Mas propone diluir la consulta en un proceso de participación ciudadana
El presidente de la Generalitat admite que no puede hacer su referéndum el 9 de noviembre
Miquel Noguer / Àngels Piñol
Barcelona, El País
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, admitió ayer ante los partidos que han impulsado la consulta soberanista del próximo 9 de noviembre que la votación no puede celebrarse por falta de garantías legales y les propuso la alternativa de organizar un proceso de participación ciudadana para conocer la opinión de los catalanes sobre el futuro político de la comunidad. En una tensa reunión que comenzó a mediodía y que se prolongó hasta las once de la noche, Mas reclamó el apoyo de CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP para organizar este proceso alternativo. No lo consiguió y hoy detallará sus planes. Con todo ello volvió a abrirse la puerta a unas elecciones autonómicas anticipadas.
El plan de Mas, que la Generalitat descartaba públicamente y de forma contundente hace apenas cuatro días, se basa en sacarle el máximo partido a los artículos que el Tribunal Constitucional no ha suspendido de la ley catalana de consultas. Fuentes de las formaciones reunidas ayer con el president explicaron que el objetivo sería celebrar lo que la ley denomina “proceso participativo”, que se puede concretar de tres formas según la ley: encuestas, audiencias públicas y foros de participación.
En principio, ninguna de estas modalidades prevé que haya urnas en la calle y eso disgusta profundamente a los partidos soberanistas que hasta ahora han apoyado al presidente catalán. La falta de apoyo de las formaciones obligó a prolongar la reunión para evitar dar oficialmente por roto el consenso entre el president y los cuatro grupos. En un intento de convencer a sus socios, Mas aseguró que el proceso participativo sí podría contar con urnas, algo que hoy detallará.
El coordinador general de CDC, Josep Rull, aseguró anoche en las redes sociales que no se renuncia a votar. “El presidente explicará cómo se vota el 9-N y cómo superamos la agresión del Estado español”, dijo sin añadir más detalles. Otras fuentes de los partidos soberanistas apuntaron que el plan de Mas podría ser poner urnas custodiadas por voluntarios que utilizarían un censo elaborado a partir de las inscripciones de los propios votantes. Todo ello no tiene nada que ver con las garantías legales que ofrecía el decreto suspendido por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno.
En una imagen de desmarque de estos planes, el primero en salir de la reunión de ayer fue el jefe de filas de Iniciativa, Joan Herrera. El ecosocialista confirmó que el Gobierno había descartado hacer la consulta como estaba prevista, pero evitó dar detalles de la opción que propone el Ejecutivo de CiU. Sí dijo que Iniciativa tenía su propia vía: “Hemos planteado una alternativa de movilización”, aseguró. Su propuesta se basaría en convertir el 9-N en una jornada de protesta en la que habría también una declaración por el derecho a decidir tanto en los Ayuntamientos como en el Parlament. También David Fernández, de la CUP salió de la reunión antes de que se diera por acabada formalmente.
Ante esta situación, Artur Mas comparecerá esta mañana para explicar cuál es su plan. En principio, el presidente explicará los detalles del proceso participativo y la duda es si abrirá el camino a unas elecciones anticipadas en clave plebiscitaria sobre la independencia. Los dos escenarios son muy complicados. El proceso participativo lo es porque es difícil que los plazos para convocarlo encajen con el calendario del 9 de noviembre. Las elecciones anticipadas también abren un panorama repleto de incertidumbres para Mas, ya que está lejos de tener garantizada la lista conjunta que buscaba con Esquerra Republicana. La formación de Oriol Junqueras, reacia hasta ahora a presentarse junto a CiU, está hoy todavía más lejos, pues se siente estafada por el presidente.
Pese a la furibunda reacción de Esquerra Republicana y de la CUP, ya hace días que había serias dudas sobre la celebración de la consulta. La suspensión del decreto impidió a la Generalitat cumplir los plazos para hacer el censo y seleccionar los colegios electorales. Pese a ello los independentistas seguían insistiendo en que se podía hacer la consulta.
