Francia se resiste a las reformas
Socialistas críticos, sindicatos y el Senado entorpecen la aprobación de un histórico plan de ajuste
Carlos Yárnoz
París, El País
El Gobierno francés pisa a fondo estos días el acelerador para sacar adelante en la Asamblea Nacional el histórico paquete de reformas con el que prevé poner en marcha el Pacto de Responsabilidad lanzado en enero por el presidente François Hollande. Se trata del primer y polémico intento de hacer frente a un quinquenio de declive económico y social en Francia. Pero la división interna entre los socialistas, las amenazas de los sindicatos, las protestas en la calle y el pulso del Senado acechan al primer ministro, Manuel Valls, quien ya advierte que no seguirá al frente de un Gobierno al que no se le permita avanzar.
La segunda economía de la zona euro es hoy la que arroja algunos de los datos más preocupantes en la Unión Europea. Mientras los países más afectados por la crisis de la deuda, entre ellos España, han hecho reformas y empiezan a registrar los primeros datos positivos, en Francia se acumulan las cifras negativas trimestre tras trimestre. El desempleo roza ya el 11%, el doble que en Alemania, y ya ha superado los cinco millones de parados. La deuda continúa al alza y está a punto de superar los dos billones de euros (93,6% del PIB) y el FMI acaba de anunciar que el crecimiento este año será solo del 0,7%, tres décimas menos que lo esperado por el Gobierno.
“Quiero hacer salir a Francia de este bloqueo”, declaraba Valls al diario Les Echos el pasado miércoles, “y más rápido”, añadió el jueves. El bloqueo dura ya demasiado tiempo. “Desde hace diez años, todos los parámetros de la economía francesa se deterioran casi continuamente”, aseguran en su libro Changer de Modèle, publicado el pasado abril, el investigador Élie Cohen y los profesores Philippe Aghion y Gilber Cette. “Pese a la urgencia", añaden, “Francia aún no ha reestructurado ni controlado su gasto público [por encima del 56% del PIB], ni ha reformado el mercado laboral o el de bienes y servicios de forma significativa”, lo que refleja “la impotencia de los políticos que han renunciado a la acción reformadora”.
Es en el terreno político, y precisamente en sus propias filas, donde Valls encuentra las principales resistencias. Un grupo de 41 diputados socialistas plantean estos días en la Asamblea Nacional enmiendas a los dos principales proyectos de ley que contienen las reformas concretas del Pacto de Responsabilidad lanzado por Hollande año y medio después de ganar las elecciones en 2012.
Tras un forcejeo con Valls, los rebeldes se avinieron el pasado martes a votar a favor del primer proyecto, que prevé una reducción fiscal para los sueldos más bajos y recortes de unos 4.000 millones en los presupuestos ministeriales. El grupo crítico, encabezado sobre todo por diputados próximos a la exministra Martine Aubry, ya advirtió que no apoyará la semana próxima el segundo proyecto de ley, de mucho mayor calado, que prevé para las empresas unas ventajas en cotizaciones sociales fiscales por más de 30.000 millones en tres años, mientras se mantienen congelados los sueldos de los funcionarios y las pensiones superiores a 1.2000 euros mensuales.
El desequilibrio entre las ventajas que obtienen las empresas y los trabajadores, así como el escaso apoyo al consumo de los hogares, son los principales puntos esgrimidos por los rebeldes. Valls les contesta: “Reducir las cargas de las empresas es apoyarles a afrontar una competencia mundial feroz”.
El diputado Philip Cordery, designado esta vez por el partido para responder preguntas de este periódico, sostiene por teléfono que el Gobierno no va debe cambiar sus prioridades “tras cada elección o sondeo”, y que, aunque les respeta y entiende sus reservas ideológicas, entre los rebeldes hay políticos muy diversos, incluido alguno que busca “asegurarse su reelección”. Para Cordery, hay “un fuerte corporativismo” en Francia contra las reformas, y también una contradicción: “Los franceses creen necesarias las reformas pero, cuando se proponen, empiezan los problemas”.
La respuesta interna de los socialistas se ha acrecentado más esta semana, después de que Valls anunciara que dará más ventajas a los empresarios, como la simplificación de la normativa laboral o el recorte de privilegios para acceder a la jubilación en personas con trabajos penosos.
“Se asume el discurso social-liberal”, lamentó de inmediato Christian Paul, uno de los rebeldes. Esta vez incluso se le sumaron destacadas figuras del partido, como su primer secretario, Jean-Christophe Cambadélis —“me quedo perplejo”— o el anterior primer ministro, Jean-Marc Ayrault. “No se logrará nada sin un compromiso mínimo”, declaró al diario Le Monde.
Ese compromiso busca Valls en la Gran Conferencia Social convocada por el primer ministro para el lunes y martes. “Sé las tensiones que pueden existir”, pero “tenemos que ser exigentes con nosotros mismos porque los franceses nos lo exigen”, les ha dicho por carta a sindicatos y patronales.
Han sido los agentes sociales los que estos días han creado el segundo nivel de tensiones. Ocho patronales amenazaron hace una semana con boicotear la conferencia social si no se aceptaban, entre otras, las cesiones anunciadas tres días después por Valls.
Pero ese anuncio originó otra amenaza de boicotear el diálogo social: la de algunos sindicatos, unidos todos ellos en criticar a Valls por ceder de nuevo ante los empresarios. “Basta que la patronal estornude para que el Gobierno le lleve una caja de pañuelos”, señalaba a la emisora France Intern el jueves Jean-Claude Mailly, secretario general de Fuerza Obrera.
Otro frente se abre camino estas semanas en la calle: las protestas, huelgas y manifestaciones de los trabajadores ferroviarios, de las navieras estatales, los controladores aéreos o los eventuales del espectáculo.
Por último, el Senado también entorpece la reforma territorial, que prevé la reducción a 14 de las actuales 23 regiones francesas. En una alianza inédita, los senadores de la conservadora UMP, los comunistas y los radicales de izquierda solicitaron un informe previo sobre el impacto de esa reforma y, después, aprobaron pedir un referéndum. Todo, para retrasar el debate.
Solo el Frente Nacional, el gran beneficiado de las pasadas elecciones europeas que le homologaron como organización política al uso, está en condiciones de sacar ventaja. Así lo ve Valls, quien en una en una intervención ante la cúpula de su partido el mes pasado decía: “La crisis económica y social alimenta otra más profunda, la crisis de identidad. Francia corre el peligro de deshacerse. La derecha está exangüe, la izquierda, desorientada, y el único mensaje claro es el de la extrema derecha”. Ante semejante escenario, Valls teme que la izquierda francesa pueda incluso “desaparecer”. “Sí, la izquierda puede morir”, dijo.
París, El País
El Gobierno francés pisa a fondo estos días el acelerador para sacar adelante en la Asamblea Nacional el histórico paquete de reformas con el que prevé poner en marcha el Pacto de Responsabilidad lanzado en enero por el presidente François Hollande. Se trata del primer y polémico intento de hacer frente a un quinquenio de declive económico y social en Francia. Pero la división interna entre los socialistas, las amenazas de los sindicatos, las protestas en la calle y el pulso del Senado acechan al primer ministro, Manuel Valls, quien ya advierte que no seguirá al frente de un Gobierno al que no se le permita avanzar.
La segunda economía de la zona euro es hoy la que arroja algunos de los datos más preocupantes en la Unión Europea. Mientras los países más afectados por la crisis de la deuda, entre ellos España, han hecho reformas y empiezan a registrar los primeros datos positivos, en Francia se acumulan las cifras negativas trimestre tras trimestre. El desempleo roza ya el 11%, el doble que en Alemania, y ya ha superado los cinco millones de parados. La deuda continúa al alza y está a punto de superar los dos billones de euros (93,6% del PIB) y el FMI acaba de anunciar que el crecimiento este año será solo del 0,7%, tres décimas menos que lo esperado por el Gobierno.
“Quiero hacer salir a Francia de este bloqueo”, declaraba Valls al diario Les Echos el pasado miércoles, “y más rápido”, añadió el jueves. El bloqueo dura ya demasiado tiempo. “Desde hace diez años, todos los parámetros de la economía francesa se deterioran casi continuamente”, aseguran en su libro Changer de Modèle, publicado el pasado abril, el investigador Élie Cohen y los profesores Philippe Aghion y Gilber Cette. “Pese a la urgencia", añaden, “Francia aún no ha reestructurado ni controlado su gasto público [por encima del 56% del PIB], ni ha reformado el mercado laboral o el de bienes y servicios de forma significativa”, lo que refleja “la impotencia de los políticos que han renunciado a la acción reformadora”.
