Evo y el MAS plantean referéndums para cambiar el sistema judicial y a los magistrados
El presidente Evo Morales planteó, este sábado, en un ampliado nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) “una profunda revolución en la justicia boliviana” mediante referéndums. En el partido gubernamental explicaron que el revocatorio es una de las alternativas.
El mandatario admitió, en una breve evaluación de sus ocho años de gobierno, que el punto más débil de los cambios en el país es la justicia.
“No sé si es el término exacto (pero) nos hemos estancado en la justicia”, lamentó Morales en la inauguración del encuentro oficialista que pretende definir los ejes del programa de gobierno rumbo a las próximas elecciones presidenciales del 12 de octubre.
“Solo quiero plantearles, hay que hacer una profunda revolución en la justicia boliviana. Está bien que haya expertos internacionales que nos pueden cooperar o participar, pero va a ser con el pueblo organizado sobre ciertas políticas y programas mediante referéndums. El pueblo decide con su voto para esta revolución en la justicia boliviana”, aseguró Morales.
Por su parte, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, Julio Salazar, quien se encuentra en el evento en Cochabamba, explicó que el planteamiento del Presidente abarca además el papel de las universidades, porque apuesta por una descolonización de la mentalidad de los nuevos juristas en el país.
Dijo que no se puede dejar de lado las responsabilidades de algunos magistrados electos en 2011 en los resultados obtenidos hasta la fecha en el proceso de transición del Poder Judicial al Órgano Judicial.
En ese marco, indicó que existen responsabilidades directas sobre las autoridades judiciales y adelantó que uno de los mecanismos es viabilizar el revocatorio como una alternativa de cambio. “Si el Órgano Judicial no funciona, hay responsables”, acusó.
De acuerdo al parágrafo I del Artículo 25 de la Ley de Régimen Electoral vigente en el país la revocatoria de mandato “es el mecanismo constitucional a través del cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano” y que el electorado puede “destituir del cargo a un funcionario antes de que concluya el período de su mandato”.
“Se aplica a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal. No procede respecto de las autoridades del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional”, añade el parágrafo II.
“Este tema es bien importante. Si alguna institución, por ejemplo el Órgano Judicial, no funciona debe aplicarse el revocatorio, por ejemplo esto debe ser para todas las autoridades electas, también debería aplicarse la misma fórmula (para los magistrados)”, indicó Salazar.
Si bien hasta la fecha no se cuenta con una norma que viabilice el referéndum revocatorio para las autoridades judiciales en el país, el MAS lo toma en cuenta para el debate.
“Nos falta incorporar el referéndum al Órgano Judicial, es una opinión y sugerencia de nuestro Presidente”, sostuvo el legislador oficialista, aunque admitió que al ser una sugerencia no existe aún un borrador.
Consultado sobre el tema, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando, explicó que la revocatoria de mandato tiene limitaciones como los establecidos en la Ley 026 de Régimen Electoral.
“El tema pasa por la modificación de la norma”, indicó la autoridad del Órgano Electoral.
“Los magistrados son autoridades jurisdiccionales, administran justicia, esa es su función, en cambio las otras autoridades (electas) son más política - administrativas hacen obras. Entonces cuando una autoridad administrativa ejerce mal su función es sujeta a revocatorio y las autoridades judiciales a procesos especiales en el Órgano Legislativo por prevaricato”, dijo Ovando.
El 16 de octubre de 2011, la población boliviana acudió a las urnas, por primera vez en la historia, para elegir mediante el voto universal a las autoridades judiciales. A tres años de aquel acontecimiento, el Gobierno admite que ese procedimiento no fue suficiente para cambiar a la justicia en el país.
