Juristas: En Bolivia se aplica una justicia inquisitiva e indolente
La Paz, ErbolAutoridades y juristas entendidos en el tema señalaron que en Bolivia se aplica una justicia con visión totalmente inquisitiva e indolente porque pretende, por sobre todo, castigar con cárcel a los presuntos responsables de un delito sin hacer diferencia en la gravedad de los distintos casos. Muestra de esta situación, señalaron, es el uso abusivo y desmedido de la detención preventiva.
Milton Mendoza, exfiscal y magistrado suplente del Tribunal Constitucional, manifestó que nunca se cambió el método de hacer justicia en el país, pese a los anuncios del gobierno nacional de descolonizar el Órgano Judicial.
“Cada vez estamos con mecanismos más inquisitivos, con un régimen disciplinario totalmente inquisitivo, hemos llegado a una visión de justicia totalmente inquisitiva, donde todo es sanción, todo es cárcel” apuntó.
El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, lamentó que los administradores de justicia quieran todo resolverlo con medidas de privación de libertad sin tomar en cuenta otras alternativas que también existen en el Código Penal.
“Si alguien tiene una deuda, a la cárcel; si alguien a cometido un homicidio en campo deportivo, jugando fútbol, a la cárcel; si alguien a chocado un vehículo y han fallecido algunas personas, a la cárcel; entonces, estamos destruyendo dos familias, la afectada, que puede sufrir lesiones o muertes, pero detienen a la persona (causante) y esa persona cómo va a pagar los gastos de hospitales ¿Preso? Eso es lo que no comprenden los juristas y hay que cambiar”, deploró la exautoridad.
La responsable jurídica de la Pastoral Penitenciaria, María del Carmen Michel, cuestionó la actual administración de justicia del país y la calificó de “indolente, deshumanizada y violatoria de los derechos humanos”.
Dijo que “por un requisito pequeño que una persona no puede cumplir en un momento dado (para salir libre), queda ahí detenido esperando a ver qué es lo que pasa y peor aún cuando la persona no tiene recursos económicos”.
Las personas privadas de libertad “lamentablemente sufren abandono de las autoridades, del Estado y, lo más doloroso, en algunos casos, de su familia”.
Agregó que para ellos, los pobres, “es muy difícil encontrar un abogado que les ayude, prácticamente de manera gratuita, y que pueda conseguir todos los requisitos que les piden, y al final no pueden llegar a acceder a la libertad por un simple requisito”.
El Vocal del Distrito de La Paz y expresidente del Tribunal de Distrito, Iván Campero, manifestó en anteriores declaraciones que el sistema inquisitivo afecta incluso hasta a los propios juristas que ejercen cargos públicos.
“Los juzgados disciplinarios del Consejo de la Magistratura ya son juzgados del terror para el juez, porque un juez puede tener una falta leve disciplinaria, pero si viene la segunda sanción ya es destitución, sea cual sea la forma, entonces no podemos tener un sistema punitivo tan cerrado, entonces el juez vive y trabaja sobre un terror”, apuntó.
Producto de esta situación, agregó, los jueces ya no quieren decidir sobre determinados casos y derivan a otras instancias para su solución e incurren en retardación de justicia.
Actualmente más del 84 por ciento de la población carcelaria del país cumple prisión sin sentencia, en franca vulneración a sus derechos elementales como el derecho a la libertad, a una justicia pronta y a la presunción de inocencia.
El 98 por ciento de las personas detenidas son pobres. Sólo en el penal de San Pedro de La Paz, más de 500 detenidos preventivos pasaron el máximo tiempo de detención para fines investigativos de tres años, sin que hasta el momento se haya culminado esa etapa, según informó el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.
Proponen alternativas
Llanos demandó un cambio de enfoque en la justicia boliviana, de una mentalidad carcelaria a una de conciliación.
“Tenemos que cambiar la forma de ver, la posibilidad de conciliar, mediar, trabajar en justicia restaurativa, eso es lo que tiene que darse en nuestra administración de justicia, pero mientras no suceda esto, todo es cárcel, cualquier problema es cárcel”, reconvino.
“En Bolivia hemos hablado también acerca de las manillas electrónicas, y esto podría significar una alternativa, que estén libres pero con la manilla electrónica restringidos para llegar a ciertos lugares donde pueda estar la víctima, hay varias maneras que las personas estén en libertad sin violentar su presunción de inocencia”, dijo Llanos.
Por lo menos en el discurso del actual gobierno, agregó Mendoza, se hizo un corte para echar abajo la justicia colonial y empezar una justicia plurinacional, pero sin resultados concretos.
“Teníamos retos, uno de ellos era crear el propio derecho boliviano, indígena originario campesino, a través de los usos y costumbres, y la Bolivia autonómica, pero en más de dos años vemos que ni la justicia indígena originaria empezó a echar cuerpo y mucho menos las autonomías”, lamentó.
