Santos busca el apoyo al proceso de paz entre los colombianos de Miami
De la Calle, jefe negociador con las FARC, visita a la diáspora empresarial en Florida para limar su rechazo a los diálogos
Maye Primera
Miami, El País
Si acaso el Estado colombiano llegara a un acuerdo con las guerrilleras Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), al cabo del diálogo que comenzó hace casi dos años en La Habana para dar inicio a un proceso de paz, aún será necesario que los colombianos refrenden con su voto la puesta en práctica de dicho acuerdo. Lo que el Gobierno de Juan Manuel Santos y sus negociadores temen es que, llegado ese punto, la polarización política que actualmente divide a Colombia dé al traste con todo el proceso.
“Creemos con convicción que hay una oportunidad de poner fin al conflicto (…). Pero hay un grado de polarización en Colombia que nos preocupa”, reconoció este jueves Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de conversaciones con las FARC, durante un encuentro con miembros de la Cámara de Comercio Colombo-Americana de Miami.
Se trata de los mismos empresarios que en noviembre pasado, en plena campaña presidencial colombiana, auspiciaron un foro similar con Álvaro Uribe Vélez, donde el expresidente afirmó que la reelección de Santos y la continuidad de las negociaciones con las FARC conducirían al país por “el camino hacia el castro-chavismo” y de la ruina económica.
La tesis de Uribe sobre el diálogo de La Habana caló con efectividad entre sus compatriotas de la diáspora y en particular, entre los de Miami, donde la colombiana es la segunda comunidad latinoamericana más numerosa, después de la cubana. Durante la segunda vuelta electoral del 15 de junio, el candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, logró una mayoría del 57,75% de los votos en las mesas electorales del extranjero, contra el 39,66% obtenido por Juan Manuel Santos, y con una participación de solo el 19,87% de los colombianos habilitados para sufragar.
Aun cuando el número de votos de los consulados (unos 110.000) no fue determinante en el resultado final de la elección, para el Gobierno colombiano éste sigue teniendo un importante peso cualitativo: la oposición de la diáspora al proceso de paz, y la idea extendida en Miami de que Santos está negociando el futuro del país con los guerrilleros en La Habana, sigue teniendo gran influencia sobre la opinión pública del país.
Es por eso que, en los últimos tres meses, tanto el presidente Santos como sus representantes en la mesa de negociaciones han viajado en dos oportunidades a Miami para convencer a los electores de lo contrario; y el año próximo extenderán esta gira a otras ciudades con gran concentración de colombianos, como Madrid y Nueva York.
“La razón ética por la cual estamos en el diálogo es la terminación del conflicto, y esto no implica la convalidación de los métodos de las FARC”, ha dicho De la Calle en su discurso ante los empresarios, como respuesta a quienes se oponen al método de que las conversaciones sigan su curso sin acordar antes un cese al fuego. El jefe de la delegación del Gobierno de Santos en el diálogo también ha asegurado que los tres primeros acuerdos logrados hasta el momento de los cinco que componen la agenda -política de desarrollo agrario integral, participación política de las FARC, solución al problema de las drogas ilícitas- no implican en ningún caso la vulneración del Estado de derecho, ni la expropiación de tierras agrícolas al sector privado, ni la discusión del estatuto de la oposición con el sector armado y más radical de la izquierda. “No aceptamos la igualdad de las partes en la mesa, pues partimos de la base de la legitimidad del Estado. El propósito es que las FARC dejen las armas, vayan a las urnas y vean si son capaces de convencer a los colombianos”, ha agregado el representante del Gobierno.
El próximo martes 23 de septiembre comenzará en La Habana la siguiente ronda de diálogo para la discusión del quinto punto de la agenda y el tema más sensible para colombianos: el reconocimiento de las más de seis millones de víctimas que ha dejado el conflicto y de la responsabilidad que las partes tienen frente a ellas. El debate se prolongará por 11 días, en los que los representantes del Gobierno y la guerrilla más antigua de Colombia recibirán al tercer grupo de 12 víctimas del conflicto, de un total de 60 que se han sido escogidas por la Organización de las Naciones Unidas, la Universidad Nacional y la Iglesia. En paralelo, las partes también han decidido conformar una subcomisión técnica que se encargue de analizar las condiciones en las que se desarrollaría el cese de hostilidades.
“La validez de todo este proceso, depende de que los colombianos lo acepten. No se trata de volcar los recursos del Estado para refrendar el sí (al acuerdo)”, ha insistido de la Calle. ¿Qué pasaría si, por el contrario, la mayoría de los ciudadanos votan en contra de la aplicación de un eventual acuerdo con las FARC que dé inicio a un proceso de paz en Colombia? “Pues entonces, habremos perdido todo este tiempo”, señala una fuente del Gobierno.
