Exministros Llorenti y Rada no serán convocados a declarar por caso Nina
La comisión especial de fiscales conformada por Pablo Guzmán, Ana Luisa Heredia y Fanny Alfaro no ve pertinente convocar a declarar a los exministros de Gobierno Sacha Llorenti y Alfredo Rada, mencionados por el general Óscar Nina, que permanece preso por orden judicial en la cárcel de Palmasola, junto a su hijo Óscar Hugo Nina Morales y su exedecán, el capitán Xavier Raúl Millán Salazar, todos imputados por enriquecimiento ilícito. La información fue proporcionada por el diario "El Deber".
La decisión de la comisión se concreta después de que el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, expresara que los exministros no tenían ninguna responsabilidad operativa en los actos desarrollados por el excomandante, que ahora es señalado de haber mantenido nexos con redes del narcotráfico, e incluso con cárteles de México representados por el hijo del ‘Chapo’ Guzmán.
La semana pasada, el general Nina fue detenido por la comisión de fiscales tras una investigación que data de casi cuatro años. En sus declaraciones, Nina aseguró que todos sus actos eran de pleno conocimiento de los exministros. Incluso aseguró que las designaciones de jefes y oficiales a puestos de control en diversos puntos del país eran concretados tras recibir el visto bueno de ambos miembros del gabinete.
"El Deber" también informó que la comisión recibió el informe presentado por la Unidad de Investigación Financiera de la Felcn, que detectó inusuales movimientos económicos de Nina, de su entorno familiar y del capitán Millán, así como la adquisición dudosa de bienes. Ante esto los fiscales intensifican las pesquisas con el fin de identificar muebles e inmuebles, así como vehículos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que estuvieran a nombre del general Nina y de sus familiares.
Se conoce que los fiscales han pedido a la jueza que conoce la causa, Ximena Flores, ordenar el congelamiento de las cuentas bancarias de todos los imputados. Los fiscales tienen previsto presentar la acusación formal contra los detenidos máximo en tres meses para llevarlos a juicio oral por delitos de enriquecimiento ilícito y beneficios en razón del cargo.
