Michel Bachelet recibirá el poder con un Chile más exigente
Chile, EFE
El martes que viene Michelle Bachelet asumirá de nuevo la presidencia de Chile, país el cual experimenta una desaceleración económica y en el que los ciudadanos, más conscientes de sus derechos, le exigirán que cumpla su ambicioso programa de gobierno.
En los últimos años, Chile ha experimentado un notable despegue económico, pero también ha sido un escenario de numerosas movilizaciones a causa de problemas sociales que Bachelet aspira ahora resolver en su segundo mandato.
Porque junto al auge económico (con tasas de crecimiento superiores al 5 %, una baja inflación y un desempleo que ronda el 6 %), la pobreza y la desigualdad siguen siendo asignaturas pendientes en este país sudamericano.
En comparación con su primer mandato (2006-2010),Bachelet dispone ahora de un respaldo político mucho más amplio, entre los que destacan los partidos como la Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista.
Por primera vez en la historia moderna del país, Chile tiene un gobierno dispuesto a introducir cambios sustanciales en el modelo neoliberal que puso en marcha el régimen militar (1973-1990) y que se asentó durante las administraciones de la Concertación (1990-2010) y de Sebastián Piñera (2010-2014).
La principal promesa electoral de Michelle Bachelet fue “terminar con la desigualdad” en una sociedad que goza de un sano crecimiento y una envidiable estabilidad pero con enormes brechas en la distribución del ingreso.
La Nueva Mayoría tiene los votos suficientes para aprobar iniciativas legislativas que le permitan cumplir con sus compromisos electorales, entre los que figuran la subida de los impuestos a las empresas, otorgar educación universal gratuita y mejorar el sistema de pensiones y los servicios públicos de salud.
El reto que Bachelet tiene ante sí es cómo hacer frente a los nuevos movimientos sociales que han alzado la voz en estos cuatro años, desde los estudiantes hasta los ecologistas, pasando por los ciudadanos de las regiones aisladas y, desde hace mucho más tiempo, por los pueblos originarios.
En materia de relaciones exteriores, Bachelet tendrá que afrontar la demanda interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya así como también el fallo del alto tribunal de las Naciones Unidas.
El martes que viene Michelle Bachelet asumirá de nuevo la presidencia de Chile, país el cual experimenta una desaceleración económica y en el que los ciudadanos, más conscientes de sus derechos, le exigirán que cumpla su ambicioso programa de gobierno.
En los últimos años, Chile ha experimentado un notable despegue económico, pero también ha sido un escenario de numerosas movilizaciones a causa de problemas sociales que Bachelet aspira ahora resolver en su segundo mandato.
Porque junto al auge económico (con tasas de crecimiento superiores al 5 %, una baja inflación y un desempleo que ronda el 6 %), la pobreza y la desigualdad siguen siendo asignaturas pendientes en este país sudamericano.
En comparación con su primer mandato (2006-2010),Bachelet dispone ahora de un respaldo político mucho más amplio, entre los que destacan los partidos como la Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista.
Por primera vez en la historia moderna del país, Chile tiene un gobierno dispuesto a introducir cambios sustanciales en el modelo neoliberal que puso en marcha el régimen militar (1973-1990) y que se asentó durante las administraciones de la Concertación (1990-2010) y de Sebastián Piñera (2010-2014).
La principal promesa electoral de Michelle Bachelet fue “terminar con la desigualdad” en una sociedad que goza de un sano crecimiento y una envidiable estabilidad pero con enormes brechas en la distribución del ingreso.
La Nueva Mayoría tiene los votos suficientes para aprobar iniciativas legislativas que le permitan cumplir con sus compromisos electorales, entre los que figuran la subida de los impuestos a las empresas, otorgar educación universal gratuita y mejorar el sistema de pensiones y los servicios públicos de salud.
El reto que Bachelet tiene ante sí es cómo hacer frente a los nuevos movimientos sociales que han alzado la voz en estos cuatro años, desde los estudiantes hasta los ecologistas, pasando por los ciudadanos de las regiones aisladas y, desde hace mucho más tiempo, por los pueblos originarios.
En materia de relaciones exteriores, Bachelet tendrá que afrontar la demanda interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya así como también el fallo del alto tribunal de las Naciones Unidas.