Hidroeléctricas: Justicia exige indemnizar a damnificados
La Paz, Erbol
“Considerando lo excepcional del caso que revela una verdadera tragedia vivida por las poblaciones atingidas en el Estado de Rondônia, determino la inmediata aplicación de esta decisión”, reza la sentencia emitida la noche de este lunes por el juez quinto de Tribunal Ambiental y Agrario de la Corte Judicial de Rondônia, Herculano Martins Nacif, que obliga a las empresas hidroeléctricas de Jirau y San Antonio correr a partir de la fecha con todos los costos y gastos de atención a las miles de familias damnificadas en decenas de municipios afectados por las inundaciones sobre el río Madeira y sus afluentes, informa soldepando.com
La sentencia a la que Sol de Pando tuvo acceso exclusivo —emitida al promediar las 19:00 (hora boliviana) de este lunes 11 de marzo— exige también a las dos represas que montaron sus usinas sobre el lecho del rio Madera, “refaçam, imediatamente, o estudo e o relatório de impacto ambiental”. Dicha reformulación de los estudios de impacto ambiental deberá ser supervisada por organismos técnicos y sociales competentes como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (IBAMA), el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), entre otros. Además, agrega la decisión judicial, el Ministerio Público designará peritos ingenieros, agrónomos, geólogos, sociólogos, antropólogos y economistas cuyos honorarios serán “custeados pelos consorcios” (pagados por las empresas sentenciadas).
En caso de incumplirse esas dos disposiciones —atención a las necesidades básicas de las familias damnificadas financiando vivienda, alimentación, transporte, salud y educación; además de iniciar nuevos estudios de impacto ambiental en estricto ajuste a las normas vigentes—, según la trascendental sentencia se aplicará una multa diaria de 100.000 reales, equivalentes a 235.000 dólares por día.
Con respecto al pago de indemnizaciones a las familias damnificadas en base a informes y registros de Defensa Civil municipal, estadual o federal, “as duas hidrelétricas têm prazo de 10 dias para comprovar à Justiça Federal que estão cumprindo este item da decisão liminar”. El juez Martins les otorga asimismo un plazo de 90 días para que las empresas demuestren ante la Justicia Federal avances concretos en la reformulación de los estudios de impacto ambiental “sob pena de suspensão de suas licenças de operação”.
La sentencia del juez Martins fue emitida 11 días después de que el municipio de Porto Velho se declaró el 27 de febrero en “Estado de Calamidad Pública” (equivalente en Bolivia a una declaratoria de Desastre Nacional), lo cual sirvió de fundamento para los alegatos que expusieron las fiscalías y defensorías públicas estaduales y federales, además del gremio de los abogados, el pasado 6 de marzo, en la demanda de un juicio de Acción Civil Pública por “daño moral colectivo” contra los consorcios Santo Antônio Energia propietaria de la represa del mismo nombre, y Empresa Sustentável do Brasil que es dueña de la represa de Jirau.
Los demandantes fueron los procuradores Gisele Bleggi y Raphael Bevilaqua, el promotor de justicia Átila Augusto, la defensora pública federal Mariana Doering, el defensor público estadual Marcus Edson de Lima y el presidente de la Organización de Abogados del Brasil Andrey Cavalcante. Su demanda se basó en el hecho de que las hidroeléctricas sobredimensionaron sus niveles de embalse, especialmente en el caso de la represa de San Antonio según denunciaron los mismos propietarios de la otra represa, Jirau, construyendo una represa de 75 metros de alto cuando la norma ponía un límite de sólo 70 metros. Jirau habría incurrido en el mismo delito. Esa irresponsabilidad empresarial determinó el colapso de la cuenca del Madeira-Mamoré, por lo que los demandantes exigen una indemnización de 100 millones de reales que equivalen a 235 millones de dólares en favior de las familias y municipios damnificados. La sentencia descartó esa indemnización privilegiando el pago de los daños a las familias según las necesidades concretas en cada uno de los miles de casos.