Miami, El País
Si acaso el Estado colombiano llegara a un acuerdo con las guerrilleras Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), al cabo del diálogo que comenzó hace casi dos años en La Habana para dar inicio a un proceso de paz, aún será necesario que los colombianos refrenden con su voto la puesta en práctica de dicho acuerdo. Lo que el Gobierno de Juan Manuel Santos y sus negociadores temen es que, llegado ese punto, la polarización política que actualmente divide a Colombia dé al traste con todo el proceso.
“Creemos con convicción que hay una oportunidad de poner fin al conflicto (…). Pero hay un grado de polarización en Colombia que nos preocupa”, reconoció este jueves Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de conversaciones con las FARC, durante un encuentro con miembros de la Cámara de Comercio Colombo-Americana de Miami.
Se trata de los mismos empresarios que en noviembre pasado, en plena campaña presidencial colombiana, auspiciaron un foro similar con Álvaro Uribe Vélez, donde el expresidente afirmó que la reelección de Santos y la continuidad de las negociaciones con las FARC conducirían al país por “el camino hacia el castro-chavismo” y de la ruina económica.
La tesis de Uribe sobre el diálogo de La Habana caló con efectividad entre sus compatriotas de la diáspora y en particular, entre los de Miami, donde la colombiana es la segunda comunidad latinoamericana más numerosa, después de la cubana. Durante la segunda vuelta electoral del 15 de junio, el candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, logró una mayoría del 57,75% de los votos en las mesas electorales del extranjero, contra el 39,66% obtenido por Juan Manuel Santos, y con una participación de solo el 19,87% de los colombianos habilitados para sufragar.
Aun cuando el número de votos de los consulados (unos 110.000) no fue determinante en el resultado final de la elección, para el Gobierno colombiano éste sigue teniendo un importante peso cualitativo: la oposición de la diáspora al proceso de paz, y la idea extendida en Miami de que Santos está negociando el futuro del país con los guerrilleros en La Habana, sigue teniendo gran influencia sobre la opinión pública del país.
Es por eso que, en los últimos tres meses, tanto el presidente Santos como sus representantes en la mesa de negociaciones han viajado en dos oportunidades a Miami para convencer a los electores de lo contrario; y el año próximo extenderán esta gira a otras ciudades con gran concentración de colombianos, como Madrid y Nueva York.
“La razón ética por la cual estamos en el diálogo es la terminación del conflicto, y esto no implica la convalidación de los métodos de las FARC”, ha dicho De la Calle en su discurso ante los empresarios, como respuesta a quienes se oponen al método de que las conversaciones sigan su curso sin acordar antes un cese al fuego. El jefe de la delegación del Gobierno de Santos en el diálogo también ha asegurado que los tres primeros acuerdos logrados hasta el momento de los cinco que componen la agenda -política de desarrollo agrario integral, participación política de las FARC, solución al problema de las drogas ilícitas- no implican en ningún caso la vulneración del Estado de derecho, ni la expropiación de tierras agrícolas al sector privado, ni la discusión del estatuto de la oposición con el sector armado y más radical de la izquierda. “No aceptamos la igualdad de las partes en la mesa, pues partimos de la base de la legitimidad del Estado. El propósito es que las FARC dejen las armas, vayan a las urnas y vean si son capaces de convencer a los colombianos”, ha agregado el representante del Gobierno.
El próximo martes 23 de septiembre comenzará en La Habana la siguiente ronda de diálogo para la discusión del quinto punto de la agenda y el tema más sensible para colombianos: el reconocimiento de las más de seis millones de víctimas que ha dejado el conflicto y de la responsabilidad que las partes tienen frente a ellas. El debate se prolongará por 11 días, en los que los representantes del Gobierno y la guerrilla más antigua de Colombia recibirán al tercer grupo de 12 víctimas del conflicto, de un total de 60 que se han sido escogidas por la Organización de las Naciones Unidas, la Universidad Nacional y la Iglesia. En paralelo, las partes también han decidido conformar una subcomisión técnica que se encargue de analizar las condiciones en las que se desarrollaría el cese de hostilidades.
“La validez de todo este proceso, depende de que los colombianos lo acepten. No se trata de volcar los recursos del Estado para refrendar el sí (al acuerdo)”, ha insistido de la Calle. ¿Qué pasaría si, por el contrario, la mayoría de los ciudadanos votan en contra de la aplicación de un eventual acuerdo con las FARC que dé inicio a un proceso de paz en Colombia? “Pues entonces, habremos perdido todo este tiempo”, señala una fuente del Gobierno.
