Rige el certificado médico único para mujeres que sufrieron violencia
La Paz, ANFA partir de este miércoles 26 de noviembre entra en vigencia el Certificado Médico Único, que se constituye en un documento gratuito que deben otorgar centros de salud, hospitales y clínicas privadas o públicas a solicitud de una mujer o niña que haya sufrido violencia, según lo establece la Resolución 1565 del Ministerio de Salud.
El Ministerio Público, a través del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), homologará este certificado único que explicitará si una mujer ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual o de otro tipo. A partir de ello se puede iniciar una investigación, señala un comunicado del Ministerio de Salud.
El documento podrá ser otorgado en un papel u hoja simple por un médico general u otro que evidencie el hecho en cualquier nosocomio. Se espera que su implementación sea gradual en tanto el personal de salud se capacite en poder identificar signos de violencia y plasmarlos en el certificado único.
Antes de la emisión de la Resolución Ministerial 1565, las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia eran sometidas a una serie de pruebas periciales, que incluían además de una revisión médica su revisión por un perito Forense, lo que afectaba psicológicamente a la persona afectada y hacía los trámites más burocráticos.
Esta medida fue coordinada entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, en aplicación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 348.
La norma establece que se deben generar mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.
Este miércoles 25 se celebró el Día Internacional de la no Violencia Contra la Mujer. Entre las medidas adoptadas por el Estado están que policías y maestros que cometan actos de violencia familiar no podrán ascender ni ocupar cargos directivos.