El juez deploró en su sentencia la indolencia con que actuaron los dos consorcios ante el desastre causado en el río Madera y sus afluentes por el sobredimensionamiento comprobado de sus represas. El problema, sentenció el juez Herculano Martins, “não parece ter sido contemplada com a seriedade que merece”. Según el criterio técnico que sustentó la decisión legal del magistrado, las altas represas provocaron una acumulación excesiva de agua estancada sobre el lecho del río Madera, lo cual se agravó con las intensas lluvias, desnaturalizando su remanso natural hasta provocar el desastre en la toda gigantesca cuenca que abarca importantes poblados ribereños de Brasil y Bolivia.
El juez Herculano Martins Nacif, de 52 años, es considerado uno de los jueces más probos en el foro brasileño. Antes de asumir su actual magistratura en la materia Ambiental y Agraria, se desempeñó como juez electoral de Rondônia durante la gestión 2011-2013, destacándose por su ecuanimidad y vocación democrática.
Otra acción judicial
El diputado federal Amir Lando, ex Ministro de Salud durante el gobierno de Inacio Lula da Silva, anunció el pasado fin de semana que establecerá responsabilidades técnicas y legales de las usinas hidroeléctricas instaladas sobre el lecho del río Madera en el municipio de Porto Velho.
El diputado Amir Landa exigirá que las hidroeléctricas, incluso el Gobierno Federal que habría autorizado la construcción de las usinas sin contar con estudios transparentes de impacto ambiental, paguen al municipio de Porto Velho los daños que las inundaciones provocaron en la infraestructura y equipamiento de esa ciudad ribereña, que según estimaciones del prefeito (alcalde) Mauro Nazif, superan los 500 millones de reales (1.175 millones de dólares), mientras que el Gobierno Federal que preside Dilma Rousseff desembolsó no más de 450.000 reales a dicho municipio, “monto que no cubre la magnitud real del desastre”, dijo el diputado en contacto con el corresponsal de Sol de Pando en Porto Velho. El diputado protesta asimismo porque el Estado vecino del Acre recibió como compensación ante las inundaciones un monto superior a los dos millones de reales.
Lando es actualmente diputado federal por el Estado de Rondônia en la bancada de Partido Movimiento Democrático del Brasil (Pmdb) y fue Ministro de Salud durante el gobierno de Lula en 1996.
La sentencia a la que Sol de Pando tuvo acceso exclusivo —emitida al promediar las 19:00 (hora boliviana) de este lunes 11 de marzo— exige también a las dos represas que montaron sus usinas sobre el lecho del rio Madera, “refaçam, imediatamente, o estudo e o relatório de impacto ambiental”. Dicha reformulación de los estudios de impacto ambiental deberá ser supervisada por organismos técnicos y sociales competentes como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (IBAMA), el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), entre otros. Además, agrega la decisión judicial, el Ministerio Público designará peritos ingenieros, agrónomos, geólogos, sociólogos, antropólogos y economistas cuyos honorarios serán “custeados pelos consorcios” (pagados por las empresas sentenciadas).
En caso de incumplirse esas dos disposiciones —atención a las necesidades básicas de las familias damnificadas financiando vivienda, alimentación, transporte, salud y educación; además de iniciar nuevos estudios de impacto ambiental en estricto ajuste a las normas vigentes—, según la trascendental sentencia se aplicará una multa diaria de 100.000 reales, equivalentes a 235.000 dólares por día.
Con respecto al pago de indemnizaciones a las familias damnificadas en base a informes y registros de Defensa Civil municipal, estadual o federal, “as duas hidrelétricas têm prazo de 10 dias para comprovar à Justiça Federal que estão cumprindo este item da decisão liminar”. El juez Martins les otorga asimismo un plazo de 90 días para que las empresas demuestren ante la Justicia Federal avances concretos en la reformulación de los estudios de impacto ambiental “sob pena de suspensão de suas licenças de operação”.
