Obama reta a los republicanos con medidas de inmigración unilaterales
Obama presentará el jueves por la noche una reforma migratoria que definirá su legado
Marc Bassets
Washington, El País
El presidente Barack Obama presentará el jueves por la noche, en horario de máxima audiencia, una reforma migratoria que definirá su legado y marcará el tono de la política en Washington hasta 2017, cuando un nuevo presidente llegue a la Casa Blanca.
Unas dos semanas después de la derrota de su partido, el demócrata, en las elecciones legislativas, Obama prevé anunciar que ejercerá su autoridad presidencial para adoptar una serie de medidas que permitirán salir de la penumbra legal a millones de personas, la mayoría de origen latinoamericano. Las medidas aplazarán la deportación y facilitarán un permiso de trabajo a hasta cinco millones de documentados.
Lo que anunciará Obama consistirá, entre otras medidas, en decretos, que permiten al presidente legislar sin pasar por el Congreso, dominado por el Partido Republicano. Está lejos de ser la ley migratoria ambiciosa que Obama impulsó en los primeros años de su mandato. El Senado la llegó a aprobar, pero los republicanos de la Cámara de Representantes la bloquearon. La iniciativa tampoco se acerca a la reforma que promovió su antecesor, el republicano George W. Bush, una reforma que abría las puertas de la regularización a los más de diez millones de indocumentados.
El alcance ahora es más limitado: las personas que se acojan a las nuevas medidas no optarán a la green card, la tarjeta verde de residente permanente, paso previo a la ciudadanía. Y es provisional: el próximo presidente puede revocarlas. Pero las medidas representarán la mayor regularización de golpe desde que el republicano Ronald Reagan firmó una ley que legalizaba a unos tres millones de sin papeles. Y es el primer intento serio de Obama de abordar la presencia de millones de personas que viven en la semiclandestinidad por falta de documentos legales.
“Nuestras reformas serán amplias y estarán dentro de nuestra autoridad legal”, dijo este miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, durante una charla en Washington.
Johnson describió las medidas en términos humanitarios. Se basarán, dijo, en el respeto a “la santidad de la unidad familiar”. Una de las vías para regularizar a los sin papeles es frenar las deportaciones de indocumentados cuyos hijos son ciudadanos de EE UU. El número de beneficiados será mayor si las medidas se amplían a padres de hijos que, en 2012, se acogieron a una primera hornada de regularizaciones temporales para indocumentados que llegaron aquí siendo menores de edad.
Frente al argumento de la unidad familiar, los republicanos cuestionan que personas que han inmigrado a EE UU sin pasar por los cauces legales puedan acogerse a una legalización exprés. Se trata, según este argumento, de una amnistía, palabra que connota criminalidad. El segundo argumento de la derecha apela al respeto de la división de poderes, uno de los pilares en los que se basa la democracia norteamericana, fundada en el rechazo a las monarquías absolutistas del siglo XVIII. Al frenar la deportación de millones de personas por la vía del decreto, Obama “excede su autoridad constitucional”, en palabras de Michael Steel, un portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner. Steel se refiere al presidente como el “Emperador Obama”.
Boehner y Mitch McConnell, líder in péctore de la nueva mayoría republicana en el Senado, han avisado de que las medidas de Obama equivalen a una declaración de guerra del poder ejecutivo al legislativo. Amenazan con supeditar cualquier futura cooperación con el presidente a las medidas que presentará la noche del jueves. Pero no está clara cuál es la respuesta.
Los republicanos están divididos. La facción más combativa ya habla de replicar a la provocación del presidente negándose a aprobar el presupuesto y provocando un cierre de la Administración federal, o incluso de un impeachment, un proceso de destitución como el que afrontó el presidente Bill Clinton, por un escándalo sexual, en los últimos años de su mandato.
Boehner y McConnell son más cautos. Creen que disponen de otros métodos menos estridentes para torpedear las medidas. Por ejemplo, negando fondos para que se apliquen o denunciando a Obama en los tribunales.
El viernes Obama viajará a Las Vegas (Nevada). En una escuela que refleja la diversidad cultural de los EE UU del futuro, y en un Estado cuya economía no funcionaría sin la mano de obra inmigrante, el presidente abrirá la campaña.
El debate pone en juego la identidad de EE UU. En 2040, los blancos no hispanos dejarán de ser la mayoría en este país, según las proyecciones demográficas. También está en juego el poder político: cada vez resulta más difícil ganar elecciones sin el apoyo de la minoría latina. Las posiciones de cada partido en los próximos días pueden decidir el voto de este electorado en las elecciones presidenciales de 2016.
