El Gobierno libio admite que no puede imponerse a las milicias
El ministro de Exteriores, Mohamed Abdulaziz, reclama armas para evitar una guerra civil
Patricia R. Blanco
Madrid, El País
Libia se asoma al precipicio de la “guerra civil o de la división del país” si los dos Gobiernos que se disputan la autoridad para timonear la reconstrucción del Estado no inician “un proceso de diálogo nacional” que incluya a todas las tribus y grupos militares. El diagnóstico procede de Mohamed Abdulaziz, ministro de Exteriores de uno de los dos Ejecutivos, el nacido tras las elecciones del pasado 25 de junio, que goza del reconocimiento de la comunidad internacional. El otro, nombrado por la anterior Asamblea General, una Cámara cuyo mandato terminó en febrero y que gobernó el país durante 18 meses, le disputa ahora la legitimidad. “Tienen las armas y controlan Trípoli y las instituciones”, admite Abdulaziz.
El Parlamento legítimo opera desde Tobruk, a unos 1.400 kilómetros al este de Trípoli. “Es bastante más seguro”, reconoce Abdulaziz. Esa Cámara rechazó el jueves al nuevo Gabinete del primer ministro libio, Abdulá al Tinni. “Es muy difícil formar un Gobierno que sea lo suficientemente representativo, porque hay muchas presiones internacionales y locales”, asegura el titular de Exteriores. Los diputados votaron en contra del Ejecutivo de Al Tinni, integrado por 16 ministros, y le exigieron un máximo de 10. Como condición añadida reclamaron que ninguno de ellos tuviera doble nacionalidad. “Al Tinni no tiene otra alternativa que cambiar el Gobierno, y si no consigue uno que guste al Parlamento, tendrá que marcharse, en esto consiste la democracia”, asegura Abdulaziz, uno de esos 16 ministros.
Mientras, en Trípoli, controla las instituciones una alianza de milicias, Libya Dawn (El amanecer de Libia), capitaneada por la poderosa tribu de Misrata, a la que se han unido pequeños grupos islamistas, y enfrentada a las milicias de Zintán. “Han arrasado casas, han causado muertes y han destruido el aeropuerto y las principales infraestructuras”, lamenta Abdulaziz. Sin embargo, según considera, “los grupos militares tienen objetivos políticos y eso es muy comprensible”, por lo que hay que integrarlos en el “proceso político”.
Otra cosa distinta son los terroristas. “No pueden participar en el diálogo nacional, aunque al mismo tiempo hay que ser muy cuidadoso en aplicar un criterio que permita diferenciar entre quién es terrorista y quién no”, estima Abulaziz. Y los grupos militares, según considera, no lo son.
El arma más poderosa del Gobierno de Tobruk para impulsar ese diálogo nacional es, según Abdulaziz, su legitimidad internacional, ratificada el miércoles en una conferencia celebrada en Madrid y a la que asistieron representantes de 15 países del norte de África y del sur de Europa y de organismos internacionales como la UE, la ONU y la Liga Árabe. “No tenemos la capacidad de imponer nuestra autoridad porque los grupos militares son más fuertes que el Gobierno”, reconoce el ministro, que exige para el diálogo el desarme de las milicias.
Su Gabinete cuenta con el paraguas de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, “que es muy clara al señalar que se pueden aplicar sanciones a aquellos que obstaculicen el proceso político o que amenacen la transición democrática”. Y el gobierno paralelo “lo está haciendo”, advierte Abdulaziz. Con una confianza casi ciega en sus “socios”, afirma: “O se someten a las reglas, o quizá sean perseguidos [los miembros del Ejecutivo y quienes lo apoyan] en el futuro”.
La fe del político libio en la implicación de la comunidad internacional responde a una razón: “Libia no es solo un problema nacional, sino un problema regional y puede llegar a convertirse en un problema global”, asegura, en alusión a la posibilidad de que un vacío de poder abra el paso a los yihadistas y conviertan Libia en “un corredor” del Estado Islámico en el norte de África y Europa.
Para que no ocurra, el Gobierno libio reclama ayuda para construir instituciones sólidas, un sistema judicial fuerte y, sobre todo, entrenar y armar a su Ejército y su policía. “Tenemos varios miles de hombres entrenados”, presume, pero no es suficiente. “Necesitamos que nuestros socios sean lo suficientemente generosos para darnos lo que necesitamos”, reclama Abdulaziz. Y cita un ejemplo: “Sabemos que han bombardeado Libia y, aunque la prensa señala a Emiratos, Egipto o Qatar, honestamente no tenemos ni aviación militar, ni radares, ni servicios de inteligencia para saber de quién eran esos aviones”.
