Juan Carlos de Borbón recibirá protección jurídica tras su reinado
Madrid, Reuters
El grupo parlamentario del gobernante Partido Popular registró el viernes una enmienda a un proyecto de ley para aforar al rey Juan Carlos I, que abdicó en su hijo Felipe este mes, un movimiento que en la práctica protegerá su figura ante posibles demandas civiles o penales.
El aforamiento de Juan Carlos de Borbón, que ha generado especulaciones sobre su protección legal desde que anunció su abdicación, supone que sólo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo en caso de ser imputado por algún delito civil o penal, en lugar de por los tribunales ordinarios, un privilegio similar al de otros altos cargos del Estado.
Según la Constitución española, todos los actos realizados por el rey o la reina quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad, pero no había prevista ninguna ley para después de la abdicación de un monarca.
El Gobierno decidió aforar a los príncipes de Asturias, los ya reyes Felipe y Letizia, y la entonces reina Sofía en abril y pese a que entonces no se decidió nada sobre el rey abdicado, el Ejecutivo consideró después "razonable" su aforamiento dado que hay senadores y diputados en esa misma situación.
En la enmienda presentada el viernes, el grupo parlamentario popular añade como aforado "al rey o reina que hubiera abdicado y su consorte", además de una disposición que paralizaría cualquier procedimiento legal iniciado con anterioridad contra el monarca, contra el que se han presentado varias demandas de paternidad hasta ahora rechazadas por la inviolabilidad de Juan Carlos I.
La modificación se introducirá en el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que previsiblemente saldrá adelante en semanas con la mayoría absoluta del PP en el Congreso.
La medida se produce un día después de que Felipe VI fuera proclamado rey de España.
El grupo parlamentario del gobernante Partido Popular registró el viernes una enmienda a un proyecto de ley para aforar al rey Juan Carlos I, que abdicó en su hijo Felipe este mes, un movimiento que en la práctica protegerá su figura ante posibles demandas civiles o penales.
El aforamiento de Juan Carlos de Borbón, que ha generado especulaciones sobre su protección legal desde que anunció su abdicación, supone que sólo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo en caso de ser imputado por algún delito civil o penal, en lugar de por los tribunales ordinarios, un privilegio similar al de otros altos cargos del Estado.
Según la Constitución española, todos los actos realizados por el rey o la reina quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad, pero no había prevista ninguna ley para después de la abdicación de un monarca.
El Gobierno decidió aforar a los príncipes de Asturias, los ya reyes Felipe y Letizia, y la entonces reina Sofía en abril y pese a que entonces no se decidió nada sobre el rey abdicado, el Ejecutivo consideró después "razonable" su aforamiento dado que hay senadores y diputados en esa misma situación.
En la enmienda presentada el viernes, el grupo parlamentario popular añade como aforado "al rey o reina que hubiera abdicado y su consorte", además de una disposición que paralizaría cualquier procedimiento legal iniciado con anterioridad contra el monarca, contra el que se han presentado varias demandas de paternidad hasta ahora rechazadas por la inviolabilidad de Juan Carlos I.
La modificación se introducirá en el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que previsiblemente saldrá adelante en semanas con la mayoría absoluta del PP en el Congreso.
La medida se produce un día después de que Felipe VI fuera proclamado rey de España.