Golpe a la casa real española: procesan a la hermana del rey por delitos fiscales
Madrid, AFP
El escándalo volvió a sacudir a la corona española apenas seis días después de la jura de Felipe VI: el juez José Castro procesó ayer a la infanta Cristina, hermana del nuevo rey, por lavado de dinero y delitos impositivos relacionados con el fraude al Estado atribuido a su esposo, Iñaki Urdangarin.
Castro describe "sobrados indicios" de que la segunda hija de Juan Carlos I participó en la trama de corrupción del caso Nóos a través de "una colaboración silenciosa" que le permitió "lucrarse en beneficio propio y facilitar los medios para que lo hiciera su marido".
El escrito del juez cierra tres años de investigación y constituye el paso previo para mandar a juicio oral a la infanta y a Urdangarin (junto con una docena de acusados), una vez que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca resuelva las previsibles apelaciones.
A la hermana de Felipe VI le achaca delitos que sumados tienen penas de hasta 16 años de prisión. Urdangarin queda en una situación más delicada aún, al estar procesado por ocho cargos graves (malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude al Estado, estafa, falsedad documental, prevaricación, falsificación y evasión).
La casa real descontaba un fallo adverso. Apenas se conoció el procesamiento emitió un comunicado -el primero de la era Felipe-, en el que tomó clara distancia de los duques de Palma y enfatizó su "respeto por la independencia del Poder Judicial".
La investigación del caso Nóos fue una de las principales causas de la abrupta caída de popularidad de la corona, que terminó por precipitar la abdicación de Juan Carlos.
Felipe asumió el trono el jueves pasado con la promesa de conducir la institución con "honestidad y transparencia" durante un acto oficial del que su hermana Cristina fue excluida de manera ostensible.
La relación entre ellos está casi rota desde que salió a la luz que Urdangarin había desviado hacia una red de empresas fantasma cerca de seis millones de euros provenientes de contratos con administraciones públicas que obtuvo el Instituto Nóos, una falsa ONG creada por él con la finalidad declarada de fomentar actividades deportivas.
La clave de la acusación del juez a la infanta está en la sociedad Aizoon, cuyos dueños son Cristina y Urdangarin en partes iguales. Hacia esa empresa se desvió gran parte del dinero absorbido por Nóos.
Según detalla el auto judicial, la hermana del rey pagó durante años la mayoría de sus gastos personales con la tarjeta de crédito de Aizoon; es decir, con el dinero público defraudado.
De esa manera, considera el juez, ayudaba a blanquear los fondos que desviaba su marido. Y además participaba de una maniobra de evasión fiscal, al reducir con tantos gastos los beneficios sujetos a impuestos de la sociedad matrimonial. Su actuación resultó "indispensable" para que se concretara el fraude, escribió.
Castro pone el dedo en la llaga al detallar que Urdangarin y su socio Diego Torres montaron el negocio para "rentabilizar el parentesco del primero con la casa real". De esa manera, señala, consiguieron que gobiernos regionales y ayuntamientos los contrataran -sin concurso previo y sin controles posteriores- para supuestos actos benéficos a un precio a todas luces inflado.
Urdangarin y Torres ensamblaron luego una red de empresas fantasma que facturaban falsos servicios a Nóos, de manera que el dinero fluía hacia sus bolsillos. También crearon sociedades offshore para aminorar la factura impositiva.
El escándalo de corrupción más dañino para la imagen de la monarquía española se descubrió por casualidad, mientras Castro investigaba sobreprecios en un velódromo construido en Palma de Mallorca.
En un allanamiento se hallaron papeles comprometedores sobre los contratos que el gobierno de las Islas Baleares firmaba con Nóos para organizar congresos deportivos.
Miquel Roca, el abogado de la infanta, adelantó que apelará el procesamiento para evitar que la hija de Juan Carlos I se siente en el banquillo de los acusados. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach también rechaza la argumentación de Castro: acusa a Urdangarin, pero considera que no hay pruebas para demostrar que Cristina conocía los negocios sucios de su esposo.
El juez es lapidario respecto de ese punto. Menciona el concepto de "ignorancia deliberada", atribuible a alguien que "sin querer saber aquello que puede y debe saberse se beneficia de la situación".
Además, recuerda que durante la declaración indagatoria que le tomó a Cristina en febrero pasado ella usó 533 evasivas al responder cerca de 400 preguntas.
Y destaca que debe ser el tribunal del juicio oral el que determine si es viable que la justificación de la infanta resida "en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido".
