Los dos retos económicos a los que se enfrenta Argentina, al borde del 'default'
Buenos Aires, EP
Argentina tiene que pagar por sus deudas del pasado y la manera en que lo haga o deje de hacerlo determinará el futuro económico del país. Aunque el pago a los tenedores de fondos no deja de acaparar atenciones, lo cierto es que el país ya ha comenzado a abonar al Club de París una deuda que asciende a 9.390 millones de dólares. Sin embargo, es el litigio irresuelto de 1.500 dólares con los 'fondos buitre' lo que podría llevar al país a la suspensión de pagos o 'default'.
Con el abono de 642 millones de dólares al Club de París, que supone el primer desembolso de un plan, el Gobierno argentino ha querido presentar nuevamente la voluntad de pago que tiene Argentina sobre sus deudas, antes de que venza el plazo este 30 de julio para llegar a un acuerdo con los fondos buitre que ganaron el juicio contra Argentina en los tribunales de Nueva York.
La deuda total que asciende a 9.390 millones de dólares (incluyendo punitorios e intereses) y que corresponde a obligaciones con 16 países en ocho monedas diferentes será terminada de desembolsar en dos pagos: uno de 500 millones de dólares, en mayo de 2015, y otro pago a cargo del próximo Gobierno.
Esta deuda se remonta a 1956, cuando Argentina recibió un crédito por valor de 700 millones de dólares, que se incrementaron hasta los 1.700 millones al termino de la dictadura militar. En el año 2002 Argentina entró en 'default', lo que afectó también al compromiso adquirido con el Club de París. Finalmente, tras renegociar en 2014, se acordó establecer la deuda en 9.700 millones de dólares.
Sin embargo, el Gobierno argentino lo tiene más difícil a la hora de contentar a los otros tenedores de deuda. Aunque Argentina logró reestructurar el 93 por ciento de la deuda impaga en 2001, este miércoles vence el pago de 500 millones de dólares de los inversores que aceptaron el trato con el Gobierno. El 7 por ciento restante es el que quiere el 100% del pasivo original y una parte de ellos -- los 'fondos buitre' -- han conseguido ser escuchado por el juez Thomas Griesa.
La presidenta del Gobierno, Cristina Fernández, dice que su país no caerá en suspensión de pagos porque ya ha pagado lo más de 500 millones de dólares a los inversores que negociaron con el Gobierno, pero el problema es que Griesa ha bloqueado el pago hasta que Argentina desembolse el dinero a los 'fondos buitre'; una suma que depositada en The Bank of New York Mellon, JP Morgan y Citibank, pero no trasferida a los acreedores.
Esta orden del juez deja a Argentina al borde de una nueva suspensión de pagos mientras no alcance un acuerdo con ellos antes del 30 de julio. Por su parte, el Gobierno no puede dejar de ver a sus pies el abismo y sostiene que si ofrece a los 'buitres' mejores condiciones de pago que al resto de bonistas, podría violar una cláusula que abriría la posibilidad de reclamos de los demás acreedores por una suma de hasta 400.000 millones de dólares.
¿Qué son los fondos 'buitre'?
Los fondos 'buitre' en realidad son fondos de capital de riesgo o fondos de inversión libre y consisten en la compra de deuda a una entidad o incluso a un Estado que se encuentra en una situación de debilidad o de proximidad a la quiebra.
Según algunos grupos y expertos, los fondos son especuladores que compran a un bajo precio la deuda a países pobres en problemas económicos con el propósito ilícito de entablar procedimientos judiciales a su respecto para obtener sumas considerablemente mayores que pueden llegar hasta el 400% de lo que pagaron por ellas.
Hay algunos grupos internacionales que hacen campaña contra ellos, como Jubilee Debt Campaign, y medios de prensa internacionales como la cadena 'BBC' o el diario 'The Guardian' que les siguen la pista, advirtiendo sobre sus prácticas y contando quiénes son y cómo operan.