Barcelona, El País
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, admitió ayer ante los partidos que han impulsado la consulta soberanista del próximo 9 de noviembre que la votación no puede celebrarse por falta de garantías legales y les propuso la alternativa de organizar un proceso de participación ciudadana para conocer la opinión de los catalanes sobre el futuro político de la comunidad. En una tensa reunión que comenzó a mediodía y que se prolongó hasta las once de la noche, Mas reclamó el apoyo de CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP para organizar este proceso alternativo. No lo consiguió y hoy detallará sus planes. Con todo ello volvió a abrirse la puerta a unas elecciones autonómicas anticipadas.
El plan de Mas, que la Generalitat descartaba públicamente y de forma contundente hace apenas cuatro días, se basa en sacarle el máximo partido a los artículos que el Tribunal Constitucional no ha suspendido de la ley catalana de consultas. Fuentes de las formaciones reunidas ayer con el president explicaron que el objetivo sería celebrar lo que la ley denomina “proceso participativo”, que se puede concretar de tres formas según la ley: encuestas, audiencias públicas y foros de participación.
En principio, ninguna de estas modalidades prevé que haya urnas en la calle y eso disgusta profundamente a los partidos soberanistas que hasta ahora han apoyado al presidente catalán. La falta de apoyo de las formaciones obligó a prolongar la reunión para evitar dar oficialmente por roto el consenso entre el president y los cuatro grupos. En un intento de convencer a sus socios, Mas aseguró que el proceso participativo sí podría contar con urnas, algo que hoy detallará.
El coordinador general de CDC, Josep Rull, aseguró anoche en las redes sociales que no se renuncia a votar. “El presidente explicará cómo se vota el 9-N y cómo superamos la agresión del Estado español”, dijo sin añadir más detalles. Otras fuentes de los partidos soberanistas apuntaron que el plan de Mas podría ser poner urnas custodiadas por voluntarios que utilizarían un censo elaborado a partir de las inscripciones de los propios votantes. Todo ello no tiene nada que ver con las garantías legales que ofrecía el decreto suspendido por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno.
En una imagen de desmarque de estos planes, el primero en salir de la reunión de ayer fue el jefe de filas de Iniciativa, Joan Herrera. El ecosocialista confirmó que el Gobierno había descartado hacer la consulta como estaba prevista, pero evitó dar detalles de la opción que propone el Ejecutivo de CiU. Sí dijo que Iniciativa tenía su propia vía: “Hemos planteado una alternativa de movilización”, aseguró. Su propuesta se basaría en convertir el 9-N en una jornada de protesta en la que habría también una declaración por el derecho a decidir tanto en los Ayuntamientos como en el Parlament. También David Fernández, de la CUP salió de la reunión antes de que se diera por acabada formalmente.
Ante esta situación, Artur Mas comparecerá esta mañana para explicar cuál es su plan. En principio, el presidente explicará los detalles del proceso participativo y la duda es si abrirá el camino a unas elecciones anticipadas en clave plebiscitaria sobre la independencia. Los dos escenarios son muy complicados. El proceso participativo lo es porque es difícil que los plazos para convocarlo encajen con el calendario del 9 de noviembre. Las elecciones anticipadas también abren un panorama repleto de incertidumbres para Mas, ya que está lejos de tener garantizada la lista conjunta que buscaba con Esquerra Republicana. La formación de Oriol Junqueras, reacia hasta ahora a presentarse junto a CiU, está hoy todavía más lejos, pues se siente estafada por el presidente.
Pese a la furibunda reacción de Esquerra Republicana y de la CUP, ya hace días que había serias dudas sobre la celebración de la consulta. La suspensión del decreto impidió a la Generalitat cumplir los plazos para hacer el censo y seleccionar los colegios electorales. Pese a ello los independentistas seguían insistiendo en que se podía hacer la consulta.
