La ONU alerta de la impunidad de las desapariciones forzadas en México
Naciones Unidas concluye que la desaparición de miles de personas durante la guerra contra el narco se extiende “por gran parte del territorio”
Jan Martínez Ahrens
México, El País
México tiene aún demasiadas tumbas abiertas. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio este viernes un sonoro vapuleo al Estado mexicano por su incapacidad para cerrar uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente: la desaparición de miles de personas durante la guerra contra el narco. Lejos de considerarlo un fenómeno aislado y ya superado, Naciones Unidas alertó de que este tumor aún se extiende “por gran parte del territorio” y que representa para las autoridades un “serio desafío en materia de prevención, investigación y sanción”. Como ejemplo de esta lacra, la ONU destacó la reciente tragedia de los 43 normalistas secuestrados en Iguala por la policía municipal y, según la versión oficial, asesinados por sicarios del narco. El Gobierno mexicano acogió a regañadientes las conclusiones de la ONU. “Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”, señalaron en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.
El análisis del comité es fruto de una minuciosa revisión en la que se ha dado audiencia al Estado mexicano y a representantes de la sociedad civil. Aunque en las conclusiones se reconocen tanto los avances logrados en materia legislativa como el diálogo constructivo mantenido con los representantes gubernamentales, el grueso del documento se centra en las graves carencias en la lucha contra este terrible crimen. El aguafuerte trazado por Naciones Unidas no deja títere con cabeza: no solo fallan las investigaciones, sino que la resolución de las mismas queda la mayoría de las veces en blanco. “El comité se muestra preocupado por la impunidad respecto a los numerosos casos denunciados por desaparición forzada y que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”, denuncia el informe.
Parte de este fracaso procede de la imposibilidad de cerrar un cálculo fiable. Las cifras oficiales, como apunta la ONU, carecen de depuración. El Ejecutivo ha contabilizado 23.000 desaparecidos hasta la fecha. Pero nadie ha puesto orden en ese agujero negro. Ni hay un registro eficaz ni una normativa general sobre esta materia. Y el constante descubrimiento de fosas arroja cada día nuevos interrogantes.
Aunque seis estados acumulan el 30% de la casuística, el problema se extiende por casi todo el país, y la mayoría de las veces no se sabe a ciencia cierta si se debe a la mano oscura del narco, algún cuerpo policial, los militares o su combinación. Los intentos para aclarar este punto no han pasado de aproximaciones, sostenidas por bases de datos escasas. Por ejemplo, la organización no gubernamental Human Right Watch, en un estudio realizado en 2013 sobre 249 desapariciones, concluyó que en un 60% de los supuestos habían concurrido las fuerzas de seguridad y, por lo tanto, podían ser definidas como forzadas.
En términos numéricos, el grueso de los casos procede, por acumulación, de la era del panista Felipe Calderón (2006-2012), el presidente que declaró la guerra al narco y sacó las tropas a la calle. Decenas de miles de soldados llevan desde entonces librando un sangriento combate contra el crimen organizado. El uso de la maquinaria bélica, pese a la vitoreada caída de los grandes capos, ha traído frutos amargos. El ataque frontal a las estructuras del narcotráfico ha propiciado la atomización del crimen organizado. Los carteles se han multiplicado y se desangran en desquiciadas luchas territoriales. Hay Estados donde combaten entre sí una decena de grupos, con sus respectivas y cambiantes cohortes de sicarios. En este escenario convulso, ocho años después de iniciada la guerra, las desapariciones siguen siendo una constante, como demuestra la tragedia de Iguala. Pero el mal no se agota en esta pesadilla.
El comité recuerda la “dramática situación” que sufren colectivos como los migrantes, que fluyen por decenas de miles hacia Eldorado estadounidense. Su extrema vulnerabilidad les convierte en una presa fácil. Sin documentos ni apoyos legales, su desaparición, como recuerdan las innumerables fosas que jalonan sus rutas, se convierte en un borrón que nadie se encarga de resolver.
Otro grupo en situación de alto riesgo lo configuran las mujeres y los niños. “El comité desea enfatizar la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y de los niños; las primeras son particularmente vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género, y los niños lo son a múltiples violaciones, incluida la sustitución de su identidad”, denuncia el informe.
El cuadro trazado por la ONU pone la pelota en el tejado del Gobierno mexicano. Las principales peticiones lanzadas por el comité, entre ellas la creación del registro único y la ley general de desapariciones, ya han sido asumidas por el presidente mexicano en su segunda agenda de reformas. Y la disposición del Ejecutivo, según fuentes gubernamentales, es llevar adelante la mayoría de las recomendaciones. Los expertos, sin embargo, alertan de que el objetivo queda lejos y que México tendrá aún que convivir durante años con ese mundo espectral que forman los desaparecidos.
Las cifras del horror
El Gobierno mexicano ha contabilizado 23.701 desapariciones, pero los datos no están depurados.
Seis Estados (Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco y Sonora) acumulan el 30% de los casos.
Solo dos Estados han tipificado el delito de desaparición forzada (aquella en la que intervienen fuerzas de seguridad)
No hay una ley general de desapariciones forzadas y de un registro único centralizado, aunque se ha prometido crearlos.
