Rojas admite que el juicio a los magistrados “es político”
La Paz, Página Siete
El presidente de la Cámara de Senadores (Tribunal de Sentencia), Eugenio Rojas (MAS), admitió ayer que el juicio contra los magistrados suspendidos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, Soraida Chánez y Ligia Velásquez, es un "juicio político especial”.
"Éste es un juicio político especial, tenemos que comprender en ese sentido, no es un juicio ordinario, no estamos juzgando por violación, por asesinato, sino que es por un hecho como autoridad, en este caso estamos juzgando, ésa es la diferencia, entonces tenemos que comprender que es un juicio político especial”, registró ANF.
Es "un juicio político apoyado en la Constitución Política del Estado y en las normas del Estado. Y las instancias del Senado y Diputados se convierten en instancias políticas, pero aplicando las normas y procedimientos”, explicó, y dijo que "no se debería interpretar mal” su declaración.
Los magistrados fueron suspendidos de sus funciones y serán juzgados por la mayoría oficialista, que negó constantemente que fuera un proceso político.
El inicio del juicio de responsabilidades contra los magistrados, previsto para ayer, se volvió a postergar para el 9 de
diciembre por la ausencia del magistrado Cusi, quien se encuentra hospitalizado en la clínica 6 de Agosto.
La suspensión se produjo en medio de cuestionamientos a las modificaciones de la Ley 044, de Juicio de Responsabilidades.
Los magistrados Cusi y Chánez manifestaron por separado que "no renunciarán” a sus cargos, como establece una de las modificaciones a la Ley 044. "La alta autoridad hasta antes de la emisión de la sentencia, podrá renunciar irrevocablemente a su cargo (...), debiendo la instancia correspondiente disponer el archivo de obrados, en cuanto al renunciante”, señala el texto.
"No voy a renunciar al cargo. Soy inocente, no cometí ningún delito”, declaró Chánez. "Renunciar sería admitir los delitos”, dijo Cusi, postrado en una cama de la clínica.
Mientras que Velásquez no quiso referirse al tema, en tanto la norma no sea promulgada.
Los senadores empezaron a realizar modificaciones a la Ley de Juicio de Responsabilidades después de los "reclamos de los juristas nacionales e internacionales”, reconoció Rojas.
Con las enmiendas, el Senado no dictará sentencia penal como establece la acusación contra los magistrados y se limitará a dar una sanción disciplinaria, como la destitución del cargo, y podrá remitir el caso a la Fiscalía para el juzgamiento de los magistrados en la justicia ordinaria.
No obstante, los acusados podrán o no acogerse a la norma modificada.
Los senadores continuarán el proceso con la acusación formal de la Cámara de Diputados, en la que acusa a las autoridades de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
"No es necesario modificar (la acusación), ni comenzar de cero, hay una acusación formal” con la que se seguirá, dijo Rojas.
