Venezuela investiga 59 violaciones de los DDHH durante las protestas
Caracas, EP
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha revelado este viernes que el Ministerio Público está investigando 59 casos de violaciones de los Derechos Humanos que se habrían cometido en el marco de las protestas y en las que estarían implicados 17 miembros de las fuerzas de seguridad.
En una entrevista radiofónica, ha explicado que "los fiscales de derechos fundamentales están desplegados por todo el país para investigar las irregularidades denunciadas y determinar si ciertamente se cometieron vulneraciones contra los Derechos Humanos".
La titular del Ministerio Público ha revelado que "hay seis órdenes de detención que están pendientes de ejecución", por lo que ha hecho un llamamiento a las fuerzas de seguridad "para que las hagan efectivas".
"El actual Estado no está interesado en desaparecer a nadie, de modo que los cuestionamientos que puedan existir se deben realizar por la vía democrática, porque Venezuela es un pueblo con vocación de paz", ha defendido.
En la misma línea, ha subrayado que "no se va a incurrir en los atropellos cometidos en otras épocas, antes de 1998, cuando fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos miles de venezolanos por disentir políticamente".
"La actuación del Estado tiene límites, y es que debe obedecer al principio del respeto a los Derechos Humanos de quienes sean detenidos de manera flagrante cometiendo delitos", ha recordado, de acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio Público.
UN DERECHO LIMITADO
Ortega Díaz ha aclarado que, de forma paralela a estas investigaciones, la Fiscalía seguirá garantizando "que se haga Justicia ante las situaciones que se han generado en el país", en alusión a la ola de violencia.
A este respecto, ha recordado que la Constitución solamente reconoce "el derecho a manifestarse de forma pacífica", enfatizando que, por tanto, "tiene limitaciones". "La manifestación debe hacerse sin violencia, sin atentar contra los demás", ha indicado.
"Ante la agresión exagerada, la irracionalidad y el odio desmedido, frente a las alteraciones de paz, y la intolerancia, se debe reflexionar y hacer reconocimiento del derecho del otro", ha instado Ortega Díaz.
CRISIS VENEZOLANA
La crisis política en Venezuela se desató el pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados, lo que ha dejado --según cifras oficiales-- 31 muertos, 461 heridos y 1.854 detenidos.
Desde entonces, detractores y seguidores del Gobierno han marchado casi a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.
La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ha ido un paso más allá, expresando su respaldo al Gobierno de Maduro y anunciando la creación de una comisión conformada por los ministros de Exteriores del bloque regional para acompañar el diálogo en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha revelado este viernes que el Ministerio Público está investigando 59 casos de violaciones de los Derechos Humanos que se habrían cometido en el marco de las protestas y en las que estarían implicados 17 miembros de las fuerzas de seguridad.
En una entrevista radiofónica, ha explicado que "los fiscales de derechos fundamentales están desplegados por todo el país para investigar las irregularidades denunciadas y determinar si ciertamente se cometieron vulneraciones contra los Derechos Humanos".
La titular del Ministerio Público ha revelado que "hay seis órdenes de detención que están pendientes de ejecución", por lo que ha hecho un llamamiento a las fuerzas de seguridad "para que las hagan efectivas".
"El actual Estado no está interesado en desaparecer a nadie, de modo que los cuestionamientos que puedan existir se deben realizar por la vía democrática, porque Venezuela es un pueblo con vocación de paz", ha defendido.
En la misma línea, ha subrayado que "no se va a incurrir en los atropellos cometidos en otras épocas, antes de 1998, cuando fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos miles de venezolanos por disentir políticamente".
"La actuación del Estado tiene límites, y es que debe obedecer al principio del respeto a los Derechos Humanos de quienes sean detenidos de manera flagrante cometiendo delitos", ha recordado, de acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio Público.
UN DERECHO LIMITADO
Ortega Díaz ha aclarado que, de forma paralela a estas investigaciones, la Fiscalía seguirá garantizando "que se haga Justicia ante las situaciones que se han generado en el país", en alusión a la ola de violencia.
A este respecto, ha recordado que la Constitución solamente reconoce "el derecho a manifestarse de forma pacífica", enfatizando que, por tanto, "tiene limitaciones". "La manifestación debe hacerse sin violencia, sin atentar contra los demás", ha indicado.
"Ante la agresión exagerada, la irracionalidad y el odio desmedido, frente a las alteraciones de paz, y la intolerancia, se debe reflexionar y hacer reconocimiento del derecho del otro", ha instado Ortega Díaz.
CRISIS VENEZOLANA
La crisis política en Venezuela se desató el pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados, lo que ha dejado --según cifras oficiales-- 31 muertos, 461 heridos y 1.854 detenidos.
Desde entonces, detractores y seguidores del Gobierno han marchado casi a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.
La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ha ido un paso más allá, expresando su respaldo al Gobierno de Maduro y anunciando la creación de una comisión conformada por los ministros de Exteriores del bloque regional para acompañar el diálogo en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz.