Magistrada Chanez denuncia un golpe del MAS al Tribunal Constitucional
Sucre, Erbol
La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Zoraida Chanez, denunció hoy un intento de golpe del Movimiento Al Socialismo (MAS) a esa entidad del Estado, con el propósito de validar normativas que decrete el gobierno. Dijo que con el proceso y suspensión a los tres magistrados se consolidará la acción.
“El golpe es efectivo gracias al proceso amañado que nos hicieron en contra de tres magistrados como es el doctor Gualberto Cusi, la doctora Ligia Mónica Velázquez y mi persona, lamentablemente son contra los magistrados que hemos emitido fallos imparciales”, señaló Chanez en entrevista con Erbol.
Advirtió que bajo el pretexto de la acusación y suspensión se buscaría “abrir la Constitución Política del Estado para hacer de lado a todas las autoridades electas, que por añadidura se estaría viendo la posibilidad de la reelección indefinida (del presidente Evo Morales)”.
“Para mi es que se viene en puertas normativas de gran envergadura por lo que necesitan tener y asegurar el control del Tribunal Constitucional, de ahí el apuro de zafarse de nosotros”, apuntó.
La funcionaria señaló que detrás de las acusaciones en su contra, presentadas por dos notarias, están el expresidente del TCP, Ruddy Flores, y el actual procurador del Estado, Héctor Arce Zaconeta. Dijo que buscan la reincorporación a la presidencia de Flores.
“Está previsto ya el retorno de Ruddy Flores o en el peor de los casos de la magistrada Nelly Andrade que para el caso es lo mismo (…), Ruddy Flores tiene apoyo estatal y su vínculo con el Ejecutivo es el doctor Héctor Arce (…) el Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura y el Agroambiental saben que siempre está detrás del tema jurisdiccional y siempre está metido en reuniones y en eventos, cuando tenemos una Ministra de Justicia”, indicó.
La denuncia contra los magistrados Gualberto Cusi, Zoraida Chanez y Ligia Velásquez, que admitieron una demanda en contra de la Ley del Notariado que suspendió su aplicación, está enmarcada en la Ley 044 de juicio de responsabilidades. Ellos fueron notificados el pasado 12 de junio cuando los convocaron a declarar y se abstuvieron, pero en menos de dos meses ya están imputados por prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes.
Chanez dijo que el Legislativo usurpa funciones al fungir de intérprete de las normas que aprueba el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando esta función le compete al Tribunal.
“La Constitución Política prevé que el Tribunal Constitucional es el último intérprete, ahora resulta que el Legislativo hace interpretaciones de los autos y resoluciones del Tribunal Constitucional, entonces de todos los fallos que les agrade o no les agrade van a iniciar procesos, entonces de qué estado de derecho estamos hablando, la garantía de un estado de derecho es un Tribunal Constitucional imparcial e independiente, si esos dos aspectos no se van a garantizar no hay Tribunal Constitucional”, apuntó.
Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, que forma parte de la Comisión de Justicia Plural, que investiga el caso, determinó hoy responsabilidad de las magistradas Zoraida Chanez y Ligia Mónica Velázquez, en la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado, y sugieren la cesación en sus funciones.
La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Zoraida Chanez, denunció hoy un intento de golpe del Movimiento Al Socialismo (MAS) a esa entidad del Estado, con el propósito de validar normativas que decrete el gobierno. Dijo que con el proceso y suspensión a los tres magistrados se consolidará la acción.
“El golpe es efectivo gracias al proceso amañado que nos hicieron en contra de tres magistrados como es el doctor Gualberto Cusi, la doctora Ligia Mónica Velázquez y mi persona, lamentablemente son contra los magistrados que hemos emitido fallos imparciales”, señaló Chanez en entrevista con Erbol.
Advirtió que bajo el pretexto de la acusación y suspensión se buscaría “abrir la Constitución Política del Estado para hacer de lado a todas las autoridades electas, que por añadidura se estaría viendo la posibilidad de la reelección indefinida (del presidente Evo Morales)”.
“Para mi es que se viene en puertas normativas de gran envergadura por lo que necesitan tener y asegurar el control del Tribunal Constitucional, de ahí el apuro de zafarse de nosotros”, apuntó.
La funcionaria señaló que detrás de las acusaciones en su contra, presentadas por dos notarias, están el expresidente del TCP, Ruddy Flores, y el actual procurador del Estado, Héctor Arce Zaconeta. Dijo que buscan la reincorporación a la presidencia de Flores.
“Está previsto ya el retorno de Ruddy Flores o en el peor de los casos de la magistrada Nelly Andrade que para el caso es lo mismo (…), Ruddy Flores tiene apoyo estatal y su vínculo con el Ejecutivo es el doctor Héctor Arce (…) el Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura y el Agroambiental saben que siempre está detrás del tema jurisdiccional y siempre está metido en reuniones y en eventos, cuando tenemos una Ministra de Justicia”, indicó.
La denuncia contra los magistrados Gualberto Cusi, Zoraida Chanez y Ligia Velásquez, que admitieron una demanda en contra de la Ley del Notariado que suspendió su aplicación, está enmarcada en la Ley 044 de juicio de responsabilidades. Ellos fueron notificados el pasado 12 de junio cuando los convocaron a declarar y se abstuvieron, pero en menos de dos meses ya están imputados por prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes.
Chanez dijo que el Legislativo usurpa funciones al fungir de intérprete de las normas que aprueba el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuando esta función le compete al Tribunal.
“La Constitución Política prevé que el Tribunal Constitucional es el último intérprete, ahora resulta que el Legislativo hace interpretaciones de los autos y resoluciones del Tribunal Constitucional, entonces de todos los fallos que les agrade o no les agrade van a iniciar procesos, entonces de qué estado de derecho estamos hablando, la garantía de un estado de derecho es un Tribunal Constitucional imparcial e independiente, si esos dos aspectos no se van a garantizar no hay Tribunal Constitucional”, apuntó.
Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, que forma parte de la Comisión de Justicia Plural, que investiga el caso, determinó hoy responsabilidad de las magistradas Zoraida Chanez y Ligia Mónica Velázquez, en la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado, y sugieren la cesación en sus funciones.