Denuncian que reos bolivianos deben pagar los gastos de jueces que les juzgan
La Paz, EFE
Los reclusos del área rural del departamento boliviano de Chuquisaca (sureste) se ven obligados a pagar los gastos de transporte y alimentación de los jueces que asisten a sus audiencias, denunció hoy la Defensoría del Pueblo de esa región.
"En la celebración de las audiencias en las cárceles de las provincias, los gastos de transporte, incluso de alimentación, de las autoridades del Órgano Judicial corren por cuenta de las personas privadas de libertad", aseguró la representante de la Defensoría en Chuquisaca, Juana Maturano, a radio La Plata.
La funcionaria cuestionó que los reclusos tengan que cubrir los gastos de los empleados del Estado y que el Órgano Judicial no pueda planificar la logística para ese trabajo.
Asimismo, dijo que en las provincias las cárceles son precarias, no ofrecen atención en salud, ni terapias ocupacionales para la rehabilitación de los reclusos, como exige la normativa sobre régimen penitenciario.
Junto con estos problemas, las cárceles en Bolivia presentan un grave hacinamiento debido a la lentitud en la administración de la justicia, una situación que ha provocado enfrentamientos y motines, en algunos casos con muertos.
El Gobierno que preside Evo Morales aprobó en los últimos años varios programas de indulto para reclusos nacionales y extranjeros, pero estas medidas no lograron mejorar la situación en las cárceles.
Además, el propio Ejecutivo reconoció que la Justicia boliviana atraviesa una grave crisis, caracterizada entre otros aspectos por la tardanza en los procesos y la corrupción.
Los reclusos del área rural del departamento boliviano de Chuquisaca (sureste) se ven obligados a pagar los gastos de transporte y alimentación de los jueces que asisten a sus audiencias, denunció hoy la Defensoría del Pueblo de esa región.
"En la celebración de las audiencias en las cárceles de las provincias, los gastos de transporte, incluso de alimentación, de las autoridades del Órgano Judicial corren por cuenta de las personas privadas de libertad", aseguró la representante de la Defensoría en Chuquisaca, Juana Maturano, a radio La Plata.
La funcionaria cuestionó que los reclusos tengan que cubrir los gastos de los empleados del Estado y que el Órgano Judicial no pueda planificar la logística para ese trabajo.
Asimismo, dijo que en las provincias las cárceles son precarias, no ofrecen atención en salud, ni terapias ocupacionales para la rehabilitación de los reclusos, como exige la normativa sobre régimen penitenciario.
Junto con estos problemas, las cárceles en Bolivia presentan un grave hacinamiento debido a la lentitud en la administración de la justicia, una situación que ha provocado enfrentamientos y motines, en algunos casos con muertos.
El Gobierno que preside Evo Morales aprobó en los últimos años varios programas de indulto para reclusos nacionales y extranjeros, pero estas medidas no lograron mejorar la situación en las cárceles.
Además, el propio Ejecutivo reconoció que la Justicia boliviana atraviesa una grave crisis, caracterizada entre otros aspectos por la tardanza en los procesos y la corrupción.
