Argentina se afana en defender que no ha suspendido pagos
El juez convoca a las partes a una nueva reunión mañana viernes
Francisco Peregil
Buenos Aires, El País
Argentina es desde el miércoles 30 julio un país en “suspensión de pagos” selectiva, según la agencia calificadora de riesgo Standard and Poor’s. Y sea, un país en situación de impago parcial, que no puede honrar una parte de su deuda soberana. Así lo declaró también la agencia internacional Fitch, quien habla de "suspensión restringida" de pagos. El Gobierno argentino lo niega. El jueves por la tarde, el ministro de Economía, Axel Kicillof, tachó de "pavada atómica" decir que Argentina entró en default, término inglés con el que se conoce en Argentina la suspensión de pagos. Horas antes, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseveró en una acalorada conferencia de prensa que “decir que Argentina está en default (suspensión de pagos) técnico es una patraña absoluta”. Y alegó que el Gobierno ha pagado y seguirá pagando el capital comprometido con Repsol y con el Club de París, organización de países acreedores a la que se le abonó este lunes una primera cuota de 642 millones de dólares. Es cierto.
Pero también es cierto que una parte de los acreedores a quienes el Gobierno llama “bonistas de buena fe”, los que aceptaron la reestructuración de la deuda impagada en enero de 2002, se están quedando desde hoy sin el dinero que les pertenece. Son tenedores de bonos que deberían haber cobrado 539 millones de dólares el miércoles 30 de julio. El Gobierno argentino depositó ese dinero el 26 de junio en la entidad estadounidense Bank of New York Mellon (BoNY). Y dice que ya no es suyo. Pero el juez, Thomas Griesa, que dirime el contencioso de los “fondos buitre” contra el Gobierno argentino, bloqueó los 539 millones hasta que el Ejecutivo de Cristina Fernández no pagase los 1.500 millones de dólares que reclaman dos “fondos buitre”. Se trata del fondo Aurelius y el NML Capital, y ambos forman parte del 7% de acreedores que no aceptaron ninguna quita en la deuda ni en la reestructuración de 2005 ni en la de 2010. Y exigen cobrarla en su totalidad.
Sin embargo, Cristina Fernández insistió en un discurso retransmitido por la noche: "El default selectivo no existe". Se reafirmó en su postura de siempre y trató de quitarle dramatismo al asunto. "El mundo sigue andando y Argentina también", dijo. Informó de que un grupo de cien académicos de Estados Unidos han pedido al Congreso de su país que intervenga para revertir la sentencia de Griesa. Aseguró que si hay un país viable ese es Argentina. Y apeló a la unidad de los 40 millones de argentinos.
Cristina Fernández, así como antes hicieron Jorge Capitanich y el ministro de Economía, Axel Kicillof, volvió a acusar de parcialidad al juez Griesa. Criticó incluso a los banqueros argentinos que habían intentado alcanzar un acuerdo directo con los "fondos buitre", dijo que no son "héroes" y pidió que no engañen a la gente. Y dejó bien claro que no acatará la sentencia que les obligaría a pagar a esos fondos unos 1.500 millones de dólares. Pero el Bank of New York Mello sí que la acata. Y eso es clave para valorar la situación.
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El BoNY difundió este jueves un comunicado donde aclara que esos fondos están “sujetos a una orden de la Corte”. O sea, a una orden del juzgado de Thomas Griesa. El banco aclaró que “no tiene la obligación de gastar, adelantar o arriesgar su propio dinero porque podría ser objeto de demandas sobre el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de cualquiera de sus funciones”. En principio, los propietarios de bonos que se han visto impedidos de cobrar parte de esos 539 millones depositados por el Gobierno argentino podrían solicitar ahora que se aplique una “aceleración”, es decir, el pago total de la deuda, sin las rebajas que aceptaron en su día.
Un factor clave para saber hasta dónde llega el alcance del “impago selectivo”, será ver si se hacen efectivos los seguros contra impagos, los llamados Credit Default Swaps (CDS). En medio de la incertidumbre que genera esta situación anómala, el juez convocó para este viernes a las once de la mañana de Nueva York una nueva audiencia a la que asistirán, al menos, los dos fondos litigantes.
