Alto Tribunal español suspende referendo catalán
El Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial de España, suspendió por unanimidad el referendo separatista convocado por la región de Cataluña el 9 de noviembre. La medida deja al gobierno catalán sin cobertura legal para organizar el plebiscito.
El pleno del Alto Tribunal, formado por 12 magistrados, se reunió el lunes con carácter extraordinario y admitió a trámite sendos recursos de inconstitucionalidad contra la convocatoria catalana presentados por el gobierno horas antes. La decisión de los jueces suspende cautelarmente la consulta durante cinco meses. Si el Constitucional no adopta una resolución firme sobre su legalidad en ese plazo, la suspensión se puede prorrogar.
Este escenario era el desenlace previsible de uno de los mayores conflictos territoriales vividos en España en los últimos tiempos. Desde que en 2012 las autoridades catalanas plantearon la posibilidad de un referendo para separarse del resto del país, el gobierno nacional siempre respondió que no lo permitiría.
Queda la duda de cuál será el siguiente paso del gobierno catalán. El presidente regional Artur Mas ha dicho en reiteradas ocasiones que cumplirá la ley, pero también que se votará el 9 de noviembre.
Mas firmó el decreto de convocatoria el sábado. Y la maquinaria del Estado español ha tardado 48 horas en paralizarlo.
El presidente español Mariano Rajoy reunió el Consejo de Ministros a primera hora del lunes para tramitar los recursos. Rajoy dijo que la consulta tal y como está planteada "atenta gravemente contra el derecho de todos los españoles", pero dejó la puerta abierta a una reforma constitucional que recoja las aspiraciones de mayor autonomía en Cataluña.
"No hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país", dijo Rajoy. "Creo que aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero".
"Todo el diálogo dentro de la ley, pero ninguno fuera de la ley", añadió.
El gobierno, con el respaldo del opositor Partido Socialista, planteó dos recursos. El primero busca anular el decreto de convocatoria. El segundo es contra la ley autonómica que lo ampara.
Horas después de las palabras de Rajoy, el Constitucional anunció la reunión extraordinaria del pleno, que no tenía actividad programada esta semana.
Si Cataluña decide sacar las urnas a la calle pese a una prohibición expresa del Alto Tribunal, el resultado no será reconocido y el Estado puede incluso suspender la autonomía catalana. Este es un escenario que Rajoy no quiso valorar.
"No contemplo un escenario distinto de que el señor presidente de la Generalitat cumpla la ley", afirmó.
El gobierno catalán ya ha empezado a publicitar el plebiscito entre los 5 millones de votantes llamados teóricamente a participar. La consulta catalana, a diferencia de la celebrada recientemente en Escocia, plantea una doble pregunta. La primera sería "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?", sin especificar qué tipo o si dentro o fuera de España. Solo la respuesta afirmativa permitiría contestar un segundo interrogante: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente?".
Rajoy advirtió de la fractura social generada por este proceso, que se ha precipitado en poco más de un año y siempre sin acuerdo con Madrid. El gobierno catalán entiende que sus reivindicaciones de mayor autonomía fiscal y el reconocimiento de su identidad no están satisfechos dentro del marco actual. Madrid responde que todo se puede negociar, pero que la soberanía nacional reside en el conjunto del país y no solo en una parte.
"Cataluña lleva tiempo desarrollando una política de hechos consumados que ha desplegado sin pausa y pretende que el gobierno se vea forzado a encontrar una solución a decisiones unilaterales imposibles de compartir", dijo Rajoy.
Una amplia mayoría de catalanes apoya la celebración de un referendo, pero las encuestas reflejan un empate entre los que quieren la independencia y los que desean permanecer en España. El porcentaje de apoyo se reduce si la eventual independencia conlleva la salida de la Unión Europea, tal y como ha advertido Bruselas que ocurrirá.