En el caso de Argentina los fondos 'buitre' adquirieron una porción de la deuda pública externa a precio muy bajo de hasta el 20 por ciento de su valor nominal e intentaron que les pagaran cuando explotó la crisis económica argentina de 2001.
El nombre de los fondos procede de una frase que fue pronunciada por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en una disputa con uno de los fondos que acabó con el secuestro de la Fragata Libertad de la Armada argentina en un puerto extranjero. "Los buitres son las aves que comienzan a volar sobre los muertos; los fondos buitre sobrevuelan sobre países endeudados y en 'default'. Son depredadores sociales globales", dijo la mandataria.
Los fondos 'buitre' han impuesto sobre Argentina 28 embargos desde 2001. El país incumplió en 2001 las obligaciones del servicio de deuda por importe de 95.000 millones de dólares. Posteriormente, en 2005, el país ofreció a sus acreedores un canje por bonos de valor inferior, oferta que repitió en 2010. Argentina logró con estas propuestas acuerdos que cubrían el 92 por ciento de su deuda, pero fue rechazada por los inversores, que exigieron al país austral el pago íntegro de la deuda.
En noviembre de 2012, la Corte Federal de Nueva York dictaminó la obligación de Argentina de abonar los 1.330 millones de dólares que adeuda a los 'hedge funds' que rehusaron reestructurar sus bonos argentinos en cartera tras la quiebra del país austral en 2001.
"Argentina tiene que pagarle a los demandantes el cien por cien de esos 1.330 millones al mismo tiempo o antes de que les pague a los tenedores de bonos reestructurados", indicó el juez federal Thomas Griesa en su sentencia de noviembre de 2012.
Argentina apeló la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el acompañamiento de los Gobiernos de Dilma Rousseff (Brasil) y Enrique Peña Nieto (México), de la Cámara de Comercio americana de Argentina y del Premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz.
En junio de 2013, en un escrito del Gobierno de Estados Unidos de la Cámara de Apelaciones dijo que la interpretación de Griesa "podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado, para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana".
Argentina tiene que pagar por sus deudas del pasado y la manera en que lo haga o deje de hacerlo determinará el futuro económico del país. Aunque el pago a los tenedores de fondos no deja de acaparar atenciones, lo cierto es que el país ya ha comenzado a abonar al Club de París una deuda que asciende a 9.390 millones de dólares. Sin embargo, es el litigio irresuelto de 1.500 dólares con los 'fondos buitre' lo que podría llevar al país a la suspensión de pagos o 'default'.
Con el abono de 642 millones de dólares al Club de París, que supone el primer desembolso de un plan, el Gobierno argentino ha querido presentar nuevamente la voluntad de pago que tiene Argentina sobre sus deudas, antes de que venza el plazo este 30 de julio para llegar a un acuerdo con los fondos buitre que ganaron el juicio contra Argentina en los tribunales de Nueva York.
La deuda total que asciende a 9.390 millones de dólares (incluyendo punitorios e intereses) y que corresponde a obligaciones con 16 países en ocho monedas diferentes será terminada de desembolsar en dos pagos: uno de 500 millones de dólares, en mayo de 2015, y otro pago a cargo del próximo Gobierno.
Esta deuda se remonta a 1956, cuando Argentina recibió un crédito por valor de 700 millones de dólares, que se incrementaron hasta los 1.700 millones al termino de la dictadura militar. En el año 2002 Argentina entró en 'default', lo que afectó también al compromiso adquirido con el Club de París. Finalmente, tras renegociar en 2014, se acordó establecer la deuda en 9.700 millones de dólares.
Sin embargo, el Gobierno argentino lo tiene más difícil a la hora de contentar a los otros tenedores de deuda. Aunque Argentina logró reestructurar el 93 por ciento de la deuda impaga en 2001, este miércoles vence el pago de 500 millones de dólares de los inversores que aceptaron el trato con el Gobierno. El 7 por ciento restante es el que quiere el 100% del pasivo original y una parte de ellos -- los 'fondos buitre' -- han conseguido ser escuchado por el juez Thomas Griesa.