Los mercados acogieron con pesimismo la noticia de la “suspensión de pago selectiva” o “engendro” que es como denominó el ministro de Economía a esta situación. La Bolsa de Buenos Aires caía un 7,6%, la prima de riesgo (o riesgo país, como se le conoce en Argentina) subió un 13,9% y se situó en 622 puntos básicos y el valor de los bonos del estado descendía entre un 4,4% y un 7%.
Buenos Aires, El País
Argentina es desde el miércoles 30 julio un país en “suspensión de pagos” selectiva, según la agencia calificadora de riesgo Standard and Poor’s. Y sea, un país en situación de impago parcial, que no puede honrar una parte de su deuda soberana. Así lo declaró también la agencia internacional Fitch, quien habla de "suspensión restringida" de pagos. El Gobierno argentino lo niega. El jueves por la tarde, el ministro de Economía, Axel Kicillof, tachó de "pavada atómica" decir que Argentina entró en default, término inglés con el que se conoce en Argentina la suspensión de pagos. Horas antes, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseveró en una acalorada conferencia de prensa que “decir que Argentina está en default (suspensión de pagos) técnico es una patraña absoluta”. Y alegó que el Gobierno ha pagado y seguirá pagando el capital comprometido con Repsol y con el Club de París, organización de países acreedores a la que se le abonó este lunes una primera cuota de 642 millones de dólares. Es cierto.
Pero también es cierto que una parte de los acreedores a quienes el Gobierno llama “bonistas de buena fe”, los que aceptaron la reestructuración de la deuda impagada en enero de 2002, se están quedando desde hoy sin el dinero que les pertenece. Son tenedores de bonos que deberían haber cobrado 539 millones de dólares el miércoles 30 de julio. El Gobierno argentino depositó ese dinero el 26 de junio en la entidad estadounidense Bank of New York Mellon (BoNY). Y dice que ya no es suyo. Pero el juez, Thomas Griesa, que dirime el contencioso de los “fondos buitre” contra el Gobierno argentino, bloqueó los 539 millones hasta que el Ejecutivo de Cristina Fernández no pagase los 1.500 millones de dólares que reclaman dos “fondos buitre”. Se trata del fondo Aurelius y el NML Capital, y ambos forman parte del 7% de acreedores que no aceptaron ninguna quita en la deuda ni en la reestructuración de 2005 ni en la de 2010. Y exigen cobrarla en su totalidad.
Sin embargo, Cristina Fernández insistió en un discurso retransmitido por la noche: "El default selectivo no existe". Se reafirmó en su postura de siempre y trató de quitarle dramatismo al asunto. "El mundo sigue andando y Argentina también", dijo. Informó de que un grupo de cien académicos de Estados Unidos han pedido al Congreso de su país que intervenga para revertir la sentencia de Griesa. Aseguró que si hay un país viable ese es Argentina. Y apeló a la unidad de los 40 millones de argentinos.
Cristina Fernández, así como antes hicieron Jorge Capitanich y el ministro de Economía, Axel Kicillof, volvió a acusar de parcialidad al juez Griesa. Criticó incluso a los banqueros argentinos que habían intentado alcanzar un acuerdo directo con los "fondos buitre", dijo que no son "héroes" y pidió que no engañen a la gente. Y dejó bien claro que no acatará la sentencia que les obligaría a pagar a esos fondos unos 1.500 millones de dólares. Pero el Bank of New York Mello sí que la acata. Y eso es clave para valorar la situación.
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Un factor clave para saber hasta dónde llega el alcance del “impago selectivo”, será ver si se hacen efectivos los seguros contra impagos, los llamados Credit Default Swaps (CDS). En medio de la incertidumbre que genera esta situación anómala, el juez convocó para este viernes a las once de la mañana de Nueva York una nueva audiencia a la que asistirán, al menos, los dos fondos litigantes.
Los mercados acogieron con pesimismo la noticia de la “suspensión de pago selectiva” o “engendro” que es como denominó el ministro de Economía a esta situación. La Bolsa de Buenos Aires caía un 7,6%, la prima de riesgo (o riesgo país, como se le conoce en Argentina) subió un 13,9% y se situó en 622 puntos básicos y el valor de los bonos del estado descendía entre un 4,4% y un 7%.
