Rige nueva Ley de Minería que obliga a que toda extracción de recursos cuente con aval estatal
La Paz, Oxígeno
El presidente en ejercicio, Álvaro García, promulgó este miércoles la nueva Ley de Minería y Metalurgia, durante un masivo acto realizado en las instalaciones de la Gobernación de Oruro, donde aseguró que “la nueva ley minera permitirá potenciar la minería estatal”.
“Hemos hecho una ley con olor a mina, atrás queda el olor aristocrático del perfume de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy con el presidente Evo entran en la historia con sello de oro, (porque) es la primera ley minera hecha por los propios actores mineros”, señaló, dirigiéndose a los cientos de cooperativistas presentes en el acto de promulgación.
La normativa establece en su Artículo 151 que todo contrato entre una empresa privada transnacional y nacional con una cooperativa minera sólo será legal cuando cuente con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En el acto estuvieron presentes los presidentes de Diputados y Senado, Marcelo Elío y Eugenio Rojas, respectivamente. García Linera afirmó que a diferencia de la anterior ley minera, la nueva norma fue elaborada junto a los trabajadores mineros.
“La Ley de Minería de 1997 que entregaba todos los recursos del Estado a los extranjeros, que marginaba al sistema cooperativo, hizo para que no haya minería estatal”, sostuvo.
La ley establece además que 1.500 nuevos contratos mineros deben ser revisados y aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De acuerdo a la normativa promulgada, una vez que el contrato pase al Legislativo, éste Órgano tiene un plazo de 90 días para pronunciarse sobre el contrato administrativo minero. “En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección”, cita parte de la norma.
García agregó que el gran reto del Estado y pueblo boliviano es industrializar “absolutamente toda la producción minera” hasta el año 2025.
Precisó que en 2013, las exportaciones mineras alcanzaron los tres mil millones de dólares, de los cuales 283 millones de dólares quedaron para el Estado y el resto para los inversores. Esto se debe, dijo, a los altos costos de operaciones en el sector minero.
A su turno, el ministro de Minería, Cesar Navarro, mencionó que la Asamblea Legislativa aprobará los contrataos de actividad explorativa de los diferentes actores mineros y “por lo tanto la seguridad jurídica estará dada por la principal autoridad”.
“Debemos recordar que la mayoría de los contratos de la actividad minera nunca pasaron por el Congreso y encima nos reclamaban seguridad jurídica. Hoy les estamos dando el mayor peso de la seguridad jurídica”, agregó.
El presidente en ejercicio, Álvaro García, promulgó este miércoles la nueva Ley de Minería y Metalurgia, durante un masivo acto realizado en las instalaciones de la Gobernación de Oruro, donde aseguró que “la nueva ley minera permitirá potenciar la minería estatal”.
“Hemos hecho una ley con olor a mina, atrás queda el olor aristocrático del perfume de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy con el presidente Evo entran en la historia con sello de oro, (porque) es la primera ley minera hecha por los propios actores mineros”, señaló, dirigiéndose a los cientos de cooperativistas presentes en el acto de promulgación.
La normativa establece en su Artículo 151 que todo contrato entre una empresa privada transnacional y nacional con una cooperativa minera sólo será legal cuando cuente con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En el acto estuvieron presentes los presidentes de Diputados y Senado, Marcelo Elío y Eugenio Rojas, respectivamente. García Linera afirmó que a diferencia de la anterior ley minera, la nueva norma fue elaborada junto a los trabajadores mineros.
“La Ley de Minería de 1997 que entregaba todos los recursos del Estado a los extranjeros, que marginaba al sistema cooperativo, hizo para que no haya minería estatal”, sostuvo.
La ley establece además que 1.500 nuevos contratos mineros deben ser revisados y aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
De acuerdo a la normativa promulgada, una vez que el contrato pase al Legislativo, éste Órgano tiene un plazo de 90 días para pronunciarse sobre el contrato administrativo minero. “En caso de no aprobar se lo devolverá al Órgano Ejecutivo para su corrección”, cita parte de la norma.
García agregó que el gran reto del Estado y pueblo boliviano es industrializar “absolutamente toda la producción minera” hasta el año 2025.
Precisó que en 2013, las exportaciones mineras alcanzaron los tres mil millones de dólares, de los cuales 283 millones de dólares quedaron para el Estado y el resto para los inversores. Esto se debe, dijo, a los altos costos de operaciones en el sector minero.
A su turno, el ministro de Minería, Cesar Navarro, mencionó que la Asamblea Legislativa aprobará los contrataos de actividad explorativa de los diferentes actores mineros y “por lo tanto la seguridad jurídica estará dada por la principal autoridad”.
“Debemos recordar que la mayoría de los contratos de la actividad minera nunca pasaron por el Congreso y encima nos reclamaban seguridad jurídica. Hoy les estamos dando el mayor peso de la seguridad jurídica”, agregó.