El escándalo volvió a sacudir a la corona española apenas seis días después de la jura de Felipe VI: el juez José Castro procesó ayer a la infanta Cristina, hermana del nuevo rey, por lavado de dinero y delitos impositivos relacionados con el fraude al Estado atribuido a su esposo, Iñaki Urdangarin.
Castro describe "sobrados indicios" de que la segunda hija de Juan Carlos I participó en la trama de corrupción del caso Nóos a través de "una colaboración silenciosa" que le permitió "lucrarse en beneficio propio y facilitar los medios para que lo hiciera su marido".
El escrito del juez cierra tres años de investigación y constituye el paso previo para mandar a juicio oral a la infanta y a Urdangarin (junto con una docena de acusados), una vez que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca resuelva las previsibles apelaciones.
A la hermana de Felipe VI le achaca delitos que sumados tienen penas de hasta 16 años de prisión. Urdangarin queda en una situación más delicada aún, al estar procesado por ocho cargos graves (malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude al Estado, estafa, falsedad documental, prevaricación, falsificación y evasión).
La casa real descontaba un fallo adverso. Apenas se conoció el procesamiento emitió un comunicado -el primero de la era Felipe-, en el que tomó clara distancia de los duques de Palma y enfatizó su "respeto por la independencia del Poder Judicial".
La investigación del caso Nóos fue una de las principales causas de la abrupta caída de popularidad de la corona, que terminó por precipitar la abdicación de Juan Carlos.
Felipe asumió el trono el jueves pasado con la promesa de conducir la institución con "honestidad y transparencia" durante un acto oficial del que su hermana Cristina fue excluida de manera ostensible.
La relación entre ellos está casi rota desde que salió a la luz que Urdangarin había desviado hacia una red de empresas fantasma cerca de seis millones de euros provenientes de contratos con administraciones públicas que obtuvo el Instituto Nóos, una falsa ONG creada por él con la finalidad declarada de fomentar actividades deportivas.
La clave de la acusación del juez a la infanta está en la sociedad Aizoon, cuyos dueños son Cristina y Urdangarin en partes iguales. Hacia esa empresa se desvió gran parte del dinero absorbido por Nóos.
Según detalla el auto judicial, la hermana del rey pagó durante años la mayoría de sus gastos personales con la tarjeta de crédito de Aizoon; es decir, con el dinero público defraudado.
De esa manera, considera el juez, ayudaba a blanquear los fondos que desviaba su marido. Y además participaba de una maniobra de evasión fiscal, al reducir con tantos gastos los beneficios sujetos a impuestos de la sociedad matrimonial. Su actuación resultó "indispensable" para que se concretara el fraude, escribió.
Castro pone el dedo en la llaga al detallar que Urdangarin y su socio Diego Torres montaron el negocio para "rentabilizar el parentesco del primero con la casa real". De esa manera, señala, consiguieron que gobiernos regionales y ayuntamientos los contrataran -sin concurso previo y sin controles posteriores- para supuestos actos benéficos a un precio a todas luces inflado.
Urdangarin y Torres ensamblaron luego una red de empresas fantasma que facturaban falsos servicios a Nóos, de manera que el dinero fluía hacia sus bolsillos. También crearon sociedades offshore para aminorar la factura impositiva.
El escándalo de corrupción más dañino para la imagen de la monarquía española se descubrió por casualidad, mientras Castro investigaba sobreprecios en un velódromo construido en Palma de Mallorca.
En un allanamiento se hallaron papeles comprometedores sobre los contratos que el gobierno de las Islas Baleares firmaba con Nóos para organizar congresos deportivos.
Miquel Roca, el abogado de la infanta, adelantó que apelará el procesamiento para evitar que la hija de Juan Carlos I se siente en el banquillo de los acusados. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach también rechaza la argumentación de Castro: acusa a Urdangarin, pero considera que no hay pruebas para demostrar que Cristina conocía los negocios sucios de su esposo.
El juez es lapidario respecto de ese punto. Menciona el concepto de "ignorancia deliberada", atribuible a alguien que "sin querer saber aquello que puede y debe saberse se beneficia de la situación".
Además, recuerda que durante la declaración indagatoria que le tomó a Cristina en febrero pasado ella usó 533 evasivas al responder cerca de 400 preguntas.
Y destaca que debe ser el tribunal del juicio oral el que determine si es viable que la justificación de la infanta resida "en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido".
