Renzi resiste sin hacer concesiones el desafío de los sindicatos italianos
El jefe de Gobierno italiano muestra ante Bruselas su voluntad de impulsar cambios
Roma, El País
La situación política de Italia es tan peculiar que la huelga general de este viernes benefició tanto a los convocantes —los dos principales sindicatos del país— como a Matteo Renzi. A los sindicatos, porque lograron demostrar que aún tienen capacidad para dejar los aviones en tierra, parar trenes y autobuses, vaciar factorías y escuelas y ocupar las calles de 54 ciudades coreando consignas contra la política laboral y económica del Gobierno. Y al primer ministro porque, a falta de unas reformas aún sin estrenar, ya dispone de una herida que mostrar ante Bruselas como prueba de su determinación de cambiar Italia aun a costa de enfrenarse a su teórico electorado.
El caso es que ni Matteo Renzi ni su ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, mostraron durante la víspera la menor inquietud por el resultado de la protesta, más bien al contrario. Renzi declaró desde Turquía que respetaba la opción de los dos sindicatos convocantes –CGIL y UIL—, pero que la reforma del mercado laboral, ya aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, seguirá adelante; anoche lo ratificó y aseguró que la huelga no le había asustado. Padoan fue más allá: “Los sindicatos perciben que la reforma cambiará verdaderamente el mercado del trabajo y temen perder sus privilegios”.
Se trataría de una auténtica declaración de guerra si no fuese porque la guerra ya estaba planteada desde el mismo momento en que Renzi se hizo con el control del Partido Democrático (PD) y del Gobierno. El joven líder considera a Susanna Camusso, la secretaria general de la CGIL, un exponente más de la vieja casta de una izquierda ensimismada, alejada de las preocupaciones reales de los trabajadores y por tanto condenada a la derrota continua. Camusso, por su parte, se unió a la vieja guardia del PD —Massimo D’Alema, Pier Luigi Bersani— para conformar la única oposición real al Gobierno de Renzi, quien ya no teme ni a Silvio Berlusconi —aletargado por la descomposición del centroderecha— ni a Beppe Grillo —empeñado en desperdiciar el gran respaldo electoral que obtuvo en las generales el Movimiento 5 Estrellas (M5S)—, sino a la traición de sus propios diputados y senadores.
Y, pese a todo, el primer ministro ha superado 32 mociones de confianza planteadas por él mismo para sacar adelante sus proyectos de ley. Y, como en el caso de la reforma laboral, cada moción de confianza se convierte en un verdadero cheque en blanco. La CGIL y UIL consideran que la Ley de Empleo (conocida en Italia como Jobs Act) es una regresión “a los años 20”, en palabras de Camusso, quien en especial ha plantado cara a la supresión del blindaje que para los trabajadores fijos suponía hasta ahora el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores.
De ahí que los datos de la huelga general fuesen considerados por el Gobierno como el último coletazo, casi desesperado, de unos sindicatos que tampoco se sustraen al descrédito de la vieja política. Donde más se notó el paro fue en el sector del transporte y en la Administración pública. Aunque bajo el epígrafe de huelga general, el objetivo no era paralizar el país durante un día entero, sino –en la mayoría de los casos— lograr interrumpir la actividad durante ocho horas. Y se logró en el caso de los ferrocarriles, que no funcionaron prácticamente desde las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde, las compañías aéreas —de las 10.00 a las 16.00 horas— o en el transporte público, que en el caso de Roma empezó a las nueve de la mañana —con las tres líneas del metro cerradas a cal y canto— y se recuperó a duras penas a partir de las cinco de la tarde. Donde los dos sindicatos lograron mayor seguimiento —un 60% según los datos de la CGIL— fue en la administración y el sector industrial.
La huelga fue además secundada por manifestaciones en 54 ciudades. En algunas del norte —Milán, Génova, Turín…— la tensión desembocó en enfrentamientos con la policía, algunas decenas de detenidos y varios heridos de poca importancia. Durante la manifestación de Turín, Susanna Camusso, advirtió al Gobierno: “La emergencia que tiene este país se llama trabajo. Hace falta crear políticas para que haya trabajo, pero no puede tratarse de un trabajo cualquiera, sin derechos ni profesionalidad. Si el mensaje de Renzi es que seguirá adelante pase lo que pase, que sepa que nosotros también sabemos tirar para adelante. No hace falta que nos amenace”.
Renzi dio la callada por respuesta. El Gobierno apenas se refirió a la huelga general, sino que —en un intento de demostrar que sigue cambiando el país— el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para endurecer las penas por el delito de corrupción a raíz de la infiltración mafiosa del Ayuntamiento de Roma.