La ONU considera el ‘caso Iguala’ como una desaparición forzada por la policía municipal.
México, El País
México tiene aún demasiadas tumbas abiertas. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dio este viernes un sonoro vapuleo al Estado mexicano por su incapacidad para cerrar uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente: la desaparición de miles de personas durante la guerra contra el narco. Lejos de considerarlo un fenómeno aislado y ya superado, Naciones Unidas alertó de que este tumor aún se extiende “por gran parte del territorio” y que representa para las autoridades un “serio desafío en materia de prevención, investigación y sanción”. Como ejemplo de esta lacra, la ONU destacó la reciente tragedia de los 43 normalistas secuestrados en Iguala por la policía municipal y, según la versión oficial, asesinados por sicarios del narco. El Gobierno mexicano acogió a regañadientes las conclusiones de la ONU. “Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”, señalaron en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.
El análisis del comité es fruto de una minuciosa revisión en la que se ha dado audiencia al Estado mexicano y a representantes de la sociedad civil. Aunque en las conclusiones se reconocen tanto los avances logrados en materia legislativa como el diálogo constructivo mantenido con los representantes gubernamentales, el grueso del documento se centra en las graves carencias en la lucha contra este terrible crimen. El aguafuerte trazado por Naciones Unidas no deja títere con cabeza: no solo fallan las investigaciones, sino que la resolución de las mismas queda la mayoría de las veces en blanco. “El comité se muestra preocupado por la impunidad respecto a los numerosos casos denunciados por desaparición forzada y que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”, denuncia el informe.
Parte de este fracaso procede de la imposibilidad de cerrar un cálculo fiable. Las cifras oficiales, como apunta la ONU, carecen de depuración. El Ejecutivo ha contabilizado 23.000 desaparecidos hasta la fecha. Pero nadie ha puesto orden en ese agujero negro. Ni hay un registro eficaz ni una normativa general sobre esta materia. Y el constante descubrimiento de fosas arroja cada día nuevos interrogantes.
Aunque seis estados acumulan el 30% de la casuística, el problema se extiende por casi todo el país, y la mayoría de las veces no se sabe a ciencia cierta si se debe a la mano oscura del narco, algún cuerpo policial, los militares o su combinación. Los intentos para aclarar este punto no han pasado de aproximaciones, sostenidas por bases de datos escasas. Por ejemplo, la organización no gubernamental Human Right Watch, en un estudio realizado en 2013 sobre 249 desapariciones, concluyó que en un 60% de los supuestos habían concurrido las fuerzas de seguridad y, por lo tanto, podían ser definidas como forzadas.
En términos numéricos, el grueso de los casos procede, por acumulación, de la era del panista Felipe Calderón (2006-2012), el presidente que declaró la guerra al narco y sacó las tropas a la calle. Decenas de miles de soldados llevan desde entonces librando un sangriento combate contra el crimen organizado. El uso de la maquinaria bélica, pese a la vitoreada caída de los grandes capos, ha traído frutos amargos. El ataque frontal a las estructuras del narcotráfico ha propiciado la atomización del crimen organizado. Los carteles se han multiplicado y se desangran en desquiciadas luchas territoriales. Hay Estados donde combaten entre sí una decena de grupos, con sus respectivas y cambiantes cohortes de sicarios. En este escenario convulso, ocho años después de iniciada la guerra, las desapariciones siguen siendo una constante, como demuestra la tragedia de Iguala. Pero el mal no se agota en esta pesadilla.
El comité recuerda la “dramática situación” que sufren colectivos como los migrantes, que fluyen por decenas de miles hacia Eldorado estadounidense. Su extrema vulnerabilidad les convierte en una presa fácil. Sin documentos ni apoyos legales, su desaparición, como recuerdan las innumerables fosas que jalonan sus rutas, se convierte en un borrón que nadie se encarga de resolver.
Otro grupo en situación de alto riesgo lo configuran las mujeres y los niños. “El comité desea enfatizar la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan a los derechos humanos de las mujeres y de los niños; las primeras son particularmente vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género, y los niños lo son a múltiples violaciones, incluida la sustitución de su identidad”, denuncia el informe.
El cuadro trazado por la ONU pone la pelota en el tejado del Gobierno mexicano. Las principales peticiones lanzadas por el comité, entre ellas la creación del registro único y la ley general de desapariciones, ya han sido asumidas por el presidente mexicano en su segunda agenda de reformas. Y la disposición del Ejecutivo, según fuentes gubernamentales, es llevar adelante la mayoría de las recomendaciones. Los expertos, sin embargo, alertan de que el objetivo queda lejos y que México tendrá aún que convivir durante años con ese mundo espectral que forman los desaparecidos.
Las cifras del horror
El Gobierno mexicano ha contabilizado 23.701 desapariciones, pero los datos no están depurados.
Seis Estados (Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco y Sonora) acumulan el 30% de los casos.
Solo dos Estados han tipificado el delito de desaparición forzada (aquella en la que intervienen fuerzas de seguridad)
No hay una ley general de desapariciones forzadas y de un registro único centralizado, aunque se ha prometido crearlos.
La ONU considera el ‘caso Iguala’ como una desaparición forzada por la policía municipal.
