Naciones Unidas critica la retardación de justicia en el caso Rózsa
La Paz, Erbol
El representante de la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, cuestionó hoy la retardación de justicia en el caso Rózsa, que se registró hace cinco años.
“Nosotros estamos monitoreando en cada etapa, obviamente es un caso donde se observa los principales problemas de justicia en el país, en particular la retardación, la justicia debe ser pronta”, dijo Racicot, según el reporte de la radio Alternativa de la Red ERBOL.
Agregó que las personas bajo juicio deberían ser sometidas a un proceso con tiempo limitado, sin que las audiencias sean interrumpidas con constantes pausas hasta demostrar la culpabilidad o no de los implicados en el también denominado caso terrorismo.
Las audiencias “deberían desarrollarse todos los días porque los acusados necesitan saber si al final se va demostrar su culpabilidad o no, pero al ritmo actual podría durar dos a tres años más (...) eso no es una justicia pronta”, aseveró.
Señaló que la retardación en este proceso también se por una cantidad de factores que tiene que ver con jueces, fiscales y la propia defensa de los investigados que presentan una serie de recursos jurídicos.
“El juez (del caso) también tiene que asumir otras responsabilidades en otros casos, (además) la defensa utiliza absolutamente todos los recursos posibles, los fiscales hacen peticiones que provocan retardaciones, (hay) decisiones que son lentas del juez en cuanto a aspectos procesales”, aseveró.
El representante del organismo internacional sostuvo que si este caso dura dos o tres años más, al final terminaremos con siete u ocho años de investigación policial.
“Cuando un caso, como el terrorismo, dura (tanto), ocurre todo tipo de cosas, algunos de los (procesados) pueden morir, pueden tener problemas de salud, los abogados cambian, los fiscales también, en realidad la justicia no está cumplida. Tanto tarda, que no sé quién se quedará de pie para asistir al final del juicio (sentencia)”, sostuvo.
Apuntó que Santa Cruz necesita saber si realmente existió o no un grupo que quería atentar a la seguridad del Estado o intentaba cambiar el país.
El representante de la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, cuestionó hoy la retardación de justicia en el caso Rózsa, que se registró hace cinco años.
“Nosotros estamos monitoreando en cada etapa, obviamente es un caso donde se observa los principales problemas de justicia en el país, en particular la retardación, la justicia debe ser pronta”, dijo Racicot, según el reporte de la radio Alternativa de la Red ERBOL.
Agregó que las personas bajo juicio deberían ser sometidas a un proceso con tiempo limitado, sin que las audiencias sean interrumpidas con constantes pausas hasta demostrar la culpabilidad o no de los implicados en el también denominado caso terrorismo.
Las audiencias “deberían desarrollarse todos los días porque los acusados necesitan saber si al final se va demostrar su culpabilidad o no, pero al ritmo actual podría durar dos a tres años más (...) eso no es una justicia pronta”, aseveró.
Señaló que la retardación en este proceso también se por una cantidad de factores que tiene que ver con jueces, fiscales y la propia defensa de los investigados que presentan una serie de recursos jurídicos.
“El juez (del caso) también tiene que asumir otras responsabilidades en otros casos, (además) la defensa utiliza absolutamente todos los recursos posibles, los fiscales hacen peticiones que provocan retardaciones, (hay) decisiones que son lentas del juez en cuanto a aspectos procesales”, aseveró.
El representante del organismo internacional sostuvo que si este caso dura dos o tres años más, al final terminaremos con siete u ocho años de investigación policial.
“Cuando un caso, como el terrorismo, dura (tanto), ocurre todo tipo de cosas, algunos de los (procesados) pueden morir, pueden tener problemas de salud, los abogados cambian, los fiscales también, en realidad la justicia no está cumplida. Tanto tarda, que no sé quién se quedará de pie para asistir al final del juicio (sentencia)”, sostuvo.
Apuntó que Santa Cruz necesita saber si realmente existió o no un grupo que quería atentar a la seguridad del Estado o intentaba cambiar el país.
