Gobierno anunció enmiendas para garantizar la protección jurídica del rey Juan Carlos

Madrid, AFP
El Partido Popular, del jefe del gobierno conservador español Mariano Rajoy, dictaminó este viernes la presentación de dos enmiendas a una reforma en curso para obtener “cuanto antes” la protección jurídica del rey Juan Carlos tras su abdicación.
Tras firmar su abdicación el miércoles, un día antes de la proclamación de su hijo como nuevo rey Felipe VI, Juan Carlos, de 76 años, perdió su inviolabilidad como jefe de Estado, un precepto constitucional que impedía juzgarlo.



Esta inviolabilidad había sido invocada en octubre de 2012 por la justicia española para rechazar dos demandas de paternidad presentadas contra Juan Carlos I, que mantendrá de por vida el título de “rey” de forma honorífica.

Para que siga disfrutando de una protección jurídica, aunque menor, el PP elaboró dos enmiendas a un proyecto de ley orgánica de reforma del poder judicial “en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados y cuyo plazo de enmiendas vence hoy”, explicó el portavoz parlamentario Alfonso Alonso.

Su objetivo es “resolver una cuestión que es de actualidad y de gran importancia (…) el estatuto jurídico en el que queda el rey Juan Carlos”, afirmó.

“Las enmiendas, lo que prevén es el aforamiento del rey que ha abdicado y de su consorte”, agregó. Con esta protección, “será el tribunal supremo que conocerá de las acciones civiles y penales que se dirijan contra el rey y su consorte”, la reina Sofía, precisó, en rueda de prensa.

Dichas enmiendas prevén también “el aforamiento de la reina consorte y de los príncipes o las princesas de Asturias”, actualmente la nueva reina Letizia y su hija Leonor, de 8 años, la más joven heredera a un trono europeo.

“Queremos resolver esta cuestión cuanto antes”, explicó Alonso, precisando que el próximo pleno, necesario a la aprobación de una ley orgánica, está previsto “la segunda semana de julio”.

El 9 de octubre de 2012, dos juzgados de primera instancia de Madrid rechazaron las demandas de paternidad presentadas contra Juan Carlos I por el español Alberto Solá Jiménez y la belga Ingrid Jeanne Satiau, quienes aseguran haber realizado una prueba de ADN que determina, según el diario El Mundo, al 91% que son hermanos.