Denuncian que investigador y fiscal favorecen a Terrasur
La Paz, Erbol
El abogado Efraín Chipana, encargado de la defensa de Gróver Torres y Martín Torres, comunarios de Río Abajo, denunció que el investigador del caso, Gróver Pinto Apaza, y el fiscal asignado, Elmer Laura, dilatan la toma de declaración de testigos y la inspección ocular, respectivamente, en clara muestra de parcialización en favor de la empresa Terrasur, que los denunció por supuesta extorsión.
Chipana dijo que la realización de estos actuados demostrará la inocencia de sus clientes y el abuso y engaño al que fueron sometidos.
“Estoy insatisfecho con la actuación del fiscal que por su actuar se presume cierta parcialidad. No fija fecha para la inspección técnica y ocular en cuyo acto se demostraría totalmente la inocencia de mis defendidos, pero no la fija, cuando aproximadamente más de un mes la hemos solicitado mediante memorial, cuando no era necesario aquello sino que el representante del Ministerio Público debió fijarlo de oficio, considero que no lo hace porque se va a demostrar la total inocencia y la injusticia que sufren mis clientes con esta medida de detención preventiva”, manifestó el jurista.
Martín Torres (66), representante del adulto mayor en la comunidad de Avircato, Zona Sur de La Paz, y Gróver Torres (hijo) fueron detenidos el 14 de mayo cerca de la Plaza Abaroa, de la ciudad de La Paz, luego de haber recibido dinero de Terrasur, como parte de pago por la venta de 4,5 hectáreas de terreno, en un proceso que demora más de 17 años, explicó Chipana. Erbol buscó ayer la contraparte de Terrasur con su abogado Carlos Camacho, pero el jurista no respondió a las llamadas. Su asistente señaló que se encontraba en una reunión.
Chipana agregó que el fiscal tampoco decreta los memoriales que solicita para recabar las pruebas en favor de sus defendidos. “De acuerdo a ley esto debía realizarse máximo en 48 horas pero ya pasó más de un mes y no lo hace el fiscal, dice que tiene mucho trabajo”, lamentó.
Sobre el actuar del investigador Pinto Apaza indicó que “es igual de parcial”, porque pese a fijar fecha y hora de acuerdo a los requerimientos que él estipula, tampoco se logra concretar la recepción de declaraciones informativas de los testigos de descargo. “Llegado el momento no quiso tomar las declaraciones, dijo que por órdenes superiores tenía que salir”, indicó.
“Se fija una fecha a su disposición, conversando personalmente con el investigador para que recepcione las declaraciones, pero en el momento indicado se pasa la pelota con el fiscal”, denunció.
El abogado de la defensa reiteró que “con la inspección ocular queremos demostrar que mi cliente no cometió ninguna extorsión, no destrozó ninguna propiedad ni tampoco ningún puente que une la ciudad de La Paz con Rio Abajo, como dice Terrasur”.
Chipana aseguró que “estas personas (sus clientes) son víctimas de falta de pago de parte de la empresa (Terrasur), a quienes tuvieron la mala suerte de transferirles propiedades, vender hectáreas de terreno que no se les canceló oportunamente, solicitaron que se les cancelara, insistieron en ello, a lo cual les fue tendida una trampa, haciéndoles figurar con extorsionadores, a lo que también se prestaron ciertas autoridades judiciales del Ministerio Público e investigadores”.
Actualmente Martín Torres se encuentra detenido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz, y Gróver Torres con detención domiciliaria por presunta complicidad en la extorsión.
El abogado Efraín Chipana, encargado de la defensa de Gróver Torres y Martín Torres, comunarios de Río Abajo, denunció que el investigador del caso, Gróver Pinto Apaza, y el fiscal asignado, Elmer Laura, dilatan la toma de declaración de testigos y la inspección ocular, respectivamente, en clara muestra de parcialización en favor de la empresa Terrasur, que los denunció por supuesta extorsión.
Chipana dijo que la realización de estos actuados demostrará la inocencia de sus clientes y el abuso y engaño al que fueron sometidos.
“Estoy insatisfecho con la actuación del fiscal que por su actuar se presume cierta parcialidad. No fija fecha para la inspección técnica y ocular en cuyo acto se demostraría totalmente la inocencia de mis defendidos, pero no la fija, cuando aproximadamente más de un mes la hemos solicitado mediante memorial, cuando no era necesario aquello sino que el representante del Ministerio Público debió fijarlo de oficio, considero que no lo hace porque se va a demostrar la total inocencia y la injusticia que sufren mis clientes con esta medida de detención preventiva”, manifestó el jurista.
Martín Torres (66), representante del adulto mayor en la comunidad de Avircato, Zona Sur de La Paz, y Gróver Torres (hijo) fueron detenidos el 14 de mayo cerca de la Plaza Abaroa, de la ciudad de La Paz, luego de haber recibido dinero de Terrasur, como parte de pago por la venta de 4,5 hectáreas de terreno, en un proceso que demora más de 17 años, explicó Chipana. Erbol buscó ayer la contraparte de Terrasur con su abogado Carlos Camacho, pero el jurista no respondió a las llamadas. Su asistente señaló que se encontraba en una reunión.
Chipana agregó que el fiscal tampoco decreta los memoriales que solicita para recabar las pruebas en favor de sus defendidos. “De acuerdo a ley esto debía realizarse máximo en 48 horas pero ya pasó más de un mes y no lo hace el fiscal, dice que tiene mucho trabajo”, lamentó.
Sobre el actuar del investigador Pinto Apaza indicó que “es igual de parcial”, porque pese a fijar fecha y hora de acuerdo a los requerimientos que él estipula, tampoco se logra concretar la recepción de declaraciones informativas de los testigos de descargo. “Llegado el momento no quiso tomar las declaraciones, dijo que por órdenes superiores tenía que salir”, indicó.
“Se fija una fecha a su disposición, conversando personalmente con el investigador para que recepcione las declaraciones, pero en el momento indicado se pasa la pelota con el fiscal”, denunció.
El abogado de la defensa reiteró que “con la inspección ocular queremos demostrar que mi cliente no cometió ninguna extorsión, no destrozó ninguna propiedad ni tampoco ningún puente que une la ciudad de La Paz con Rio Abajo, como dice Terrasur”.
Chipana aseguró que “estas personas (sus clientes) son víctimas de falta de pago de parte de la empresa (Terrasur), a quienes tuvieron la mala suerte de transferirles propiedades, vender hectáreas de terreno que no se les canceló oportunamente, solicitaron que se les cancelara, insistieron en ello, a lo cual les fue tendida una trampa, haciéndoles figurar con extorsionadores, a lo que también se prestaron ciertas autoridades judiciales del Ministerio Público e investigadores”.
Actualmente Martín Torres se encuentra detenido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz, y Gróver Torres con detención domiciliaria por presunta complicidad en la extorsión.
