#YaSéQueNoAplauden: la frase de resignación de Enrique Peña Nieto que se hizo viral



lanacion.com
México
La realidad no alcanzó sus expectativas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto , parecía esperar ayer una respuesta más cálida tras anunciar varias iniciativas anticorrupción. Pero cuando los periodistas quedaron impasibles luego del discurso, resignado, le dijo a un colaborador: "Ya sé que no aplauden".


Peña Nieto está en el ojo de la tormenta tras una serie de escándalos relacionados con la compra de casas a empresas contratistas del Gobierno, que lo involucran tanto a él como a su esposa, la ex actriz Angélica Rivera, y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

La frase presidencial, pronunciada mientras se alejaba del podio para dar la palabra a otro colaborador, se escuchó a través de los micrófonos y poco más tarde alcanzó el tope de los "trending topics" (tendencias) de Twitter en el país en forma del hashtag: #YaSéQueNoAplauden.

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No es la primera vez que un funcionario del Gobierno actual se ve en problemas por una frase lanzada al aire y captada por el público.

El año pasado, hacia el final de una prolongada conferencia de prensa sobre el secuestro y asesinato de 43 estudiantes, el fiscal general, Jesús Murillo, dejó escapar un "Ya me cansé" que fue tomado por críticos como bandera contra el manejo del caso por parte del Gobierno.

Los casos de corrupción, así como su respuesta al caso de los estudiantes, han vapuleado la popularidad de Peña Nieto, del tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien recibió alabanzas en su primer año de mandato tras lograr la aprobación de una serie de reformas económicas.

Pidió una investigación

Entre las medidas anunciadas ayer, Peña Nieto pidió investigar si él, Angélica Rivera o Luis Videgaray incurrieron en conflicto de interés al comprar inmuebles a contratistas del Gobierno.

El mandatario mexicano nombró a Virgilio Andrade como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), al presentar las acciones que pretenden garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de funcionarios públicos.

La instrucción a la SFP, donde Julián Olivas fungía como encargado despacho, es que "investigue y resuelva si hubo conflicto o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compra ventas de inmuebles" con los tres, indicó.

Peña Nieto también solicitó a Andrade "reunir a un panel de expertos con reconocido prestigio en materia de transparencia para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que habrá de llevar a cabo".

Las críticas desatadas el año pasado por el escándalo del inmueble llevaron a Rivera, actriz de profesión, a anunciar la venta de la propiedad y a Peña Nieto a hacer pública su declaración patrimonial completa.

La polémica se avivó cuando un diario estadounidense divulgó que Videgaray también había adquirido una vivienda al grupo Higa, que participó con la firma Teya en la primera licitación para la construcción de un tren de alta velocidad que conectaría la capital y la ciudad de Querétaro.

Dicha firma era socia local del consorcio China Railway Construction Company (CRCC), que ganó el concurso para la construcción del tren, pero después fue revocado por las dudas que surgieron en torno a una licitación que contó con un solo participante.

En enero, otro medio estadounidense reveló que Peña Nieto compró en 2005, semanas después de haber asumido como gobernador del Estado de México, una casa por 372.000 dólares al empresario Roberto San Román, quien después obtuvo contratos millonarios para realizar obras públicas.

En los tres casos, el Gobierno ha asegurado que no hay conflicto de interés dado que Peña Nieto, Rivera y Videgaray no participan en procesos de asignación de contratos.

"Soy consciente de que estos señalamientos dieron la apariencia de algo indebido que de verdad no ocurrió", admitió ayer el mandatario mexicano.

Otras medidas de transparencia

Las ocho medidas anunciadas por Peña Nieto para combatir al corrupción incluyen la firma de un convenio de cooperación técnica con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la creación de una unidad especializada de ética y prevención de conflictos de interés.

Asimismo, a partir de mayo los servidores públicos federales deberán presentar una declaración de posibles conflictos de interés y se detallará la lista pública de proveedores sancionados por el Gobierno.

Además, habrá protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones y se acelerará la operación de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites y Servicios del Gobierno.

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