El Gobierno de Perú envía mañana a Bolivia la solicitud de extradición de Belaunde
El ministro de Justicia, Fredy Otárola, señaló que el Consejo de Ministros aprobará este miércoles, entre otros temas, la solicitud de extradición del empresario Martín Belaunde Lossio, detenido en Bolivia, para enviarla de inmediato este el jueves a las autoridades bolivianas.
“Una vez aprobada (la solicitud) deberá salir publicada mañana en El Peruano y el expediente será enviado a Bolivia. Se ha complementado y mejorado el cuaderno. Estamos a tiempo”, precisó el funcionario en radio Exitosa.
De esta manera, el ministro dijo tener la certeza de que el expediente respectivo llegará a Bolivia a más tardar este viernes. Con ello, añadió, se podrá pedir, formalmente, que se amplíe la detención domiciliaria que pesa sobre Belaunde Lossio en suelo boliviano.
Asimismo, Otárola resaltó que el gobierno boliviano no puede expulsar a Belaunde Lossio porque este se encuentra bajo arresto domiciliario en ese país, medida que regirá hasta el 20 de marzo, a pedido del Perú.
“Levantar la detención podría darle la posibilidad de fuga. Matemáticamente haremos los cálculos (…). Paralelamente, continuamos con la extradición”, indicó el titular de Justicia y Derechos Humanos.
En ese sentido, refirió que el trámite de extradición iniciado por el Perú busca asegurar que Belaunde Lossio sea repatriado para que responda por los hechos que se le imputan, sin que ello implique obstaculizar una eventual expulsión por parte de las autoridades bolivianas.
Por su parte, el procurador anticorrupción, Joel Segura, explicó que esta vez la justicia peruana admitió el pedido de extradición de Belaunde debido a que se hicieron diversas precisiones relativas al presunto peculado de uso en el que estaría implicado el empresario peruano.
“La sala había dicho que los hechos no estaban precisos, que faltaban las fechas, datos muy minuciosos (…). El juez lo consideró una precisión de forma, que ya quedó mucho más clara”, apuntó el abogado del Estado, en Canal N.
Segura mencionó que el criterio que entonces manejó el tribunal era que esos hechos debían ser de conocimiento claro del imputado, a fin de garantizar que este pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa.
