La Comisión Europea propone una nueva prolongación del rescate griego
Bruselas busca soluciones para que la banca de Atenas pueda financiarse en el BCE
Claudi Pérez
Bruselas, El País
La saga griega continúa y promete emociones fuertes en las próximas semanas. Bruselas propondrá una nueva extensión del rescate griego una vez expire el actual programa de ayuda —a finales de febrero— para evitar una sacudida del sistema financiero helénico, según aseguró a este diario un alto cargo de la Comisión Europea. El Banco Central Europeo advirtió hace unos días que solo seguirá financiando a la banca griega si el nuevo Gobierno que surja de las elecciones cierra con éxito el rescate actual —con sus exigencias asociadas: más recortes—, se mantiene bajo la órbita del FMI y llega a un acuerdo rápido para activar una línea de crédito de precaución; un rescate suave, con condiciones menos duras. Con esa extensión, la Comisión gana tiempo, responde al ultimátum del BCE y trata de evitar un accidente en Grecia, inicio de la crisis del euro y parada obligatoria en cada una de sus réplicas.
El Eurobanco acepta hoy la deuda griega —a pesar de su baja nota crediticia— para que los bancos no tengan problemas de liquidez, pero ha avisado de que cerrará esa ventana de financiación si Atenas deja de estar bajo programa, con la excusa de evitar mayores riesgos. La respuesta de Bruselas es esa prórroga técnica, de al menos dos meses más. Con ella extiende un puente más allá de las elecciones, la formación de Gobierno y el final del programa actual —que expira el 28 de febrero, tras una primera extensión acordada en diciembre— a la vista de que apenas queda tiempo.
El liderazgo de Syriza en las encuestas complica la jugada: la izquierda de Alexis Tsipras reclama renegociar las condiciones de la ayuda y un alivio para la deuda griega, por lo que lo más probable es una farragosa negociación: hay países que difícilmente van a aceptar de buen grado las propuestas de Atenas. Con su advertencia, el BCE limita el margen de maniobra de Tsipras, pero impone la misma presión sobre la UE, obligada a cerrar un acuerdo rápido con Grecia si quiere evitar un accidente financiero con un gran potencial de contagio.
“La Comisión ya propuso en diciembre una extensión de seis meses. Pero el Gobierno [del conservador Antonis Samarás] no la quiso para tratar de jugar esa baza en las futuras elecciones. Los acontecimientos se han precipitado y es imprescindible una nueva extensión”, según una alta fuente europea.
Nada es sencillo por la conjunción de factores económicos, financieros y electorales, y no solo en Grecia. Fuentes del Eurogrupo confirman que una nueva prórroga permite ganar tiempo “para cerrar la quinta revisión del rescate y negociar la línea preventiva con el Gobierno que salga”. Pero ni siquiera así se salvan todos los escollos: varios países deben debatir esa prórroga en sus Parlamentos; el principal obstáculo es Finlandia, con elecciones en marzo y cuyos partidos se muestran poco inclinados a dar árnica a Grecia mientras Atenas no cumpla las condiciones impuestas.
Y Atenas no termina de cumplir. Las discrepancias son mayúsculas con la troika sobre la forma de salvar el agujero fiscal de 2015, de unos 3.000 millones. El actual Gobierno (Nueva Democracia y Pasok) se resiste a aprobar más ajustes, y en particular una nueva rebaja de las pensiones, por los costes sociales y electorales asociados. Syriza se opone radicalmente a esa y otras medidas exigidas por la troika, como un alza del IVA de los medicamentos. A cambio, el Gobierno actual propone un paquete alternativo, con una subida del IVA turístico del 6,5% al 13%; la congelación de pensiones hasta 2017, y el aumento de los impuestos sobre alcohol y tabaco.
El superávit primario (sin contar intereses) le da algo de aire y capacidad de negociación, pero el margen de Grecia es muy reducido. Hay que satisfacer las demandas de la troika para cobrar los últimos tramos del rescate. Hay que negociar una nueva ayuda con Europa. Y todo eso en medio de una fatiga social creciente, en un país que ha perdido un cuarto de su riqueza, cuya deuda pública se acerca al 200% del PIB, que sigue con datos de paro estratosféricos y que, a todo esto, presenta aún una recuperación muy frágil y todo tipo de promesas electorales difíciles de cumplir.
El BCE, pendiente de los tribunales
Ignacio Fariza
La mezcla es tan antinatura como potencialmente explosiva: política monetaria y tribunales de justicia. El máximo órgano judicial de la Unión Europea, el TJUE, decidirá este miércoles si la intervención ilimitada del Banco Central Europeo (BCE) en los mercados de deuda soberana se ajusta a los Tratados de la Unión. El BCE anunció el uso de este instrumento, que recibe el nombre de OMT por sus siglas en inglés, en el verano de 2012 bajo la justificación de que era necesario para garantizar la estabilidad del euro.
El caso se remonta a finales de ese año, cuando las dudas del Bundesbank alemán —eternamente preocupado por el cumplimiento de la ortodoxia monetaria— sobre el encaje legal del programa acabaron en el Constitucional. Los jueces de Karlsruhe se inhibieron y pasaron la pelota al tejado del TJUE, que deberá pronunciarse dos años y medio después.
En Bruselas se teme que la decisión tenga efectos más allá de las OMT y se convierta en un lastre para la ansiada flexibilización cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés), un instrumento que el banco emisor parece ahora dispuesto a adoptar con años de retraso respecto a sus pares japonés y estadounidense. “Una decisión negativa sería un enorme problema para activar las compras de bonos”, concluye una alta fuente comunitaria.