Es en el terreno político, y precisamente en sus propias filas, donde Valls encuentra las principales resistencias. Un grupo de 41 diputados socialistas plantean estos días en la Asamblea Nacional enmiendas a los dos principales proyectos de ley que contienen las reformas concretas del Pacto de Responsabilidad lanzado por Hollande año y medio después de ganar las elecciones en 2012.
Tras un forcejeo con Valls, los rebeldes se avinieron el pasado martes a votar a favor del primer proyecto, que prevé una reducción fiscal para los sueldos más bajos y recortes de unos 4.000 millones en los presupuestos ministeriales. El grupo crítico, encabezado sobre todo por diputados próximos a la exministra Martine Aubry, ya advirtió que no apoyará la semana próxima el segundo proyecto de ley, de mucho mayor calado, que prevé para las empresas unas ventajas en cotizaciones sociales fiscales por más de 30.000 millones en tres años, mientras se mantienen congelados los sueldos de los funcionarios y las pensiones superiores a 1.2000 euros mensuales.
El desequilibrio entre las ventajas que obtienen las empresas y los trabajadores, así como el escaso apoyo al consumo de los hogares, son los principales puntos esgrimidos por los rebeldes. Valls les contesta: “Reducir las cargas de las empresas es apoyarles a afrontar una competencia mundial feroz”.
El diputado Philip Cordery, designado esta vez por el partido para responder preguntas de este periódico, sostiene por teléfono que el Gobierno no va debe cambiar sus prioridades “tras cada elección o sondeo”, y que, aunque les respeta y entiende sus reservas ideológicas, entre los rebeldes hay políticos muy diversos, incluido alguno que busca “asegurarse su reelección”. Para Cordery, hay “un fuerte corporativismo” en Francia contra las reformas, y también una contradicción: “Los franceses creen necesarias las reformas pero, cuando se proponen, empiezan los problemas”.
La respuesta interna de los socialistas se ha acrecentado más esta semana, después de que Valls anunciara que dará más ventajas a los empresarios, como la simplificación de la normativa laboral o el recorte de privilegios para acceder a la jubilación en personas con trabajos penosos.
“Se asume el discurso social-liberal”, lamentó de inmediato Christian Paul, uno de los rebeldes. Esta vez incluso se le sumaron destacadas figuras del partido, como su primer secretario, Jean-Christophe Cambadélis —“me quedo perplejo”— o el anterior primer ministro, Jean-Marc Ayrault. “No se logrará nada sin un compromiso mínimo”, declaró al diario Le Monde.
Ese compromiso busca Valls en la Gran Conferencia Social convocada por el primer ministro para el lunes y martes. “Sé las tensiones que pueden existir”, pero “tenemos que ser exigentes con nosotros mismos porque los franceses nos lo exigen”, les ha dicho por carta a sindicatos y patronales.
Han sido los agentes sociales los que estos días han creado el segundo nivel de tensiones. Ocho patronales amenazaron hace una semana con boicotear la conferencia social si no se aceptaban, entre otras, las cesiones anunciadas tres días después por Valls.
Pero ese anuncio originó otra amenaza de boicotear el diálogo social: la de algunos sindicatos, unidos todos ellos en criticar a Valls por ceder de nuevo ante los empresarios. “Basta que la patronal estornude para que el Gobierno le lleve una caja de pañuelos”, señalaba a la emisora France Intern el jueves Jean-Claude Mailly, secretario general de Fuerza Obrera.
Otro frente se abre camino estas semanas en la calle: las protestas, huelgas y manifestaciones de los trabajadores ferroviarios, de las navieras estatales, los controladores aéreos o los eventuales del espectáculo.
Por último, el Senado también entorpece la reforma territorial, que prevé la reducción a 14 de las actuales 23 regiones francesas. En una alianza inédita, los senadores de la conservadora UMP, los comunistas y los radicales de izquierda solicitaron un informe previo sobre el impacto de esa reforma y, después, aprobaron pedir un referéndum. Todo, para retrasar el debate.
Solo el Frente Nacional, el gran beneficiado de las pasadas elecciones europeas que le homologaron como organización política al uso, está en condiciones de sacar ventaja. Así lo ve Valls, quien en una en una intervención ante la cúpula de su partido el mes pasado decía: “La crisis económica y social alimenta otra más profunda, la crisis de identidad. Francia corre el peligro de deshacerse. La derecha está exangüe, la izquierda, desorientada, y el único mensaje claro es el de la extrema derecha”. Ante semejante escenario, Valls teme que la izquierda francesa pueda incluso “desaparecer”. “Sí, la izquierda puede morir”, dijo.
