Brasil. Escándalo de Petrobras penetra en terreno político
Brasil, PLLa red de corrupción en Petrobras que envuelve a exdirectivos de esa empresa y ejecutivos de entidades privadas se amplió hoy en el campo político, con el pedido de la fiscalía de indagar a diputados y dirigentes de partidos.
El procurador general de la República, Rodrigo Janot, solicitó anoche al Supremo Tribunal Federal (STF) investigar a 54 políticos con fueros por presunta implicación en un esquema de desvío de dinero y contratos inflados con la petrolera estatal.
Los pedidos de pesquisas fueron entregados al magistrado del STF Teori Zavascki, a cargo de este caso, denominado Operación Lava Jato, quien deberá dar el visto bueno a las pesquisas y otorgar el permiso para divulgar los nombres de los involucrados.
Quedó ahora en manos del Supremo Tribunal la decisión de difundir quienes son los políticos envueltos en estos ilícitos.
Aunque se desconocen los integrantes de esa lista, trascendió que son parlamentarios, dirigentes de partidos aliados del Gobierno y de la oposición, así como un gobernador.
Declaraciones realizadas a la justicia federal por el exdirectivo de Petrobras Paulo Roberto Costa y divulgadas por rotativos nacionales revelan que los líderes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aparecen como presuntos beneficiados de las propinas repartidas de contratos inflados.
Tanto Calheiros como Cunha, ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, negaron cualquier vinculación con este escándalo.
Las investigaciones de la justicia, iniciadas en marzo último, denotan la existencia de una red de corrupción desde hace más de una década, en la cual constructoras nacionales y extranjeras se repartían los contratos con la petrolera nacional, alteraban los presupuestos y se repartían los fondos obtenidos de manera irregular.
Según el esquema montado, esas entidades y sus ejecutivos conspiraron con empleados de la compañía estatal para defraudar a la principal y mayor compañía de Brasil. Se estima que las pérdidas por estos ilícitos suman 10 mil millones de dólares.
Hasta la fecha, la Policía mantiene en prisión a un grupo de empresarios que se presume participaron en estos ilícitos con Petrobras y liberó a otros que acordaron colaborar a cambio de penas menores de prisión.
Con la entrega de los nombres de políticos al STF, las pesquisas sobre este escándalo entran en una nueva etapa que podría afectar la imagen de partidos y de órganos del poder federal.
