La Fiscalía chilena pide prisión para dos poderosos empresarios
El 'caso Penta' destapa la corrupción política y la millonaria evasión de impuestos
Rocío Montes
Santiago de Chile, El País
Este jueves probablemente se produzca un hecho histórico y sin precedentes en Chile. Si la Justicia da la razón a los argumentos que ha presentado la Fiscalía en la primera jornada de formalizaciones, los dueños del poderoso Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, mañana comenzarán a cumplir prisión preventiva. En meses en que los cruces de la política y en dinero se han tomado la agenda pública chilena a raíz de diferentes tramas que afectan tanto a la derecha como al centroizquierda, se trataría de una señal contundente de los tribunales, que comienzan a destapar sofisticados mecanismos de evasión de impuestos y corrupción política en este país sudamericano que hasta 2014 presumía de ser uno de los más transparentes de Latinoamérica.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, número uno del Ministerio Público, ha sido el encargado este miércoles de detallar la máquina que montó el Grupo Penta para no pagar tributos y defraudar al Fisco en cifras hasta ahora insospechadas. En el banquillo de los formalizados estaban diez hombres vinculados a esta compañía cuyas principales inversiones se hallan en negocios de previsión social, seguros, el sector financiero, inmobiliario, la salud y educación, con activos de unos 20.000 millones de dólares. Los dos controladores del grupo, Délano y Lavín, por sus relaciones personales y políticas están estrechamente ligados a la coalición de derecha y, sobre todo, a la Unión Demócrata Independiente (UDI), que ha sido el partido más afectado por esta trama.
Además de la petición de prisión preventiva contra los dueños de Penta por delito tributario y soborno, la Fiscalía ha pedido la misma medida cautelar para Iván Álvarez, exfiscalizador del Servicio de Impuesto Internos (SII). El Ministerio Público también ha solicitado el arresto domiciliario total para los exgerentes Marcos Castro y Manuel Antonio Tocornal. En la misma situación se encuentra el exgerente Hugo Bravo, que destapó el escándalo con una denuncia laboral contra los controladores de la firma y que ha sido formalizado por delito tributario, soborno y lavado de activos. La situación del Pablo Wagner ha quedado pendiente. Exsubsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), recibió sueldos extra de Penta mientras era funcionario público, según la investigación de los fiscales. El magistrado Juan Manuel Escobar será el encargado de tomar una decisión este jueves, mientras prosigue la investigación del caso Penta, que ha causado un impacto público pocas veces visto en Chile.
El engranaje para defraudar al Fisco montado por Penta tiene además una delicada arista política: uno de los múltiples mecanismos para evadir impuestos fueron los aportes ilegales a campañas a través de boletas de honorarios fraudulentas por trabajos que nunca se realizaron. El dinero sobre todo estaba destinado a candidatos de derecha y de la UDI, partido del que Délano es uno de sus ideólogos y financistas. Algunos de los candidatos resultaron finalmente elegidos en las elecciones de 2013 y siguen siendo parte del Parlamento, pese a que desde diferentes sectores se ha pedido su renuncia por haber legislado normativas que tenían relación directa con la compañía. En la audiencia de formalización de este miércoles, la Fiscalía expuso correos electrónicos entre la Penta y políticos de primera línea. Este ángulo, sin embargo, comienza recién a investigarse y es probable que en las próximas semanas la Fiscalía llegue hasta los dirigentes.
En los últimos meses han estallado diferentes casos que muestran que Chile tiene una precaria institucionalidad y legislación para regular los cruces de política y dinero, caldo de cultivo para la corrupción. Hace alguna semanas, el primogénito de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, tuvo que dejar su cargo en La Moneda luego que se conociera el crédito bancario de 10 millones de dólares que consiguió junto a su esposa en plena campaña de su madre. El caso Caval, como se le conoce, está siendo investigado por la Fiscalía y motivó que la jefa de Estado se refiera a sus consecuencias políticas: “Como madre y como presidenta han sido momentos dolorosos”, indicó el pasado 23 de febrero, en una rueda de prensa en la que señaló que se enteró por la prensa de los negocios de su hijo y de su nuera.