Un paquete reformista sin precedentes
REUTERS, Roma
El primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha afrontado este viernes la primera huelga general contra su política económica, encaminada a cumplir con la exigencia de la Comisión Europea de reducir la deuda pública. Los cambios previstos abarcan desde el sistema de justicia hasta el electoral. Las críticas sindicales se centran en la reforma laboral, que facilita el despido. El Gobierno de Renzi ya ha aprobado las reformas de la justicia y del funcionariado. Y las que se refieren al mercado de trabajo, el Senado y la fiscalidad deben pasar por el Parlamento.
» Reforma laboral. El Gobierno podrá aprobar (sin necesidad de que pase por el Parlamento gracias a una disposición especial), una reforma laboral que planea facilitar a las grandes compañías el despido de trabajadores por motivos comerciales sin correr el riesgo de tener que volver a contratar a estos empleados si se estima que la empresa actuó de forma improcedente.
» Sistema electoral. Una nueva ley electoral con un sistema de doble vuelta, según el primer ministro, permitirá obtener unos resultados más claros y Gobiernos más estables.
» Senado. El Ejecutivo prevé reducir las competencias del Senado, cuyos miembros dejarán de ser elegidos por los votantes y serán designados por alcaldes y consejeros regionales. El número de senadores se reducirá de 315 a 100. La intención de Renzi es aprobar las medidas que afectan a la Cámara alta en 2015, pero hay oposición en el Parlamento.
» Impuestos. Reducción del impuesto empresarial IRAP a partir de 2015. Se elimina la parte de la recaudación que las compañías debían pagar en función del número de empleados. Esta medida está incluida en el presupuesto para 2015 que aún debe ser aprobado por el Parlamento.
» Justicia. Se eliminan unas 30 salas de audiencia en ciudades para concentrar los casos en centros de mayor tamaño. Se reducen las vacaciones de los magistrados de 45 a 30 días. En los casos civiles, se anima a las partes a buscar un acuerdo fuera del juzgado. Se nombrará un comisionado anticorrupción. Los matrimonios podrán separarse formalmente sin acudir al juzgado si no hay una pensión en litigio.
» Funcionarios. Se aumentan las posibilidades de nombrar funcionarios sin concurso previo. Se obligará a los funcionarios, excepto a las madres de niños pequeños, a aceptar un nuevo destino a menos de 50 kilómetros, si les es requerido.
La situación política de Italia es tan peculiar que la huelga general de este viernes benefició tanto a los convocantes —los dos principales sindicatos del país— como a Matteo Renzi. A los sindicatos, porque lograron demostrar que aún tienen capacidad para dejar los aviones en tierra, parar trenes y autobuses, vaciar factorías y escuelas y ocupar las calles de 54 ciudades coreando consignas contra la política laboral y económica del Gobierno. Y al primer ministro porque, a falta de unas reformas aún sin estrenar, ya dispone de una herida que mostrar ante Bruselas como prueba de su determinación de cambiar Italia aun a costa de enfrenarse a su teórico electorado.
El caso es que ni Matteo Renzi ni su ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, mostraron durante la víspera la menor inquietud por el resultado de la protesta, más bien al contrario. Renzi declaró desde Turquía que respetaba la opción de los dos sindicatos convocantes –CGIL y UIL—, pero que la reforma del mercado laboral, ya aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, seguirá adelante; anoche lo ratificó y aseguró que la huelga no le había asustado. Padoan fue más allá: “Los sindicatos perciben que la reforma cambiará verdaderamente el mercado del trabajo y temen perder sus privilegios”.
Se trataría de una auténtica declaración de guerra si no fuese porque la guerra ya estaba planteada desde el mismo momento en que Renzi se hizo con el control del Partido Democrático (PD) y del Gobierno. El joven líder considera a Susanna Camusso, la secretaria general de la CGIL, un exponente más de la vieja casta de una izquierda ensimismada, alejada de las preocupaciones reales de los trabajadores y por tanto condenada a la derrota continua. Camusso, por su parte, se unió a la vieja guardia del PD —Massimo D’Alema, Pier Luigi Bersani— para conformar la única oposición real al Gobierno de Renzi, quien ya no teme ni a Silvio Berlusconi —aletargado por la descomposición del centroderecha— ni a Beppe Grillo —empeñado en desperdiciar el gran respaldo electoral que obtuvo en las generales el Movimiento 5 Estrellas (M5S)—, sino a la traición de sus propios diputados y senadores.
