Cataluña fuerza la máquina para construir un futuro Estado independiente
Barcelona,AFP
Esperanzado en que el independentismo se imponga en las elecciones de septiembre, el gobierno regional de Cataluña fuerza la máquina para construir una estructura administrativa que le permita asumir las competencias de un Estado ante una eventual secesión de España.
Impedido de hacer un referéndum por la cerrada oposición del gobierno español, el presidente catalán Artur Mas busca jugarse el futuro de la región en las elecciones del 27 de septiembre que quiere usar como un plebiscito para iniciar la secesión de España y constituirse en un nuevo Estado.
Después de la votación del 9 de noviembre, en la que casi 1,9 millones de personas apostaron por la independencia pese al veto de Madrid, el líder catalán prepara ahora un embrión de Estado para llegar a asumir la recaudación de impuestos, la seguridad social o la diplomacia exterior.
La autonomía fiscal es una de las ambiciones históricas del nacionalismo catalán, que denuncia un déficit de 15.000 millones de euros –8.000 según Madrid– entre lo que aporta y lo que recibe de las arcas del Estado.
Desde hace dos años, un antiguo inspector de la Hacienda española diseña el futuro sistema fiscal catalán. Actualmente, la región, con 7,5 millones de habitantes y una quinta parte del PIB español, solo recauda un 5% de los tributos.
Pero ahora pretenden “intensificar el trabajo de preparación” realizado hasta el momento para “cuando llegue la situación de gestionar una gran cantidad de impuestos, esto se pueda empezar a hacer”, explica a la AFP el director de este programa, Joan Iglesias.
Una Cataluña viable
Según él, se podrían llegar a recaudar 100.000 millones de euros cuando los necesarios para el funcionamiento de un hipotético Estado catalán son 65.000.
“Todo el mundo sabe que Cataluña sería viable económicamente”, asegura, desestimando las críticas de aquellos que aseguran que ya no podrá financiarse en los mercados internacionales. “Es el territorio económicamente más productivo y la principal base fiscal de España”, dice.
Pero para llegar a ese punto se deben crear órganos como un banco central, mejorar los sistemas informáticos y dotarse de muchísimo más personal.
“El trabajo se está haciendo demasiado lento, necesitamos mayor agilidad y llegar a las elecciones de septiembre mucho más avanzados”, estimó el diputado Lluís Salvador, del partido independentista ERC, segunda fuerza regional.
Por ello, Mas nombró el 17 de febrero una comisión para supervisar la creación de estas infraestructuras y encargó elaborar un plan para garantizar, en caso de secesión, el funcionamiento de las instalaciones energéticas, de telecomunicaciones y transportes que hoy son titularidad del Estado español.
Además, en los presupuestos del año 2015, que deben aprobarse próximamente en el Parlamento regional, la dotación de la hacienda propia pasará de 35 a 54,4 millones de euros y se aumentará en un 50% su personal.
Batalla jurídica
La legalidad de estas propuestas, sin embargo, se pone en duda incluso desde la propia administración catalana. El jueves, un órgano consultivo del gobierno regional dictaminó que no tenía competencias para desarrollar algunas de estas medidas, dando así la razón a los argumentos del Partido Popular, que gobierna en España con mayoría absoluta.
“Consideramos absolutamente fuera de lugar que se esté promoviendo la creación de un Estado paralelo”, critica a la AFP el diputado en el parlamento regional José Antonio Coto, advirtiendo que el gobierno español “tomará las medidas oportunas para evitar que se dilapide el dinero” en estas iniciativas.
Otra de estas medidas podría ser recurrir la apertura de dos oficinas diplomáticas en Austria e Italia, otra de las grandes apuestas del gobierno regional para este año.
El gobierno catalán dispone de ‘siete embajadas’ pero “hay un plan a largo plazo de ir abriendo más e ir desplegando una estructura de exteriores de un país normal”, dijo a la AFP el secretario de asuntos exteriores de Cataluña, Roger Albinyana.
El objetivo es conseguir apoyos a la causa catalana que, hasta el momento, se ha topado con la oposición o la indiferencia de la comunidad internacional que lo entendían como un problema interno de España.
“Si no te reconocen desde fuera no puedes ser un Estado independiente pero como estamos en una fase diferente del proceso, esperamos una reacción diferente”, explicó Albinyana.
“El 27 de septiembre los catalanes pueden decir que quieren constituirse en un Estado independiente. Eso ya no es un problema interno, por lo que el conflicto se internacionaliza”, añadió.