De acuerdo con la encuesta Adimark dada a conocer esta semana, el respaldo Bachelet cayó a un 39% en febrero.
Santiago de Chile, El País
Este jueves probablemente se produzca un hecho histórico y sin precedentes en Chile. Si la Justicia da la razón a los argumentos que ha presentado la Fiscalía en la primera jornada de formalizaciones, los dueños del poderoso Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, mañana comenzarán a cumplir prisión preventiva. En meses en que los cruces de la política y en dinero se han tomado la agenda pública chilena a raíz de diferentes tramas que afectan tanto a la derecha como al centroizquierda, se trataría de una señal contundente de los tribunales, que comienzan a destapar sofisticados mecanismos de evasión de impuestos y corrupción política en este país sudamericano que hasta 2014 presumía de ser uno de los más transparentes de Latinoamérica.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, número uno del Ministerio Público, ha sido el encargado este miércoles de detallar la máquina que montó el Grupo Penta para no pagar tributos y defraudar al Fisco en cifras hasta ahora insospechadas. En el banquillo de los formalizados estaban diez hombres vinculados a esta compañía cuyas principales inversiones se hallan en negocios de previsión social, seguros, el sector financiero, inmobiliario, la salud y educación, con activos de unos 20.000 millones de dólares. Los dos controladores del grupo, Délano y Lavín, por sus relaciones personales y políticas están estrechamente ligados a la coalición de derecha y, sobre todo, a la Unión Demócrata Independiente (UDI), que ha sido el partido más afectado por esta trama.
Además de la petición de prisión preventiva contra los dueños de Penta por delito tributario y soborno, la Fiscalía ha pedido la misma medida cautelar para Iván Álvarez, exfiscalizador del Servicio de Impuesto Internos (SII). El Ministerio Público también ha solicitado el arresto domiciliario total para los exgerentes Marcos Castro y Manuel Antonio Tocornal. En la misma situación se encuentra el exgerente Hugo Bravo, que destapó el escándalo con una denuncia laboral contra los controladores de la firma y que ha sido formalizado por delito tributario, soborno y lavado de activos. La situación del Pablo Wagner ha quedado pendiente. Exsubsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), recibió sueldos extra de Penta mientras era funcionario público, según la investigación de los fiscales. El magistrado Juan Manuel Escobar será el encargado de tomar una decisión este jueves, mientras prosigue la investigación del caso Penta, que ha causado un impacto público pocas veces visto en Chile.
El engranaje para defraudar al Fisco montado por Penta tiene además una delicada arista política: uno de los múltiples mecanismos para evadir impuestos fueron los aportes ilegales a campañas a través de boletas de honorarios fraudulentas por trabajos que nunca se realizaron. El dinero sobre todo estaba destinado a candidatos de derecha y de la UDI, partido del que Délano es uno de sus ideólogos y financistas. Algunos de los candidatos resultaron finalmente elegidos en las elecciones de 2013 y siguen siendo parte del Parlamento, pese a que desde diferentes sectores se ha pedido su renuncia por haber legislado normativas que tenían relación directa con la compañía. En la audiencia de formalización de este miércoles, la Fiscalía expuso correos electrónicos entre la Penta y políticos de primera línea. Este ángulo, sin embargo, comienza recién a investigarse y es probable que en las próximas semanas la Fiscalía llegue hasta los dirigentes.
En los últimos meses han estallado diferentes casos que muestran que Chile tiene una precaria institucionalidad y legislación para regular los cruces de política y dinero, caldo de cultivo para la corrupción. Hace alguna semanas, el primogénito de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, tuvo que dejar su cargo en La Moneda luego que se conociera el crédito bancario de 10 millones de dólares que consiguió junto a su esposa en plena campaña de su madre. El caso Caval, como se le conoce, está siendo investigado por la Fiscalía y motivó que la jefa de Estado se refiera a sus consecuencias políticas: “Como madre y como presidenta han sido momentos dolorosos”, indicó el pasado 23 de febrero, en una rueda de prensa en la que señaló que se enteró por la prensa de los negocios de su hijo y de su nuera.
De acuerdo con la encuesta Adimark dada a conocer esta semana, el respaldo Bachelet cayó a un 39% en febrero.