Y, pese a todo, el primer ministro ha superado 32 mociones de confianza planteadas por él mismo para sacar adelante sus proyectos de ley. Y, como en el caso de la reforma laboral, cada moción de confianza se convierte en un verdadero cheque en blanco. La CGIL y UIL consideran que la Ley de Empleo (conocida en Italia como Jobs Act) es una regresión “a los años 20”, en palabras de Camusso, quien en especial ha plantado cara a la supresión del blindaje que para los trabajadores fijos suponía hasta ahora el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores.
De ahí que los datos de la huelga general fuesen considerados por el Gobierno como el último coletazo, casi desesperado, de unos sindicatos que tampoco se sustraen al descrédito de la vieja política. Donde más se notó el paro fue en el sector del transporte y en la Administración pública. Aunque bajo el epígrafe de huelga general, el objetivo no era paralizar el país durante un día entero, sino –en la mayoría de los casos— lograr interrumpir la actividad durante ocho horas. Y se logró en el caso de los ferrocarriles, que no funcionaron prácticamente desde las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde, las compañías aéreas —de las 10.00 a las 16.00 horas— o en el transporte público, que en el caso de Roma empezó a las nueve de la mañana —con las tres líneas del metro cerradas a cal y canto— y se recuperó a duras penas a partir de las cinco de la tarde. Donde los dos sindicatos lograron mayor seguimiento —un 60% según los datos de la CGIL— fue en la administración y el sector industrial.
La huelga fue además secundada por manifestaciones en 54 ciudades. En algunas del norte —Milán, Génova, Turín…— la tensión desembocó en enfrentamientos con la policía, algunas decenas de detenidos y varios heridos de poca importancia. Durante la manifestación de Turín, Susanna Camusso, advirtió al Gobierno: “La emergencia que tiene este país se llama trabajo. Hace falta crear políticas para que haya trabajo, pero no puede tratarse de un trabajo cualquiera, sin derechos ni profesionalidad. Si el mensaje de Renzi es que seguirá adelante pase lo que pase, que sepa que nosotros también sabemos tirar para adelante. No hace falta que nos amenace”.
Renzi dio la callada por respuesta. El Gobierno apenas se refirió a la huelga general, sino que —en un intento de demostrar que sigue cambiando el país— el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para endurecer las penas por el delito de corrupción a raíz de la infiltración mafiosa del Ayuntamiento de Roma.
Un paquete reformista sin precedentes
REUTERS, Roma
El primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha afrontado este viernes la primera huelga general contra su política económica, encaminada a cumplir con la exigencia de la Comisión Europea de reducir la deuda pública. Los cambios previstos abarcan desde el sistema de justicia hasta el electoral. Las críticas sindicales se centran en la reforma laboral, que facilita el despido. El Gobierno de Renzi ya ha aprobado las reformas de la justicia y del funcionariado. Y las que se refieren al mercado de trabajo, el Senado y la fiscalidad deben pasar por el Parlamento.
» Reforma laboral. El Gobierno podrá aprobar (sin necesidad de que pase por el Parlamento gracias a una disposición especial), una reforma laboral que planea facilitar a las grandes compañías el despido de trabajadores por motivos comerciales sin correr el riesgo de tener que volver a contratar a estos empleados si se estima que la empresa actuó de forma improcedente.
» Sistema electoral. Una nueva ley electoral con un sistema de doble vuelta, según el primer ministro, permitirá obtener unos resultados más claros y Gobiernos más estables.
» Senado. El Ejecutivo prevé reducir las competencias del Senado, cuyos miembros dejarán de ser elegidos por los votantes y serán designados por alcaldes y consejeros regionales. El número de senadores se reducirá de 315 a 100. La intención de Renzi es aprobar las medidas que afectan a la Cámara alta en 2015, pero hay oposición en el Parlamento.
» Impuestos. Reducción del impuesto empresarial IRAP a partir de 2015. Se elimina la parte de la recaudación que las compañías debían pagar en función del número de empleados. Esta medida está incluida en el presupuesto para 2015 que aún debe ser aprobado por el Parlamento.
» Justicia. Se eliminan unas 30 salas de audiencia en ciudades para concentrar los casos en centros de mayor tamaño. Se reducen las vacaciones de los magistrados de 45 a 30 días. En los casos civiles, se anima a las partes a buscar un acuerdo fuera del juzgado. Se nombrará un comisionado anticorrupción. Los matrimonios podrán separarse formalmente sin acudir al juzgado si no hay una pensión en litigio.
» Funcionarios. Se aumentan las posibilidades de nombrar funcionarios sin concurso previo. Se obligará a los funcionarios, excepto a las madres de niños pequeños, a aceptar un nuevo destino a menos de 50 kilómetros, si les es requerido.