Esperanzado en que el independentismo se imponga en las elecciones de septiembre, el gobierno regional de Cataluña fuerza la máquina para construir una estructura administrativa que le permita asumir las competencias de un Estado ante una eventual secesión de España.
Impedido de hacer un referéndum por la cerrada oposición del gobierno español, el presidente catalán Artur Mas busca jugarse el futuro de la región en las elecciones del 27 de septiembre que quiere usar como un plebiscito para iniciar la secesión de España y constituirse en un nuevo Estado.
Después de la votación del 9 de noviembre, en la que casi 1,9 millones de personas apostaron por la independencia pese al veto de Madrid, el líder catalán prepara ahora un embrión de Estado para llegar a asumir la recaudación de impuestos, la seguridad social o la diplomacia exterior.
La autonomía fiscal es una de las ambiciones históricas del nacionalismo catalán, que denuncia un déficit de 15.000 millones de euros –8.000 según Madrid– entre lo que aporta y lo que recibe de las arcas del Estado.
Desde hace dos años, un antiguo inspector de la Hacienda española diseña el futuro sistema fiscal catalán. Actualmente, la región, con 7,5 millones de habitantes y una quinta parte del PIB español, solo recauda un 5% de los tributos.
Pero ahora pretenden “intensificar el trabajo de preparación” realizado hasta el momento para “cuando llegue la situación de gestionar una gran cantidad de impuestos, esto se pueda empezar a hacer”, explica a la AFP el director de este programa, Joan Iglesias.
Una Cataluña viable
Según él, se podrían llegar a recaudar 100.000 millones de euros cuando los necesarios para el funcionamiento de un hipotético Estado catalán son 65.000.
“Todo el mundo sabe que Cataluña sería viable económicamente”, asegura, desestimando las críticas de aquellos que aseguran que ya no podrá financiarse en los mercados internacionales. “Es el territorio económicamente más productivo y la principal base fiscal de España”, dice.
Pero para llegar a ese punto se deben crear órganos como un banco central, mejorar los sistemas informáticos y dotarse de muchísimo más personal.
“El trabajo se está haciendo demasiado lento, necesitamos mayor agilidad y llegar a las elecciones de septiembre mucho más avanzados”, estimó el diputado Lluís Salvador, del partido independentista ERC, segunda fuerza regional.
Por ello, Mas nombró el 17 de febrero una comisión para supervisar la creación de estas infraestructuras y encargó elaborar un plan para garantizar, en caso de secesión, el funcionamiento de las instalaciones energéticas, de telecomunicaciones y transportes que hoy son titularidad del Estado español.
Además, en los presupuestos del año 2015, que deben aprobarse próximamente en el Parlamento regional, la dotación de la hacienda propia pasará de 35 a 54,4 millones de euros y se aumentará en un 50% su personal.
Batalla jurídica
La legalidad de estas propuestas, sin embargo, se pone en duda incluso desde la propia administración catalana. El jueves, un órgano consultivo del gobierno regional dictaminó que no tenía competencias para desarrollar algunas de estas medidas, dando así la razón a los argumentos del Partido Popular, que gobierna en España con mayoría absoluta.
“Consideramos absolutamente fuera de lugar que se esté promoviendo la creación de un Estado paralelo”, critica a la AFP el diputado en el parlamento regional José Antonio Coto, advirtiendo que el gobierno español “tomará las medidas oportunas para evitar que se dilapide el dinero” en estas iniciativas.
Otra de estas medidas podría ser recurrir la apertura de dos oficinas diplomáticas en Austria e Italia, otra de las grandes apuestas del gobierno regional para este año.
El gobierno catalán dispone de ‘siete embajadas’ pero “hay un plan a largo plazo de ir abriendo más e ir desplegando una estructura de exteriores de un país normal”, dijo a la AFP el secretario de asuntos exteriores de Cataluña, Roger Albinyana.
El objetivo es conseguir apoyos a la causa catalana que, hasta el momento, se ha topado con la oposición o la indiferencia de la comunidad internacional que lo entendían como un problema interno de España.
“Si no te reconocen desde fuera no puedes ser un Estado independiente pero como estamos en una fase diferente del proceso, esperamos una reacción diferente”, explicó Albinyana.
“El 27 de septiembre los catalanes pueden decir que quieren constituirse en un Estado independiente. Eso ya no es un problema interno, por lo que el conflicto se internacionaliza”, añadió.