El juez más polémico de Argentina, en el ojo del huracán
La oposición pide la destitución de Norberto Oyarbide por detener una operación contra el lavado de dinero a petición de la Casa Rosada
Francisco Peregil
Buenos Aires, El País
El caso es muy simple. Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, cuenta con una persona de su máxima confianza en el Gobierno: el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Él llevó, por ejemplo, el peso jurídico de la negociación con Repsol para lograr un acuerdo tras la expropiación de YPF. La mano derecha de Zannini es el subsecretario técnico, Carlos Liuzzi. Se supone que, por aquello del respeto a Constitución y a la división de poderes, ningún miembro del Ejecutivo debería interferir en las diligencias de un juez. Y menos cuando ese juez ordena allanar la sede de una empresa por supuesto lavado de dinero. Pero Liuzzi telefoneó el 19 de diciembre de 2013 al juez Norberto Oyarbide y el juez detuvo el allanamiento de las oficinas de la empresa financiera Asociación Mutual Propyme. Eso es lo que aseguró Oyarbide por escrito ante el sumario interno que le abrieron en la Cámara Federal porteña.
El dueño de Propyme, Guillermo Greppi, denunció que los policías enviados por Oyarbide le estaban reclamando dinero a cambio de no allanar sus oficinas. Que le estaban pidiendo lo que en Argentina se conoce como una “coima”. Soborno. No era la primera vez que la palabra coima aparecía asociada a Oyarbide o a los policías que trabajan a sus órdenes.
La noticia trascendió el 11 de marzo. Oyarbide interpuso una denuncia y otro juez federal investiga lo ocurrido. Mientras tanto, el órgano rector de los jueces, el Consejo de la Magistratura, investiga a Oyarbide. Varios dirigentes de la oposición aseguran que el Gobierno protegerá a Oyarbide. Y que seguramente saldrá impune del caso. Una vez más.
La historia de Oyarbide es una sucesión de vídeos en Youtube. Uno de ellos transcurre el 12 de diciembre de 2012 en un estadio desmontable de tenis, en el municipio bonaerense de Tigre. Puede que no haya un magistrado en Argentina capaz de disputar el protagonismo al suizo Roger Federer y al argentino Juan Martín del Potro durante un partido de exhibición. Salvo Norberto Oyarbide. Cuando apareció en la tribuna miles de espectadores se olvidaron del juego. Comenzaron a silbarle y a corear: “Oyarbide botón (forma coloquial de referirse a cualquier policía; a menudo se emplea para resaltar la condición de corrupto y servil con el poder), Oyarbide botón… Sos un hijo de puta, la puta madre que te parió”. El juez aguantó un rato antes de abandonar el estadio en medio del partido. Para entonces, sobre la piel de este juez de 62 años habían caído ya más de 40 solicitudes de juicios políticos que buscaban su destitución. Y ninguna consiguió hacerle mella.
Oyarbide llevaba solo cuatro años como juez federal de Buenos Aires cuando en 1998 el regente del prostíbulo para hombres Spartacus, situado en el barrio porteño de Recoleta, denunció que Oyarbide solía visitar con frecuencia el burdel y que ofrecía protección legal al local a cambio de dinero. Oyarbide negó haber visitado el prostíbulo. Hasta que apareció un vídeo en el que se le veía como cliente junto a uno de los empleados. Después alegó que el vídeo era falso. La cámara de Diputados aprobó un juicio político contra él por mal desempeño de sus funciones. Después, el Senado debía votar la condena o absolución de Oyarbide. Y el juez lo tenía casi todo en contra. Pero el grupo del peronista Partido Justicialista aprovechó que la noche del 11 de septiembre de 2001, jornada en que cayeron las Torres Gemelas, varios senadores no acudieron a la Cámara. El Partido Justicialista reunió ese día los votos necesarios y logró la absolución de Oyarbide en una sesión que solo duró diez minutos. Ahora, la opositora Unión Cívica Radical pretende reabrir aquel juicio político.
Una de sus sentencias más famosas se produjo en 2009, cuando dictó el sobreseimiento por supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández. El juez encontró justificado el aumento patrimonial del matrimonio que en 2008 se había incrementado un 158% sobre el año anterior.
