Los clubes echarán a quienes la Policía considere violentos
La cumbre celebrada ayer en el Consejo Superior de Deportes entre CSD, LFP y FEF, como medida de urgencia tras la reyerta mortal del pasado domingo en el Manzanares, se saldó con la aprobación un paquete de normas que entrará en vigor el próximo 15 de diciembre para expulsar a los violentos del fútbol. Entre ellas destaca que los clubes, a petición de la Liga de Fútbol Profesional, pedirán al Ministerio de Interior una lista negra de indeseables con antecedentes respecto a la Ley Antiviolencia para justificar así su expulsión inmediata y de por vida de los estadios.
El secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, marcó el objetivo de esta contundente respuesta: “En mayo, el panorama debe ser irreconocible”. Por ello habrá cierres parciales de los estadios, pérdida de puntos y descensos para los clubes que colaboren directa o indirectamente con los ultras, sanciones por violencia verbal y regulación de entradas y desplazamientos de las aficiones. Una propuesta que Javier Tebas, presidente de la LFP, corroboró antes, durante y después de la reunión de más de dos horas: “En seis meses tenemos que tener el 80% del problema resuelto”.
Sin Villar. Además de Cardenal y Tebas, acudieron a la cita la directora general de deportes del CSD, Ana Muñoz, tres subdirectores generales del régimen jurídico del CSD, los vicepresidentes de la LFP, Clemente Villaverde (Atlético) y Víctor Martín (Numancia), así como el director de Integridad, Manuel Quintanar, el de Competiciones, Ricardo Resta, y el jurista Miguel García Caba. Por parte de la Federación, fueron el presidente de la Territorial Madrileña, Vicente Temprado, y sus homólogos en Asturias y Castilla-León, Maximino Martínez y Marcelino Maté. Estos tres últimos lo hicieron en representación del presidente de la FEF, Ángel María Villar, que volvió a ausentarse, como el lunes, al estar en una reunión de la UEFA en Ginebra (Suiza). Villar fue la comidilla. “No sé si él considera que esta reunión es más o menos importante que la de la UEFA”, atinaron a responder sus colaboradores.
Una vez que Miguel Cardenal expuso las líneas maestras del nuevo plan ante cincuenta periodistas nacionales y extranjeros, fue Tebas quien tomó la palabra para explicar las cuatro medidas de urgencia a adoptar por parte de la LFP. Una patronal que ya había dedicado casi dos millones de euros a su departamento de Integridad en 2014: “Se contratará a un director de Seguridad de la LFP en cada club, asalariado, dedicado en exclusiva a esa labor y para dos años. Pertenecerá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para dirigir y coordinar a los directores de este ámbito de los clubes. Se creará una Unidad de Inteligencia que colabore activamente con la Policía en el cumplimiento de las obligaciones contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Se creará la figura del director de Partidos para acreditar y documentar la existencia de conductas que promuevan o inciten a la violencia y que no reflejen las actas. Y se creará una Comisión de Control y Seguimiento entre los directores de seguridad, las federaciones de peñas y el director de Seguridad.
Más medidas. Además, habrá una seria de reformas tecnológicas en los estadios en menos de un año. Las más ambiciosas, la instalación de nuevos tornos de acceso con huella dactilar y reconocimiento facial en los sectores de riesgo y la renovación de cámaras de vídeo-vigilancia. Lo más novedoso es que se elaborará un ‘Manual de Bienvenida y Buenas Prácticas del Aficionado’ que contendrá un listado de expresiones, cánticos rechazables y sancionables. También se diseñará un ‘Código Ético’ para los medios. Según Tebas, “para fomentar el aspecto positivo de asistir al fútbol. Porque estos hechos son gravísimos pero aislados”.