Madrid, El País
Libia se asoma al precipicio de la “guerra civil o de la división del país” si los dos Gobiernos que se disputan la autoridad para timonear la reconstrucción del Estado no inician “un proceso de diálogo nacional” que incluya a todas las tribus y grupos militares. El diagnóstico procede de Mohamed Abdulaziz, ministro de Exteriores de uno de los dos Ejecutivos, el nacido tras las elecciones del pasado 25 de junio, que goza del reconocimiento de la comunidad internacional. El otro, nombrado por la anterior Asamblea General, una Cámara cuyo mandato terminó en febrero y que gobernó el país durante 18 meses, le disputa ahora la legitimidad. “Tienen las armas y controlan Trípoli y las instituciones”, admite Abdulaziz.
El Parlamento legítimo opera desde Tobruk, a unos 1.400 kilómetros al este de Trípoli. “Es bastante más seguro”, reconoce Abdulaziz. Esa Cámara rechazó el jueves al nuevo Gabinete del primer ministro libio, Abdulá al Tinni. “Es muy difícil formar un Gobierno que sea lo suficientemente representativo, porque hay muchas presiones internacionales y locales”, asegura el titular de Exteriores. Los diputados votaron en contra del Ejecutivo de Al Tinni, integrado por 16 ministros, y le exigieron un máximo de 10. Como condición añadida reclamaron que ninguno de ellos tuviera doble nacionalidad. “Al Tinni no tiene otra alternativa que cambiar el Gobierno, y si no consigue uno que guste al Parlamento, tendrá que marcharse, en esto consiste la democracia”, asegura Abdulaziz, uno de esos 16 ministros.
Mientras, en Trípoli, controla las instituciones una alianza de milicias, Libya Dawn (El amanecer de Libia), capitaneada por la poderosa tribu de Misrata, a la que se han unido pequeños grupos islamistas, y enfrentada a las milicias de Zintán. “Han arrasado casas, han causado muertes y han destruido el aeropuerto y las principales infraestructuras”, lamenta Abdulaziz. Sin embargo, según considera, “los grupos militares tienen objetivos políticos y eso es muy comprensible”, por lo que hay que integrarlos en el “proceso político”.
Otra cosa distinta son los terroristas. “No pueden participar en el diálogo nacional, aunque al mismo tiempo hay que ser muy cuidadoso en aplicar un criterio que permita diferenciar entre quién es terrorista y quién no”, estima Abulaziz. Y los grupos militares, según considera, no lo son.
El arma más poderosa del Gobierno de Tobruk para impulsar ese diálogo nacional es, según Abdulaziz, su legitimidad internacional, ratificada el miércoles en una conferencia celebrada en Madrid y a la que asistieron representantes de 15 países del norte de África y del sur de Europa y de organismos internacionales como la UE, la ONU y la Liga Árabe. “No tenemos la capacidad de imponer nuestra autoridad porque los grupos militares son más fuertes que el Gobierno”, reconoce el ministro, que exige para el diálogo el desarme de las milicias.
Su Gabinete cuenta con el paraguas de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, “que es muy clara al señalar que se pueden aplicar sanciones a aquellos que obstaculicen el proceso político o que amenacen la transición democrática”. Y el gobierno paralelo “lo está haciendo”, advierte Abdulaziz. Con una confianza casi ciega en sus “socios”, afirma: “O se someten a las reglas, o quizá sean perseguidos [los miembros del Ejecutivo y quienes lo apoyan] en el futuro”.
La fe del político libio en la implicación de la comunidad internacional responde a una razón: “Libia no es solo un problema nacional, sino un problema regional y puede llegar a convertirse en un problema global”, asegura, en alusión a la posibilidad de que un vacío de poder abra el paso a los yihadistas y conviertan Libia en “un corredor” del Estado Islámico en el norte de África y Europa.
Para que no ocurra, el Gobierno libio reclama ayuda para construir instituciones sólidas, un sistema judicial fuerte y, sobre todo, entrenar y armar a su Ejército y su policía. “Tenemos varios miles de hombres entrenados”, presume, pero no es suficiente. “Necesitamos que nuestros socios sean lo suficientemente generosos para darnos lo que necesitamos”, reclama Abdulaziz. Y cita un ejemplo: “Sabemos que han bombardeado Libia y, aunque la prensa señala a Emiratos, Egipto o Qatar, honestamente no tenemos ni aviación militar, ni radares, ni servicios de inteligencia para saber de quién eran esos aviones”.