Bruselas, El País
La saga griega continúa y promete emociones fuertes en las próximas semanas. Bruselas propondrá una nueva extensión del rescate griego una vez expire el actual programa de ayuda —a finales de febrero— para evitar una sacudida del sistema financiero helénico, según aseguró a este diario un alto cargo de la Comisión Europea. El Banco Central Europeo advirtió hace unos días que solo seguirá financiando a la banca griega si el nuevo Gobierno que surja de las elecciones cierra con éxito el rescate actual —con sus exigencias asociadas: más recortes—, se mantiene bajo la órbita del FMI y llega a un acuerdo rápido para activar una línea de crédito de precaución; un rescate suave, con condiciones menos duras. Con esa extensión, la Comisión gana tiempo, responde al ultimátum del BCE y trata de evitar un accidente en Grecia, inicio de la crisis del euro y parada obligatoria en cada una de sus réplicas.
El Eurobanco acepta hoy la deuda griega —a pesar de su baja nota crediticia— para que los bancos no tengan problemas de liquidez, pero ha avisado de que cerrará esa ventana de financiación si Atenas deja de estar bajo programa, con la excusa de evitar mayores riesgos. La respuesta de Bruselas es esa prórroga técnica, de al menos dos meses más. Con ella extiende un puente más allá de las elecciones, la formación de Gobierno y el final del programa actual —que expira el 28 de febrero, tras una primera extensión acordada en diciembre— a la vista de que apenas queda tiempo.
El liderazgo de Syriza en las encuestas complica la jugada: la izquierda de Alexis Tsipras reclama renegociar las condiciones de la ayuda y un alivio para la deuda griega, por lo que lo más probable es una farragosa negociación: hay países que difícilmente van a aceptar de buen grado las propuestas de Atenas. Con su advertencia, el BCE limita el margen de maniobra de Tsipras, pero impone la misma presión sobre la UE, obligada a cerrar un acuerdo rápido con Grecia si quiere evitar un accidente financiero con un gran potencial de contagio.
“La Comisión ya propuso en diciembre una extensión de seis meses. Pero el Gobierno [del conservador Antonis Samarás] no la quiso para tratar de jugar esa baza en las futuras elecciones. Los acontecimientos se han precipitado y es imprescindible una nueva extensión”, según una alta fuente europea.
Nada es sencillo por la conjunción de factores económicos, financieros y electorales, y no solo en Grecia. Fuentes del Eurogrupo confirman que una nueva prórroga permite ganar tiempo “para cerrar la quinta revisión del rescate y negociar la línea preventiva con el Gobierno que salga”. Pero ni siquiera así se salvan todos los escollos: varios países deben debatir esa prórroga en sus Parlamentos; el principal obstáculo es Finlandia, con elecciones en marzo y cuyos partidos se muestran poco inclinados a dar árnica a Grecia mientras Atenas no cumpla las condiciones impuestas.
Y Atenas no termina de cumplir. Las discrepancias son mayúsculas con la troika sobre la forma de salvar el agujero fiscal de 2015, de unos 3.000 millones. El actual Gobierno (Nueva Democracia y Pasok) se resiste a aprobar más ajustes, y en particular una nueva rebaja de las pensiones, por los costes sociales y electorales asociados. Syriza se opone radicalmente a esa y otras medidas exigidas por la troika, como un alza del IVA de los medicamentos. A cambio, el Gobierno actual propone un paquete alternativo, con una subida del IVA turístico del 6,5% al 13%; la congelación de pensiones hasta 2017, y el aumento de los impuestos sobre alcohol y tabaco.
El superávit primario (sin contar intereses) le da algo de aire y capacidad de negociación, pero el margen de Grecia es muy reducido. Hay que satisfacer las demandas de la troika para cobrar los últimos tramos del rescate. Hay que negociar una nueva ayuda con Europa. Y todo eso en medio de una fatiga social creciente, en un país que ha perdido un cuarto de su riqueza, cuya deuda pública se acerca al 200% del PIB, que sigue con datos de paro estratosféricos y que, a todo esto, presenta aún una recuperación muy frágil y todo tipo de promesas electorales difíciles de cumplir.
El BCE, pendiente de los tribunales
Ignacio Fariza
La mezcla es tan antinatura como potencialmente explosiva: política monetaria y tribunales de justicia. El máximo órgano judicial de la Unión Europea, el TJUE, decidirá este miércoles si la intervención ilimitada del Banco Central Europeo (BCE) en los mercados de deuda soberana se ajusta a los Tratados de la Unión. El BCE anunció el uso de este instrumento, que recibe el nombre de OMT por sus siglas en inglés, en el verano de 2012 bajo la justificación de que era necesario para garantizar la estabilidad del euro.
El caso se remonta a finales de ese año, cuando las dudas del Bundesbank alemán —eternamente preocupado por el cumplimiento de la ortodoxia monetaria— sobre el encaje legal del programa acabaron en el Constitucional. Los jueces de Karlsruhe se inhibieron y pasaron la pelota al tejado del TJUE, que deberá pronunciarse dos años y medio después.
En Bruselas se teme que la decisión tenga efectos más allá de las OMT y se convierta en un lastre para la ansiada flexibilización cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés), un instrumento que el banco emisor parece ahora dispuesto a adoptar con años de retraso respecto a sus pares japonés y estadounidense. “Una decisión negativa sería un enorme problema para activar las compras de bonos”, concluye una alta fuente comunitaria.
