Cochabamba: Delgado buscará que el Estado repare los daños tras “vulneración de derechos”
Pese al tiempo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tome para pronunciarse, Rebeca Delgado, líder de la agrupación Libertad de Pensamiento y disidente del MAS, acudirá a esa instancia.
Ante la CIDH, Delgado, exdiputada del partido de gobierno, buscará que el Estado boliviano repare los daños y perjuicios ocasionados contra ella que vulneraron, primero, su derecho a representación parlamentaria (fue sancionada por la mayoría oficialista) y, segundo, que le impidieron habilitarse como candidata para las elecciones subnacionales del 29 de marzo.
Delgado decidió acudir a la instancia internacional mencionada después de que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz “denegó” el Amparo Constitucional que interpuso para que la justicia resguarde sus derechos. Denunció que el Tribunal demoró 60 días e dar respuesta a su pedido.
La exdiputada anunció que la resolución del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz será remitida al Tribunal Constitucional para su “revisión”. “Nos han notificado que deniegan el Amparo Constitucional”, reprochó Delgado.
“Creemos que va a transcurrir un tiempo largo, pero este derecho va a tener que ser protegido, ya no como un tema electoral, sino como una responsabilidad del Estado boliviano, para pagar y resarcir daños y perjuicios, que nunca más haya manipulación política como en este caso”, afirmó la ex asambleísta.
Delgado fue inhabilitada como candidata a la Alcaldía de Cochabamba debido a que el Tribunal Supremo Electoral emitió la circular 071, que exigía a los asambleístas salientes tener “residencia permanente” en la localidad que deseaban postular.
Como habían trabajado como parlamentarios en La Paz, no pudieron habilitarse en sus regiones, una decisión irregular que no se había aplicado en el pasado. Además, la medida fue restringida solo para los asambleístas que postulaban a los gobiernos municipales, pero no para gobernaciones o asambleas departamentales.
La circular fue califica de ilegal por los afectados y por sectores políticos. No obstante, la disposición se puso en vigencia.