Washington, El País
El presidente Barack Obama presentará el jueves por la noche, en horario de máxima audiencia, una reforma migratoria que definirá su legado y marcará el tono de la política en Washington hasta 2017, cuando un nuevo presidente llegue a la Casa Blanca.
Unas dos semanas después de la derrota de su partido, el demócrata, en las elecciones legislativas, Obama prevé anunciar que ejercerá su autoridad presidencial para adoptar una serie de medidas que permitirán salir de la penumbra legal a millones de personas, la mayoría de origen latinoamericano. Las medidas aplazarán la deportación y facilitarán un permiso de trabajo a hasta cinco millones de documentados.
Lo que anunciará Obama consistirá, entre otras medidas, en decretos, que permiten al presidente legislar sin pasar por el Congreso, dominado por el Partido Republicano. Está lejos de ser la ley migratoria ambiciosa que Obama impulsó en los primeros años de su mandato. El Senado la llegó a aprobar, pero los republicanos de la Cámara de Representantes la bloquearon. La iniciativa tampoco se acerca a la reforma que promovió su antecesor, el republicano George W. Bush, una reforma que abría las puertas de la regularización a los más de diez millones de indocumentados.
El alcance ahora es más limitado: las personas que se acojan a las nuevas medidas no optarán a la green card, la tarjeta verde de residente permanente, paso previo a la ciudadanía. Y es provisional: el próximo presidente puede revocarlas. Pero las medidas representarán la mayor regularización de golpe desde que el republicano Ronald Reagan firmó una ley que legalizaba a unos tres millones de sin papeles. Y es el primer intento serio de Obama de abordar la presencia de millones de personas que viven en la semiclandestinidad por falta de documentos legales.
“Nuestras reformas serán amplias y estarán dentro de nuestra autoridad legal”, dijo este miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, durante una charla en Washington.
Johnson describió las medidas en términos humanitarios. Se basarán, dijo, en el respeto a “la santidad de la unidad familiar”. Una de las vías para regularizar a los sin papeles es frenar las deportaciones de indocumentados cuyos hijos son ciudadanos de EE UU. El número de beneficiados será mayor si las medidas se amplían a padres de hijos que, en 2012, se acogieron a una primera hornada de regularizaciones temporales para indocumentados que llegaron aquí siendo menores de edad.
Frente al argumento de la unidad familiar, los republicanos cuestionan que personas que han inmigrado a EE UU sin pasar por los cauces legales puedan acogerse a una legalización exprés. Se trata, según este argumento, de una amnistía, palabra que connota criminalidad. El segundo argumento de la derecha apela al respeto de la división de poderes, uno de los pilares en los que se basa la democracia norteamericana, fundada en el rechazo a las monarquías absolutistas del siglo XVIII. Al frenar la deportación de millones de personas por la vía del decreto, Obama “excede su autoridad constitucional”, en palabras de Michael Steel, un portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner. Steel se refiere al presidente como el “Emperador Obama”.
Boehner y Mitch McConnell, líder in péctore de la nueva mayoría republicana en el Senado, han avisado de que las medidas de Obama equivalen a una declaración de guerra del poder ejecutivo al legislativo. Amenazan con supeditar cualquier futura cooperación con el presidente a las medidas que presentará la noche del jueves. Pero no está clara cuál es la respuesta.
Los republicanos están divididos. La facción más combativa ya habla de replicar a la provocación del presidente negándose a aprobar el presupuesto y provocando un cierre de la Administración federal, o incluso de un impeachment, un proceso de destitución como el que afrontó el presidente Bill Clinton, por un escándalo sexual, en los últimos años de su mandato.
Boehner y McConnell son más cautos. Creen que disponen de otros métodos menos estridentes para torpedear las medidas. Por ejemplo, negando fondos para que se apliquen o denunciando a Obama en los tribunales.
El viernes Obama viajará a Las Vegas (Nevada). En una escuela que refleja la diversidad cultural de los EE UU del futuro, y en un Estado cuya economía no funcionaría sin la mano de obra inmigrante, el presidente abrirá la campaña.
El debate pone en juego la identidad de EE UU. En 2040, los blancos no hispanos dejarán de ser la mayoría en este país, según las proyecciones demográficas. También está en juego el poder político: cada vez resulta más difícil ganar elecciones sin el apoyo de la minoría latina. Las posiciones de cada partido en los próximos días pueden decidir el voto de este electorado en las elecciones presidenciales de 2016.
