Goni, Doria Medina y otras 11 exautoridades son acusadas por privatización
El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Planeamiento, Samuel Doria Medina, además de otras 11 exautoridades de los años 90 fueron acusadas de firmar contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en perjuicio de intereses económicos y patrimonio del Estado, durante el periodo de la privatización de las empresas estatales.
Esta decisión corresponde a la primera proposición acusatoria aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional que hoy al culminar la gestión legislativa 2014-2015, dio lectura a la proposición.
"Uno diría por qué no hay más gente, simple, estas dos acusaciones tienen que ver con dos casos en los que se consiguió la totalidad de pruebas y por lo tanto, la próxima Asamblea, va a volver a conformar una nueva comisión especial para seguir enjuiciando a otros responsables de la privatización. Esto no acaba acá", enfatizó el vicepresidente, Álvaro García Linera que presidio el Legislativo.
Explicó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece que los delitos contra el Estado son imprescriptibles, por lo que "nunca acaban" y el artículo 123 dispone la retroactividad en procesos por corrupción.
García Linera recordó que para la venta de las empresas públicas, el Estado solicitó un préstamo de 444 millones de dólares, de organismos internacionales, de los cuales 147 millones fueron destinados para la privatización de empresas estatales y 297 para la capitalización de empresas estratégicas. Al final de ambos procesos, el Estado recuperó 90 millones de dólares.
Exautoridades acusadas
De acuerdo con el informe de la Comisión Mixta del Legislativo, la primera proposición acusatoria es por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Se trata de la entrega de recursos del Estado a la institución privada denominada Fundación para la Producción (Funda-Pro).
Samuel Doria Medina, ministro de Planeamiento y de Coordinación en la gestión de Jaime Paz Zamora (MIR). La Comisión afirma que el opositor suscribió el 8 de octubre de 1992 un contrato de préstamo de 21 millones de dólares a favor de Funda-Pro y que, además, firmó la otorgación de personería jurídica para esta institución, cuyo asociado era su colega ministro de Industria Luis Fernando Campero Prudencio.
Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de la República que homologó el contrato y se habría beneficiado de esos recursos a través de Prodem y Comsur. La primera era socia de un banco establecido por Funda-Pro.
Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes y Reynaldo Peters, ministros de Estado de la gestión de Sánchez de Lozada.
Arturo Beltrán Caballero, director de la Unidad de Coordinación de Proyectos (UCP-FOCAS) mediante la cual se habrían desviado los recursos a Fundapro.
Flavio Escobar Llanos, subsecretario de Desarrollo Económico y Secretario Técnico del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento, la cual emitió un dictamen favorable para la homologación del contrato firmado por Doria Medina.
Segunda proposición
La segunda proposición acusatoria es por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).
La Comisión Mixta observó irregularidades en la formación de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta (FCA SAM), luego capitalizada. Sus acciones fueron entradas con valor menor del real a la empresa Cruz Blanca de Chile.
Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente que firmó los decretos de formación de FCA-SAM y la entrega de sus acciones a favor de la empresa chilena Cruz Blanca, que se adjudicó las mismas a 66 millones de bolivianos, cuando su valor real era de 137 millones.
Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reynaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos Sanjinés, eran ministros que firmaron ambos decretos.
Fernando Candia Castillo fue ministro que firmó el decreto de la formación de FCA-SAM.
José Luis Landívar fue presidente ejecutivo de ENFE.
Rolando Suárez Montoya fue gerente general de estatal de ferrocarriles.
El vicepresidente García Linera explicó que por ahora se realizaron estas dos proposiciones porque la comisión pudo recabar "la totalidad de las pruebas” al respecto y advirtió que la próxima Asamblea seguirá investigando otros casos.
