DDHH denuncia abuso a suboficiales y pide debido proceso en caso Rózsa

La Paz, Erbol
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, señaló que la lucha contra la discriminación y el racismo no es un delito, por lo que tres suboficiales enfrentan un “proceso abusivo” y se encuentran presos.
“En el análisis que tenemos, consideramos que el proceso que se está llevando (en las FFAA) es ilegal, es indebido y en ese sentido lamentamos que se esté vulnerando los derechos de estas personas que se han movilizado, fundamentalmente, por la no discriminación y el no al racismo”, afirmó a Erbol Digital.


Los suboficiales Johnny Gil, Freddy Sucojayo y Franklin Colque se encuentran presos por haber demandado al Alto Mando Militar y el Órgano Ejecutivo la descolonización de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Los familiares de los militares “procesados abusivamente” se encuentran en huelga frente al Ministerio de Defensa, pidiendo la libertad de los militares.

La representante de la entidad de derechos humanos agregó que las Fuerzas Armadas del país muestran actitudes de “deshumanización y desnaturalización” de los derechos fundamentales de las personas porque ante la huelga de los familiares de los suboficiales presos no busca solución sino mostrar su poder.

Por tanto, la APDHB efectúa el análisis jurídico del caso de los tres suboficiales para ver si ya se agotaron todas las instancias legales en el país y posteriormente acudir a los organismos internacionales por la “vulneración de los derechos humanos”.

“Caso Rózsa”


La presidenta de la APDHB, sobre las constantes denuncias de irregularidades en el proceso denominado “caso terrorismo” presumiblemente liderado por Eduardo Rózsa, indicó que la entidad a la que representa rechaza todo acto de terrorismo, pero que los acusados deben tener el debido proceso para encontrar la verdad de los hechos.

“Si en este proceso el Estado que tiene que buscar la verdad y sancionar este delito comete arbitrariedades y no se apegan al debido proceso, lamentablemente estarán generando que (el mismo) a mediano plazo vaya a tener su costo, porque el Estado va a tener que responder ante hechos que se constituyan en vulneración de derechos”, sostuvo.

La APDHB, por tanto, recomendó a los operadores de la justicia boliviana a no “vulnerar los derechos” de los acusados en el proceso judicial.

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