Quienes lo han tratado aseguran que no tiene un pelo de tonto, que conoce bien los elementos procesales técnicos como para no cometer ninguna barrabasada. Pero que su carácter excéntrico y su afán de protagonismo juegan en su contra.
Muy pulcro y atildado en el vestir, de pañuelo en el traje y pajarita, Oyarbide tiene fama de vivir muy por encima de lo que podría permitirse con un sueldo de 49.101 pesos (4.400 euros). En 2013 declaró un patrimonio 1.225.283 pesos (110.700 euros), dato que los medios críticos con el Gobierno saludan con mucho escepticismo. No posee ninguna tarjeta de crédito en un país donde millones de personas suelen manejar hasta tres tarjetas de distintas entidades. Le gusta veranear en un lujoso hotel de Punta Cana, en República Dominicana. Y suele frecuentar los restaurantes de Puerto Madero, el barrio más caro de Buenos Aires.
En 2012 acudió a trabajar a los juzgados con un anillo que según confesaba él mismo, le costó 250.000 dólares (180.000 euros). “Entregué en pago todo lo que me regalaron en los últimos cinco años”, comentó de forma informal en los juzgados. Una diputada lo denunció por supuesto enriquecimiento ilícito. Y entonces, Oyarbide reveló que en realidad lo había alquilado por 7.500 dólares (5.421 euros) en una joyería de Uruguay. Ganó el juicio.
Se sabe mucho sobre la vida privada de Oyarbide: el nombre y profesión de sus amantes, las canciones que le gustan, el lugar de Recoleta donde vive… Los periodistas porteños relatan cientos de anécdotas para explicar su afán de protagonismo, como el día en que en una boda reunió a decenas de invitadas y se puso a dirigir una sesión de danza… Pero lo que nadie conoce es cuánto sabe Oyarbide sobre algunos altos cargos de la Casa Rosada. Para muchos opositores, el juez sabe demasiado y por eso “lo protegen”. Para él, las personas que lo denuncian están jugando “con la presunción que han instalado mediáticamente sobre la corruptela de este juez”. Lo cierto es que lleva 20 años como juez federal y hasta ahora ha resistido todos los embates. Excepto el de la cancha de tenis.
Por cierto: Carlos Liuzzi, el subsecretario Técnico de la Casa Rosada, continúa en el cargo. Y negó haber presentado su renuncia.
Buenos Aires, El País
El caso es muy simple. Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, cuenta con una persona de su máxima confianza en el Gobierno: el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Él llevó, por ejemplo, el peso jurídico de la negociación con Repsol para lograr un acuerdo tras la expropiación de YPF. La mano derecha de Zannini es el subsecretario técnico, Carlos Liuzzi. Se supone que, por aquello del respeto a Constitución y a la división de poderes, ningún miembro del Ejecutivo debería interferir en las diligencias de un juez. Y menos cuando ese juez ordena allanar la sede de una empresa por supuesto lavado de dinero. Pero Liuzzi telefoneó el 19 de diciembre de 2013 al juez Norberto Oyarbide y el juez detuvo el allanamiento de las oficinas de la empresa financiera Asociación Mutual Propyme. Eso es lo que aseguró Oyarbide por escrito ante el sumario interno que le abrieron en la Cámara Federal porteña.
El dueño de Propyme, Guillermo Greppi, denunció que los policías enviados por Oyarbide le estaban reclamando dinero a cambio de no allanar sus oficinas. Que le estaban pidiendo lo que en Argentina se conoce como una “coima”. Soborno. No era la primera vez que la palabra coima aparecía asociada a Oyarbide o a los policías que trabajan a sus órdenes.
La noticia trascendió el 11 de marzo. Oyarbide interpuso una denuncia y otro juez federal investiga lo ocurrido. Mientras tanto, el órgano rector de los jueces, el Consejo de la Magistratura, investiga a Oyarbide. Varios dirigentes de la oposición aseguran que el Gobierno protegerá a Oyarbide. Y que seguramente saldrá impune del caso. Una vez más.