La sentencia del juez Martins fue emitida 11 días después de que el municipio de Porto Velho se declaró el 27 de febrero en “Estado de Calamidad Pública” (equivalente en Bolivia a una declaratoria de Desastre Nacional), lo cual sirvió de fundamento para los alegatos que expusieron las fiscalías y defensorías públicas estaduales y federales, además del gremio de los abogados, el pasado 6 de marzo, en la demanda de un juicio de Acción Civil Pública por “daño moral colectivo” contra los consorcios Santo Antônio Energia propietaria de la represa del mismo nombre, y Empresa Sustentável do Brasil que es dueña de la represa de Jirau.
Los demandantes fueron los procuradores Gisele Bleggi y Raphael Bevilaqua, el promotor de justicia Átila Augusto, la defensora pública federal Mariana Doering, el defensor público estadual Marcus Edson de Lima y el presidente de la Organización de Abogados del Brasil Andrey Cavalcante. Su demanda se basó en el hecho de que las hidroeléctricas sobredimensionaron sus niveles de embalse, especialmente en el caso de la represa de San Antonio según denunciaron los mismos propietarios de la otra represa, Jirau, construyendo una represa de 75 metros de alto cuando la norma ponía un límite de sólo 70 metros. Jirau habría incurrido en el mismo delito. Esa irresponsabilidad empresarial determinó el colapso de la cuenca del Madeira-Mamoré, por lo que los demandantes exigen una indemnización de 100 millones de reales que equivalen a 235 millones de dólares en favior de las familias y municipios damnificados. La sentencia descartó esa indemnización privilegiando el pago de los daños a las familias según las necesidades concretas en cada uno de los miles de casos.
El juez deploró en su sentencia la indolencia con que actuaron los dos consorcios ante el desastre causado en el río Madera y sus afluentes por el sobredimensionamiento comprobado de sus represas. El problema, sentenció el juez Herculano Martins, “não parece ter sido contemplada com a seriedade que merece”. Según el criterio técnico que sustentó la decisión legal del magistrado, las altas represas provocaron una acumulación excesiva de agua estancada sobre el lecho del río Madera, lo cual se agravó con las intensas lluvias, desnaturalizando su remanso natural hasta provocar el desastre en la toda gigantesca cuenca que abarca importantes poblados ribereños de Brasil y Bolivia.
El juez Herculano Martins Nacif, de 52 años, es considerado uno de los jueces más probos en el foro brasileño. Antes de asumir su actual magistratura en la materia Ambiental y Agraria, se desempeñó como juez electoral de Rondônia durante la gestión 2011-2013, destacándose por su ecuanimidad y vocación democrática.
Otra acción judicial
El diputado federal Amir Lando, ex Ministro de Salud durante el gobierno de Inacio Lula da Silva, anunció el pasado fin de semana que establecerá responsabilidades técnicas y legales de las usinas hidroeléctricas instaladas sobre el lecho del río Madera en el municipio de Porto Velho.
El diputado Amir Landa exigirá que las hidroeléctricas, incluso el Gobierno Federal que habría autorizado la construcción de las usinas sin contar con estudios transparentes de impacto ambiental, paguen al municipio de Porto Velho los daños que las inundaciones provocaron en la infraestructura y equipamiento de esa ciudad ribereña, que según estimaciones del prefeito (alcalde) Mauro Nazif, superan los 500 millones de reales (1.175 millones de dólares), mientras que el Gobierno Federal que preside Dilma Rousseff desembolsó no más de 450.000 reales a dicho municipio, “monto que no cubre la magnitud real del desastre”, dijo el diputado en contacto con el corresponsal de Sol de Pando en Porto Velho. El diputado protesta asimismo porque el Estado vecino del Acre recibió como compensación ante las inundaciones un monto superior a los dos millones de reales.
Lando es actualmente diputado federal por el Estado de Rondônia en la bancada de Partido Movimiento Democrático del Brasil (Pmdb) y fue Ministro de Salud durante el gobierno de Lula en 1996.
