García Linera ve obligatorio juicio a magistradas ante la arbitrariedad cometida al parar una ley

Cochabamba, ABI
El presidente en ejercicio Álvaro García Linera consideró el martes una obligación el inicio del juicio de responsabilidades contra las dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ante la "arbitrariedad", que cometieron, al paralizar la aplicación de una ley (la Ley del Notariado), acción que daña a la población.
"El Tribunal no ha emitido una sentencia sobre la ley, pero paralizó la ley y eso es una locura, eso es poner la legalidad de cabeza, por lo tanto a los responsables de esa ilegalidad que hace daño al Estado y a los ciudadanos bolivianos, hay que obligatoriamente enjuiciarlos porque eso manda la Constitución", dijo.


En una improvisada rueda de prensa en la ciudad de Cochabamba, agregó que "aquí hay una arbitrariedad nunca se paró una ley con la sola admisión se para con una sentencia constitucional no con una admisión".

La madrugada de esta jornada, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta el inicio de un juicio de responsabilidades contra las magistradas Soraida Rosario Chanez Chire y Ligia Mónica Velásquez Castaños, por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes, transgresiones tipificadas en el Código Penal.

Las magistradas Chanez y Velásquez, junto con el magistrado Gualberto Cusi Mamani, en su condición de miembros de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, dictaron, el 13 de marzo de 2014, un Auto Constitucional que suspende la aplicación de la Ley No. 483 del Notariado Plurinacional, violando varias normas legales, según las pruebas de cargo presentadas por las denunciantes, notarias Norka Jackelín Soto Serrudo y y Stenka Geovanna Udaeta España de Pacheco.

Para García Linera el tema es muy "sencillo" no hay por qué "darle más vueltas", ya que "no es un tema político es un tema de procedimiento legal", mencionó en alusión a versiones sobre una supuesta persecución política de la que hablaron las afectadas y miembros de la oposición.

Insistió en que el auto constitucional por el cual dispusieron la admisión de la solicitud de inconstitucionalidad a la Ley del Notariado y suspendieron la norma, es inconstitucional porque una ley debe ser paralizada con una sentencia.

Sostuvo que en Bolivia "nunca" se había paralizado la aplicación de una ley con la sola admisión, debido a que una ley se paraliza con una sentencia constitucional.

"No con una admisión, en ninguna parte del mundo se puede porque están vulnerando los procedimientos, o por desconocimiento, o por ineptitud, incapacidad, o por mala fe, pero el dañado es al Estado, no es a Álvaro García, el dañado es al Estado, al ciudadano de a pie que no puede aplicar una Ley del Notariado, que le ayudaba a agilizar sus trámites", dijo.

Consultado sobre las versiones de la diputada Rebeca Delgado sobre la pretensión del partido gobiernista de buscar el "control absoluto" del TCP, García Linera evitó comentar y replicó rumores sobre un supuesto "compadrerío" entre la legisladora y una de las magistradas.

"Hablarán por hablar, porque les gusta aparecer en las cámaras", agregó.

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