Un tribunal declara inconstitucional el acuerdo de Argentina con Irán
La Cámara Federal paraliza las negociaciones del Gobierno de Fernández para investigar el atentado contra el centro judío de la AMIA
Francisco Peregil
Buenos Aires, El País
Dos jueces de los tres que conforman la sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires declararon inconstitucional el jueves el acuerdo que firmaron los Gobiernos de Irán y Argentina en enero de 2013 para investigar el atentando que en 1994 causó la muerte de 85 personas al estallar un coche bomba contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Aquel acuerdo, que en realidad ha avanzado muy poco desde su firma, predispuso a buena parte de la comunidad judía argentina contra la decisión del Gobierno.
Dos de las principales organizaciones judías, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la propia AMIA plantearon un recurso de inconstitucionalidad por entender que a través del memorándum se podría levantar las órdenes de captura emitidas por la Interpol contra cinco ciudadanos iraníes. En diciembre de 2013, el juez de primera instancia Rodolfo Canicoba desestimó el recurso por “improcedente”. Las dos asociaciones recurrieron. Y este miércoles, la Cámara Federal porteña declaró inconstitucional el acuerdo y ratificó la vigencia de los pedidos de captura a los iraníes investigados
Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que el Gobierno apelará el fallo ante la Corte Suprema. Con lo cual, esta Corte que en los últimos nueve años ha dado sobradas muestras de independencia, tendrá un nuevo desafío al que atender. “Tenemos confianza en que la Corte Suprema convalidará esta norma”, señaló Alak.
El ministro de Exteriores, Héctor Timerman, calificó el fallo como una invasión sin precedentes a los poderes Ejecutivo y Legislativos”. “No es tarea del Poder Judicial inmiscuirse en las relaciones exteriores y tampoco desconocer normas validas del Congreso Nacional. (…) No hay ningún precedente de la Justicia haya invalidado un tratado firmado por el Ejecutivo, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que se lo permiten”, concluyó.
El acuerdo fue aprobado en febrero de 2013 en el Congreso con los votos de la mayoría oficialista, a pesar de que casi todos los grupos de la oposición votaron en contra. El memorándum contemplaba la creación de una comisión formada por cinco juristas internacionales y permitiría “interrogar” a cinco de los ocho iraníes requeridos por la Justicia argentina. Pero la palabra interrogar trajo mucha cola en su día. El diputado opositor de Unión Peronista Felipe Solá indicó que el interrogatorio sólo sería “un encuentro simpático en Teherán”, no una indagatoria judicial. “De una indagatoria se suele salir en silencio o en cana [en la cárcel]. ¿Qué tiene que ver una indagatoria con esta estupidez que nos quieren hacer votar?”, señaló.
La firma del memorándum no sólo provocó la oposición de la mayor parte de las asociaciones judías. Además, el Gobierno argentino tuvo que afrontar la tibieza de la contraparte iraní que no mostró mucho interés en cumplir lo pactado. La presidenta Cristina Fernández, cansada de no ver gestos por parte de Irán, aprovechó su discurso ante la 68ª Asamblea General de la ONU el pasado septiembre para exigir avances: “Esperamos que nos digan si se ha probado el acuerdo [en el Congreso iraní]. Cuándo se va a aprobar, en caso negativo; que además pudiésemos tener una fecha de conformación de la comisión [de cinco juristas internacionales]. Y una fecha también para que el juez argentino pueda ir a Teherán”, declaró Fernández. “Digo esto para que no se confunda nuestra profunda convicción con las normas del derecho internacional; tampoco se confunda nuestra paciencia con ingenuidad. Queremos, creo que ha pasado un tiempo prudencial, respuestas”.
Pasaron ocho meses desde aquel discurso en la ONU y las respuestas no llegaron. Y ahora, la Cámara Federal acaba de poner un gran palo en una rueda que nunca llegó a rodar.
Buenos Aires, El País
Dos jueces de los tres que conforman la sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires declararon inconstitucional el jueves el acuerdo que firmaron los Gobiernos de Irán y Argentina en enero de 2013 para investigar el atentando que en 1994 causó la muerte de 85 personas al estallar un coche bomba contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Aquel acuerdo, que en realidad ha avanzado muy poco desde su firma, predispuso a buena parte de la comunidad judía argentina contra la decisión del Gobierno.
Dos de las principales organizaciones judías, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la propia AMIA plantearon un recurso de inconstitucionalidad por entender que a través del memorándum se podría levantar las órdenes de captura emitidas por la Interpol contra cinco ciudadanos iraníes. En diciembre de 2013, el juez de primera instancia Rodolfo Canicoba desestimó el recurso por “improcedente”. Las dos asociaciones recurrieron. Y este miércoles, la Cámara Federal porteña declaró inconstitucional el acuerdo y ratificó la vigencia de los pedidos de captura a los iraníes investigados
Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que el Gobierno apelará el fallo ante la Corte Suprema. Con lo cual, esta Corte que en los últimos nueve años ha dado sobradas muestras de independencia, tendrá un nuevo desafío al que atender. “Tenemos confianza en que la Corte Suprema convalidará esta norma”, señaló Alak.
El ministro de Exteriores, Héctor Timerman, calificó el fallo como una invasión sin precedentes a los poderes Ejecutivo y Legislativos”. “No es tarea del Poder Judicial inmiscuirse en las relaciones exteriores y tampoco desconocer normas validas del Congreso Nacional. (…) No hay ningún precedente de la Justicia haya invalidado un tratado firmado por el Ejecutivo, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que se lo permiten”, concluyó.
El acuerdo fue aprobado en febrero de 2013 en el Congreso con los votos de la mayoría oficialista, a pesar de que casi todos los grupos de la oposición votaron en contra. El memorándum contemplaba la creación de una comisión formada por cinco juristas internacionales y permitiría “interrogar” a cinco de los ocho iraníes requeridos por la Justicia argentina. Pero la palabra interrogar trajo mucha cola en su día. El diputado opositor de Unión Peronista Felipe Solá indicó que el interrogatorio sólo sería “un encuentro simpático en Teherán”, no una indagatoria judicial. “De una indagatoria se suele salir en silencio o en cana [en la cárcel]. ¿Qué tiene que ver una indagatoria con esta estupidez que nos quieren hacer votar?”, señaló.
La firma del memorándum no sólo provocó la oposición de la mayor parte de las asociaciones judías. Además, el Gobierno argentino tuvo que afrontar la tibieza de la contraparte iraní que no mostró mucho interés en cumplir lo pactado. La presidenta Cristina Fernández, cansada de no ver gestos por parte de Irán, aprovechó su discurso ante la 68ª Asamblea General de la ONU el pasado septiembre para exigir avances: “Esperamos que nos digan si se ha probado el acuerdo [en el Congreso iraní]. Cuándo se va a aprobar, en caso negativo; que además pudiésemos tener una fecha de conformación de la comisión [de cinco juristas internacionales]. Y una fecha también para que el juez argentino pueda ir a Teherán”, declaró Fernández. “Digo esto para que no se confunda nuestra profunda convicción con las normas del derecho internacional; tampoco se confunda nuestra paciencia con ingenuidad. Queremos, creo que ha pasado un tiempo prudencial, respuestas”.
Pasaron ocho meses desde aquel discurso en la ONU y las respuestas no llegaron. Y ahora, la Cámara Federal acaba de poner un gran palo en una rueda que nunca llegó a rodar.
