Gobierno descarta instalar diálogo en Oruro como solicitó FENCOMIN
Oruro, Radio Fides
La instalación del diálogo en Oruro en torno al tratamiento de la Ley Minera, fue descartada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, minutos después de que los cooperativistas abandonaran las instalaciones del Ministerio de Minería, molestos tras haber aguardado una hora para retomar el encuentro.
A decir de Romero, la reinstalación de bloqueos en las carreteras del país, el anuncio de masificar las medidas y el nuevo condicionamiento demuestra “que (los cooperativistas) no tienen interés de dialogar”.
Sobre el cuestionamiento de la participación de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) en el debate, la autoridad de gobierno aseguró que se atiende al pedido de todas las organizaciones sociales y que no se puede “cerrar las puertas a nadie".
Los cooperativistas se movilizan exigiendo que se respete su derecho de firmar contratos directos con empresas privadas, lo que el Gobierno considera que abre el riesgo de que capitales privados administren recursos naturales amparados en los tratos preferenciales que reciben los cooperativistas.
La instalación del diálogo en Oruro en torno al tratamiento de la Ley Minera, fue descartada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, minutos después de que los cooperativistas abandonaran las instalaciones del Ministerio de Minería, molestos tras haber aguardado una hora para retomar el encuentro.
A decir de Romero, la reinstalación de bloqueos en las carreteras del país, el anuncio de masificar las medidas y el nuevo condicionamiento demuestra “que (los cooperativistas) no tienen interés de dialogar”.
Sobre el cuestionamiento de la participación de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) en el debate, la autoridad de gobierno aseguró que se atiende al pedido de todas las organizaciones sociales y que no se puede “cerrar las puertas a nadie".
Los cooperativistas se movilizan exigiendo que se respete su derecho de firmar contratos directos con empresas privadas, lo que el Gobierno considera que abre el riesgo de que capitales privados administren recursos naturales amparados en los tratos preferenciales que reciben los cooperativistas.