Chóferes y jubilados condenan a La Paz a parálisis
La población de La Paz, sede del gobierno boliviano, soportó el martes el rigor de un corte de rutas en los puntos cardinales de la ciudad que la condenaron a una parálisis y a cubrir distancias a pie.
Los chóferes de los sindicatos de minibuses (libres), taxis, radiotaxis y trufis (taxis de ruta fija) que operan en la zona sur, la más poblada de La Paz y dependiente de ascender al centro de la ciudad, que congrega el grueso de la administración pública, la banca, el comercio y las oficinas de mayor parte de las empresas, se eximieron de trabajar y también impidieron el paso de vehículos hasta privados.
La medida de presión se interpuso contra la colocación, por parte de la Alcaldía de La Paz, de un sistema de semáforos que, según los conductores, ralentizan el tráfico vehicular, extremo negado por técnicos de la comuna local.
Según los chóferes, que castigaron a latigazos a quienes, en el afán de ingresar alguna renta, violaron la orden de retirar las unidades motorizadas del servicio público del transporte, los semáforos, en una zona que carecía de ellos y donde regía el reino del más osado o impertérrito, les han restado casi una vuelta entre el sur y el centro de La Paz, es decir más menos 50 bolivianos.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, opositor al presidente Evo Morales, dijo que el paro de los chóferes, con los que no se ha llevado bien en los últimos meses, tiene tufillo político y que se cebó en un semáforo.
El poderoso sindicato de los chóferes, que organizó la protesta que, paradójicamente, restableció el servicio de transporte público pasadas las 14h00 locales, argumentó que la medida de fuerza fue resuelta por la decisión de la Alcaldía de regular los tiempos de los cambios de luces de los semáforos cada 50 y 60 segundos y no 30, como exigen los transportistas.
La Policía debió echar bombas de gas lacrimógeno contra los chóferes que se las tomaron contra los suyos, que no acataron la medida y a cuyos coches infirieron averías, tales como rotura de vidrios y desinflado de los neumáticos.
A 18 km de distancia, en el centro de La Paz, la población debió lidiar también con grupos de jubilados que, a 24 días de las elecciones bolivianas, no aflojan las principales arterias de La Paz que toman hace ya 2 semanas para presionar al gobierno de Morales la asignación de un pago de 3.000 bolivianos per cápita.
El ministro de Economía, Luis Arce, ha dicho que el pago de ese montante a 120.000 rentistas, una parte de los 700.000 jubilados bolivianos, le gravaría al Estado poco más de 90 millones de dólares y daría por traste la previsión de superávit fiscal.
Por lo tanto ha rechazado la pretensión de los jubilados, cuya dirigencia, convencida que colocar a diario una alfombra de ancianos en las calles e interrumpir el tráfico, generará facturas y presiones electorales, ha ordenado la marcha de mil de ellos por una carretera rumbo a La Paz.
Hacia las 16h00 locales, las actividades rutinarias de La Paz volvían sin conseguirlo a la normalidad con un tráfico vehicular menguado.
