Contraataque republicano
Nueva York, El Mundo
La clave está en, por ejemplo, la factura de la luz. Para acogerse a la peculiar 'amnistía interina' anunciada por el presidente de EEUU, Barack Obama, ayer, entre cuatro y 4,5 millones de inmigrantes ilegales en ese país deberán presentar documentos que certifiquen que llevan viviendo en el país desde antes de enero de 2010. Eso incluye, por ejemplo, facturas de la luz.
Todo el proceso va a ser una montaña de trabajo para una burocracia pública que no está entre las más eficaces del mundo desarrollado. Ya en 2012, una decisión similar de Obama que afectaba a 1,2 millones de personas provocó un atasco en la tramitación de algunos visados para ciudadanos que no se veían afectados por la medida. Ahora, la tarea es casi cuatro veces mayor.
De aquellos 1,2 millones de inmigrantes, solo la mitad de acogió a las medidas ofrecidas por la Casa Blanca. Ahora, es posible que el porcentaje sea todavía menor. La razón es que el Partido Republicano, que a partir de enero controlará las dos cámaras del Congreso, lanzó ayer un ofensiva total contra el presidente. Y uno de los ejes de esa ofensiva es el compromiso explícito de anular la reforma de Obama.
Lo cierto es que el presidente ha llevado a cabo una acción sin precedentes al usar sus poderes como máximo responsable de la Administración Pública para eliminar la posibilidad de deportación de más de cuatro millones de personas. Y que lleva haciéndolo desde que fue reelegido en 2012. Pero no es. Menos cierto que los repúblicanos han usado su poder en el Congreso para bloquear todas y cada una las iniciativas de la Casa Blanca. Eso incluye el aplazamiento 'sine die' del nombramiento de embajadores o de miembros del consejo de la Reserva Federal hasta nada menos que 51 votaciones para derogar la reforma sanitaria de 2010.
Y la primera medida que ha anunciado el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, no tiene que ver con la reforma de la inmigración, sino con la reforma sanitaria, que va a ser llevada a los tribunales. Las claves son dos tecnicismos. El primero es que, en 2012, Obama decidió extender un año la obligatoriedad de contratar seguros médicos que está incluida en esa ley. Según los republicanos, el presidente carece de potestad para ello. El segundo, que la Ley no autoriza explícitamente a la Administración Pública a subvencionar determinadas pólizas contratadas por personas de rentas bajas.
La propia demanda es una muestra de que esto es pura política. Los republicanos llevaron la reforma de Obama hasta el Supremo, precisamente porque ésta obliga a contratar un seguro médico o a afrontar una penalización. Ahora, quieren llevar a Obama los tribunales por haber aplazado en un año, debido a problemas técnicos la puesta en marcha de esa obligación. El segundo aspecto está, simplemente, buscado con lupa para poder presentar un caso contra Obama.
La retórica que ha rodeado a todo el proceso revela que se trata de una lucha por el poder. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, emitió ayer un comunicado declarando que "una y otra vez, el presidente ha decidido ignorar la voluntad del pueblo estadounidense y reescribir las leyes federales". La Casa Blanca reaccionó en un tono similar. Como dijo una de sus portavoces, Brandi Hoffine,"en vez de aprobar legislación que ayudé a que la clase media se expanda y la economía crezca, el presidente [de la Cámara] Boehner y los republicanos se están gastando cientos de miles de dólares del contribuyente en una demanda sin base legal".
Los republicanos han escogido la reforma sanitaria por una razón: el riesgo político de ir contra ella es menor. En el caso de la inmigración, afrontan una posible guerra fratricida, entre las bases, que se oponen a cualquier reforma, y los líderes del partido, que saben que, si quieren aumentar su presencia en la vida pública del país, tienen que acercarse a los 50 millones de hispanoablantes de EEUU. Así, Boehner declaró ayer que va a impedir la reforma de Obama. Pero no dijo cómo. Tampoco dijo qué alternativa a la actual presencia de 11,7 millones de inmigrantes ilegales hay. Por ahora, no se trata de solucionar problemas, sino de ganar batallas.