La presidenta del Gobierno, Cristina Fernández, dice que su país no caerá en suspensión de pagos porque ya ha pagado lo más de 500 millones de dólares a los inversores que negociaron con el Gobierno, pero el problema es que Griesa ha bloqueado el pago hasta que Argentina desembolse el dinero a los 'fondos buitre'; una suma que depositada en The Bank of New York Mellon, JP Morgan y Citibank, pero no trasferida a los acreedores.
Esta orden del juez deja a Argentina al borde de una nueva suspensión de pagos mientras no alcance un acuerdo con ellos antes del 30 de julio. Por su parte, el Gobierno no puede dejar de ver a sus pies el abismo y sostiene que si ofrece a los 'buitres' mejores condiciones de pago que al resto de bonistas, podría violar una cláusula que abriría la posibilidad de reclamos de los demás acreedores por una suma de hasta 400.000 millones de dólares.
¿Qué son los fondos 'buitre'?
Los fondos 'buitre' en realidad son fondos de capital de riesgo o fondos de inversión libre y consisten en la compra de deuda a una entidad o incluso a un Estado que se encuentra en una situación de debilidad o de proximidad a la quiebra.
Según algunos grupos y expertos, los fondos son especuladores que compran a un bajo precio la deuda a países pobres en problemas económicos con el propósito ilícito de entablar procedimientos judiciales a su respecto para obtener sumas considerablemente mayores que pueden llegar hasta el 400% de lo que pagaron por ellas.
Hay algunos grupos internacionales que hacen campaña contra ellos, como Jubilee Debt Campaign, y medios de prensa internacionales como la cadena 'BBC' o el diario 'The Guardian' que les siguen la pista, advirtiendo sobre sus prácticas y contando quiénes son y cómo operan.
En el caso de Argentina los fondos 'buitre' adquirieron una porción de la deuda pública externa a precio muy bajo de hasta el 20 por ciento de su valor nominal e intentaron que les pagaran cuando explotó la crisis económica argentina de 2001.
El nombre de los fondos procede de una frase que fue pronunciada por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en una disputa con uno de los fondos que acabó con el secuestro de la Fragata Libertad de la Armada argentina en un puerto extranjero. "Los buitres son las aves que comienzan a volar sobre los muertos; los fondos buitre sobrevuelan sobre países endeudados y en 'default'. Son depredadores sociales globales", dijo la mandataria.
Los fondos 'buitre' han impuesto sobre Argentina 28 embargos desde 2001. El país incumplió en 2001 las obligaciones del servicio de deuda por importe de 95.000 millones de dólares. Posteriormente, en 2005, el país ofreció a sus acreedores un canje por bonos de valor inferior, oferta que repitió en 2010. Argentina logró con estas propuestas acuerdos que cubrían el 92 por ciento de su deuda, pero fue rechazada por los inversores, que exigieron al país austral el pago íntegro de la deuda.
En noviembre de 2012, la Corte Federal de Nueva York dictaminó la obligación de Argentina de abonar los 1.330 millones de dólares que adeuda a los 'hedge funds' que rehusaron reestructurar sus bonos argentinos en cartera tras la quiebra del país austral en 2001.
"Argentina tiene que pagarle a los demandantes el cien por cien de esos 1.330 millones al mismo tiempo o antes de que les pague a los tenedores de bonos reestructurados", indicó el juez federal Thomas Griesa en su sentencia de noviembre de 2012.
Argentina apeló la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el acompañamiento de los Gobiernos de Dilma Rousseff (Brasil) y Enrique Peña Nieto (México), de la Cámara de Comercio americana de Argentina y del Premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz.
En junio de 2013, en un escrito del Gobierno de Estados Unidos de la Cámara de Apelaciones dijo que la interpretación de Griesa "podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado, para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana".