Fernández comienza a pagar su fiesta
El Gobierno de Argentina acomete las políticas antipopulistas que le venía reclamando la oposición
Francisco Peregil
Buenos Aires, El País
Hay una frase en Argentina que resume décadas de frustraciones y engaños: “¿Quién pagará esta fiesta?” La preguntan quienes conocieron la década liberal de Carlos Menem (1989-1999) -cuando el Gobierno instaló la ilusión de que un peso argentino valía lo mismo que un dólar- y se despertaron una mañana con todos sus ahorros confiscados en el banco. La plantean ahora quienes no creen que un país pueda soportar mucho tiempo una inflación del 32% -la segunda más alta de América después de Venezuela- y unos salarios que cada año se negocian por encima de la inflación. La preguntan también quienes no creen que el agua, el gas y la electricidad puedan seguir subvencionándose año tras año y pagándose a precios de risa.
La cuestión retórica lleva implícita la respuesta de que cada diez años se produce una gran crisis en el país, la fiesta la pagan los de siempre -la inmensa mayoría de ciudadanos- y el encargado de administrar el pago suele ser el Gobierno que entra. Pero esta vez, Cristina Fernández está afrontando algunas de las medidas más impopulares que un Gobierno peronista querría afrontar; medidas que repercuten de forma directa y en el corto plazo en la víscera que el general Juan Domingo Perón señalaba como la más sensible del cuerpo humano: el bolsillo.
Paso a paso, Argentina se está convirtiendo en uno de los alumnos más disciplinados del Fondo Monetario Internacional. Hace un mes publicó un nuevo Índice de Precios con el que terminaba con siete años de mentiras sobre la inflación real. El pasado jueves desveló además las cifras reales del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) el año pasado. Con lo cual, el Gobierno asumió que que Argentina no había crecido en 2013 el 4,9% sino el 3%. El premio que se lleva el Ejecutivo de Fernández por ser tan honesto y obediente con el FMI es que no deberá pagar 2.545 millones en concepto de bonos que debían pagarse si se crecía a partir del 3,2% sobre el PIB.
Pero esas pueden ser cuestiones abstractas que no afectan de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos. Lo mismo sucede con el acuerdo de Repsol. Los 5.000 millones de dólares que tendrá que pagar Argentina en bonos a la compañía se ejecutarán en su mayor parte cuando Cristina Fernández haya salido del Gobierno en 2015. Pero hay otras medidas que afectan de inmediato a la víscera más sensible de los ciudadanos. Una de ellas es la devaluación del peso acometida a principios de año. Y la otra es el recorte de las subvenciones que Fernández asumió el jueves. Ese día decidió rebajar en un 20% las subvenciones de agua y gas. Con lo cual, la tarifa del gas aumentará entre 100% y 284% y la de agua se elevará entre el 70% y el 400%. Es cierto que pagará más el que más ingrese. Pero también es verdad que van a pagar más casi todos los argentinos.
Fernández justificó la medida alegando que el país ya estaba lo suficientemente maduro para afrontarla: “Yo siento – bueno ya veo mañana el titular, pero no importa – yo me siento la madre del país, la madre de todos los argentinos, me siento muy responsable de lo que le pasa a los 40 millones de argentinos (…) No es la Argentina, del año 2003, que recibió Néstor que siempre decía, esa Argentina que yo recibí en llamas”.
Gran parte de la oposición alega que Fernández aplica esta medida -nada populista- demasiado tarde y de forma insuficiente. Y aclaran que lo hace porque no tiene más remedio, porque si no recorta los subsidios el déficit fiscal se va a disparar, la inflación continuará por las nubes, no llegarán los inversores de fuera y las reservas de divisas se agotarán. Y hay quienes sostienen que Fernández quiere acabar su segundo y último mandato en 2015 a lo grande, en plan Michelle Bachelet, la presidenta chilena que se marchó en 2010 con una popularidad del 80%, dejando la puerta abierta para la reelección de este año.
En cualquier caso, lo más tangible es que Fernández está aplicando algunas recetas nada populistas. Y la consecuencia inmediata es que para el próximo jueves 10 de abril varios sindicatos ya han convocado un paro nacional. Terminó una huelga de maestros que dejó sin clases durante 17 días a más de tres millones de alumnos, pero asoman otros conflictos en el horizonte. El camino hacia octubre de 2015, cuando Fernández concluya su mandato, no será fácil.
