pues la nueva ley incrementa las penas de cárcel para aquellos que se cubran la cara y equipará el uso de cócteles molotov, tirachinas o petardos al de armas letales. Aún más preocupante resulta la ampliación de situaciones en que la policía podrá abrir fuego contra quienes protestan, por ejemplo en el caso de que los manifestantes pretendan atacar edificios públicos. “Las normas internacionales indican que las armas de fuego solo deben ser usadas en caso de que una vida esté en riesgo, pero este concepto de ‘intentar atacar’ es muy vago y da pie a abusos”, critica Andrew Gardner, de Amnistía Internacional, en declaraciones a este periódico. Las organizaciones de derechos humanos temen que la legislación incremente las muertes por bala e incluso los asesinatos extrajudiciales, y que sea más difícil perseguir a los agentes que hagan un mal uso de sus armas, como ya ocurrió con la decena larga de fallecidos durante las protestas de Gezi en 2013.
Además, los agentes de Policía no necesitarán órdenes judiciales para llevar a cabo registros, ordenar la detención de un sospechoso durante 48 horas –sin que pueda contactar con su abogado o con un médico– o llevar a cabo escuchas telefónicas durante dos días. Y representantes provinciales del Gobierno podrán decretar la suspensión de derechos básicos en caso de emergencia sin contar con ninguna supervisión judicial.
La principal formación opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, centroizquierda) ha anunciado que la próxima semana presentará un recurso de inconstitucionalidad ante los tribunales. “Un Gobierno que refuerza tanto la autoridad de la Policía ha perdido su legitimidad. Es un Gobierno que trata de mantenerse por el apoyo policial y no del pueblo”, denunció Akif Hamzaçebi, vicepresidente del grupo parlamentario del CHP, para quien el Gobierno está reforzando su control sobre los ciudadanos de cara a las cruciales elecciones del próximo junio.
Este mismo viernes, la mayoría del AKP votó a favor de otra ley igualmente polémica que permite a los miembros del Gobierno restringir el acceso a determinadas páginas de internet sin contar con autorización judicial. En un país que, según la plataforma Engelliweb.com, mantiene 69.050 páginas de internet bloqueadas, la nueva ley hace temer que el acceso a la red se haga aún más difícil.
Estos hechos, unidos a la creciente presión sobre los medios de comunicación y sobre cualquiera que se atreva a levantar la voz contra el Gobierno, han hecho que organizaciones como el Instituto Internacional de Prensa consideren que “la democracia está en riesgo” en Turquía. Precisamente esta misma semana, dos caricaturistas fueron condenados a 11 meses y 20 días de cárcel –sentencia permutada por sendas multas de unos 2.500 euros– por dibujar una portada crítica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