La historia de Oyarbide es una sucesión de vídeos en Youtube. Uno de ellos transcurre el 12 de diciembre de 2012 en un estadio desmontable de tenis, en el municipio bonaerense de Tigre. Puede que no haya un magistrado en Argentina capaz de disputar el protagonismo al suizo Roger Federer y al argentino Juan Martín del Potro durante un partido de exhibición. Salvo Norberto Oyarbide. Cuando apareció en la tribuna miles de espectadores se olvidaron del juego. Comenzaron a silbarle y a corear: “Oyarbide botón (forma coloquial de referirse a cualquier policía; a menudo se emplea para resaltar la condición de corrupto y servil con el poder), Oyarbide botón… Sos un hijo de puta, la puta madre que te parió”. El juez aguantó un rato antes de abandonar el estadio en medio del partido. Para entonces, sobre la piel de este juez de 62 años habían caído ya más de 40 solicitudes de juicios políticos que buscaban su destitución. Y ninguna consiguió hacerle mella.
Oyarbide llevaba solo cuatro años como juez federal de Buenos Aires cuando en 1998 el regente del prostíbulo para hombres Spartacus, situado en el barrio porteño de Recoleta, denunció que Oyarbide solía visitar con frecuencia el burdel y que ofrecía protección legal al local a cambio de dinero. Oyarbide negó haber visitado el prostíbulo. Hasta que apareció un vídeo en el que se le veía como cliente junto a uno de los empleados. Después alegó que el vídeo era falso. La cámara de Diputados aprobó un juicio político contra él por mal desempeño de sus funciones. Después, el Senado debía votar la condena o absolución de Oyarbide. Y el juez lo tenía casi todo en contra. Pero el grupo del peronista Partido Justicialista aprovechó que la noche del 11 de septiembre de 2001, jornada en que cayeron las Torres Gemelas, varios senadores no acudieron a la Cámara. El Partido Justicialista reunió ese día los votos necesarios y logró la absolución de Oyarbide en una sesión que solo duró diez minutos. Ahora, la opositora Unión Cívica Radical pretende reabrir aquel juicio político.
Una de sus sentencias más famosas se produjo en 2009, cuando dictó el sobreseimiento por supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández. El juez encontró justificado el aumento patrimonial del matrimonio que en 2008 se había incrementado un 158% sobre el año anterior.
Quienes lo han tratado aseguran que no tiene un pelo de tonto, que conoce bien los elementos procesales técnicos como para no cometer ninguna barrabasada. Pero que su carácter excéntrico y su afán de protagonismo juegan en su contra.
Muy pulcro y atildado en el vestir, de pañuelo en el traje y pajarita, Oyarbide tiene fama de vivir muy por encima de lo que podría permitirse con un sueldo de 49.101 pesos (4.400 euros). En 2013 declaró un patrimonio 1.225.283 pesos (110.700 euros), dato que los medios críticos con el Gobierno saludan con mucho escepticismo. No posee ninguna tarjeta de crédito en un país donde millones de personas suelen manejar hasta tres tarjetas de distintas entidades. Le gusta veranear en un lujoso hotel de Punta Cana, en República Dominicana. Y suele frecuentar los restaurantes de Puerto Madero, el barrio más caro de Buenos Aires.
En 2012 acudió a trabajar a los juzgados con un anillo que según confesaba él mismo, le costó 250.000 dólares (180.000 euros). “Entregué en pago todo lo que me regalaron en los últimos cinco años”, comentó de forma informal en los juzgados. Una diputada lo denunció por supuesto enriquecimiento ilícito. Y entonces, Oyarbide reveló que en realidad lo había alquilado por 7.500 dólares (5.421 euros) en una joyería de Uruguay. Ganó el juicio.
Se sabe mucho sobre la vida privada de Oyarbide: el nombre y profesión de sus amantes, las canciones que le gustan, el lugar de Recoleta donde vive… Los periodistas porteños relatan cientos de anécdotas para explicar su afán de protagonismo, como el día en que en una boda reunió a decenas de invitadas y se puso a dirigir una sesión de danza… Pero lo que nadie conoce es cuánto sabe Oyarbide sobre algunos altos cargos de la Casa Rosada. Para muchos opositores, el juez sabe demasiado y por eso “lo protegen”. Para él, las personas que lo denuncian están jugando “con la presunción que han instalado mediáticamente sobre la corruptela de este juez”. Lo cierto es que lleva 20 años como juez federal y hasta ahora ha resistido todos los embates. Excepto el de la cancha de tenis.
Por cierto: Carlos Liuzzi, el subsecretario Técnico de la Casa Rosada, continúa en el cargo. Y negó haber presentado su renuncia.