Buenos Aires, El País
Hay una frase en Argentina que resume décadas de frustraciones y engaños: “¿Quién pagará esta fiesta?” La preguntan quienes conocieron la década liberal de Carlos Menem (1989-1999) -cuando el Gobierno instaló la ilusión de que un peso argentino valía lo mismo que un dólar- y se despertaron una mañana con todos sus ahorros confiscados en el banco. La plantean ahora quienes no creen que un país pueda soportar mucho tiempo una inflación del 32% -la segunda más alta de América después de Venezuela- y unos salarios que cada año se negocian por encima de la inflación. La preguntan también quienes no creen que el agua, el gas y la electricidad puedan seguir subvencionándose año tras año y pagándose a precios de risa.
La cuestión retórica lleva implícita la respuesta de que cada diez años se produce una gran crisis en el país, la fiesta la pagan los de siempre -la inmensa mayoría de ciudadanos- y el encargado de administrar el pago suele ser el Gobierno que entra. Pero esta vez, Cristina Fernández está afrontando algunas de las medidas más impopulares que un Gobierno peronista querría afrontar; medidas que repercuten de forma directa y en el corto plazo en la víscera que el general Juan Domingo Perón señalaba como la más sensible del cuerpo humano: el bolsillo.
Paso a paso, Argentina se está convirtiendo en uno de los alumnos más disciplinados del Fondo Monetario Internacional. Hace un mes publicó un nuevo Índice de Precios con el que terminaba con siete años de mentiras sobre la inflación real. El pasado jueves desveló además las cifras reales del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) el año pasado. Con lo cual, el Gobierno asumió que que Argentina no había crecido en 2013 el 4,9% sino el 3%. El premio que se lleva el Ejecutivo de Fernández por ser tan honesto y obediente con el FMI es que no deberá pagar 2.545 millones en concepto de bonos que debían pagarse si se crecía a partir del 3,2% sobre el PIB.
Pero esas pueden ser cuestiones abstractas que no afectan de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos. Lo mismo sucede con el acuerdo de Repsol. Los 5.000 millones de dólares que tendrá que pagar Argentina en bonos a la compañía se ejecutarán en su mayor parte cuando Cristina Fernández haya salido del Gobierno en 2015. Pero hay otras medidas que afectan de inmediato a la víscera más sensible de los ciudadanos. Una de ellas es la devaluación del peso acometida a principios de año. Y la otra es el recorte de las subvenciones que Fernández asumió el jueves. Ese día decidió rebajar en un 20% las subvenciones de agua y gas. Con lo cual, la tarifa del gas aumentará entre 100% y 284% y la de agua se elevará entre el 70% y el 400%. Es cierto que pagará más el que más ingrese. Pero también es verdad que van a pagar más casi todos los argentinos.
Fernández justificó la medida alegando que el país ya estaba lo suficientemente maduro para afrontarla: “Yo siento – bueno ya veo mañana el titular, pero no importa – yo me siento la madre del país, la madre de todos los argentinos, me siento muy responsable de lo que le pasa a los 40 millones de argentinos (…) No es la Argentina, del año 2003, que recibió Néstor que siempre decía, esa Argentina que yo recibí en llamas”.
Gran parte de la oposición alega que Fernández aplica esta medida -nada populista- demasiado tarde y de forma insuficiente. Y aclaran que lo hace porque no tiene más remedio, porque si no recorta los subsidios el déficit fiscal se va a disparar, la inflación continuará por las nubes, no llegarán los inversores de fuera y las reservas de divisas se agotarán. Y hay quienes sostienen que Fernández quiere acabar su segundo y último mandato en 2015 a lo grande, en plan Michelle Bachelet, la presidenta chilena que se marchó en 2010 con una popularidad del 80%, dejando la puerta abierta para la reelección de este año.
En cualquier caso, lo más tangible es que Fernández está aplicando algunas recetas nada populistas. Y la consecuencia inmediata es que para el próximo jueves 10 de abril varios sindicatos ya han convocado un paro nacional. Terminó una huelga de maestros que dejó sin clases durante 17 días a más de tres millones de alumnos, pero asoman otros conflictos en el horizonte. El camino hacia octubre de 2015, cuando Fernández concluya su mandato, no será fácil.
