El juez imputa a los padres de la niña de L’Hospitalet rescatada en la selva
El juez ordena el ingreso preventivo de la menor en un centro de la Generalitat
La Administración catalana evaluará a los progenitores y acogerá mientras tanto a la menor
Rebeca Carranco
Barcelona, El País
La niña que ha permanecido siete meses secuestrada en la selva boliviana, donde cumplió 10 años, por un presunto amigo de sus padres, que la obligó a trabajar en las plantaciones de coca y a comportarse como su esposa, llegó ayer a España. Aterrizó de madrugada en el aeropuerto de Barajas, y de allí voló hasta Barcelona. En todo momento fue escoltada por la guardia civil, y arrastrando una pequeña maleta. “Es espabilada”, aseguraron ayer fuentes policiales. Más le vale, por todo lo que se le viene encima. Sus padres han sido imputados, acusados de un delito de abandono de la familia.
Por primera vez en todo este tiempo, la niña pudo verles un minuto, en el aeropuerto, bajo supervisión de terceros. Luego fue trasladada al hospital Sant Joan de Deu, en Barcelona, donde seguía a última hora de ayer. Los médicos le están practicando una extensa exploración para comprobar que se encuentra en buen estado, después de todos esos meses en la selva.
Pero cuando salga del hospital, tampoco regresará a su casa. La menor está ahora tutelada por la Generalitat, de forma temporal. La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAiA) deberá decidir en qué centro la interna, mientras evalúa “la situación de la menor y la conveniencia o no de que vuelva con sus padres”.
La niña fue secuestrada hace siete meses, el 27 de agosto, por un amigo de la familia, Grover Morales, de 35 años. El hombre se la llevó consigo a Bolivia con el permiso de los progenitores. Estos firmaron un acta notarial, mostrándose conformes con que la niña iba a pasar unas vacaciones en el país del que se convirtió en su captor. El 5 de septiembre, al ver que ya casi ni podían hablar por teléfono con su hija, los padres denunciaron el secuestro a los Mossos. La policía catalana tomó ayer de nuevo declaración a ambos, por separado, para aclarar lo ocurrido. En todo momento sostienen que no vendieron a su hija ni concertaron un matrimonio con el que era su vecino y amigo del barrio, en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat.
Morales fue arrestado por la policía en una de las zonas rojas de Bolivia, donde abundan las plantaciones de coca, tras un mes de persecuciones por la selva, en zonas de difícil acceso por las que arrastraba consigo a la niña para no ser cazado. Agentes de la Guardia Civil irrumpieron la madrugada del 8 de marzo en un poblado de chabolas, donde rescataron a la menor y detuvieron a su captor.
Morales se negó a declarar ante la policía y ante el juez, pero habló con la prensa en prisión. Alegó que no había “ni robado ni matado” a nadie, y que los padres le dieron a la niña. La intención, dijo, era comprar joyas de oro en Bolivia, que la menor llevaría puestas hasta España para no levantar sospechas. La niña ha reafirmado esa misma explicación, según fuentes del caso.
“¡No hemos vendido ni regalado a nadie!”, aseguró el domingo la madre de la niña, en una manifestación en L’ Hospitalet en apoyo a la familia. Los padres ahora deberán esperar tanto la citación del juez como la evaluación de la Generalitat. El juzgado de instrucción 1 de L’Hospitalet ha ordenado además a la DGAiA que sean sus técnicos quienes decidan si en todo este tiempo los padres de la niña pueden o no visitarla, siempre en un “entorno controlado”.
Además, la menor no podrá abandonar España —donde se encuentra en situación irregular, como sus padres—, a no ser que sea con autorización judicial, y tampoco se le podrá expedir un pasaporte.
La Administración catalana evaluará a los progenitores y acogerá mientras tanto a la menor
Barcelona, El País
La niña que ha permanecido siete meses secuestrada en la selva boliviana, donde cumplió 10 años, por un presunto amigo de sus padres, que la obligó a trabajar en las plantaciones de coca y a comportarse como su esposa, llegó ayer a España. Aterrizó de madrugada en el aeropuerto de Barajas, y de allí voló hasta Barcelona. En todo momento fue escoltada por la guardia civil, y arrastrando una pequeña maleta. “Es espabilada”, aseguraron ayer fuentes policiales. Más le vale, por todo lo que se le viene encima. Sus padres han sido imputados, acusados de un delito de abandono de la familia.
Por primera vez en todo este tiempo, la niña pudo verles un minuto, en el aeropuerto, bajo supervisión de terceros. Luego fue trasladada al hospital Sant Joan de Deu, en Barcelona, donde seguía a última hora de ayer. Los médicos le están practicando una extensa exploración para comprobar que se encuentra en buen estado, después de todos esos meses en la selva.
Pero cuando salga del hospital, tampoco regresará a su casa. La menor está ahora tutelada por la Generalitat, de forma temporal. La Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAiA) deberá decidir en qué centro la interna, mientras evalúa “la situación de la menor y la conveniencia o no de que vuelva con sus padres”.
La niña fue secuestrada hace siete meses, el 27 de agosto, por un amigo de la familia, Grover Morales, de 35 años. El hombre se la llevó consigo a Bolivia con el permiso de los progenitores. Estos firmaron un acta notarial, mostrándose conformes con que la niña iba a pasar unas vacaciones en el país del que se convirtió en su captor. El 5 de septiembre, al ver que ya casi ni podían hablar por teléfono con su hija, los padres denunciaron el secuestro a los Mossos. La policía catalana tomó ayer de nuevo declaración a ambos, por separado, para aclarar lo ocurrido. En todo momento sostienen que no vendieron a su hija ni concertaron un matrimonio con el que era su vecino y amigo del barrio, en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat.
Morales fue arrestado por la policía en una de las zonas rojas de Bolivia, donde abundan las plantaciones de coca, tras un mes de persecuciones por la selva, en zonas de difícil acceso por las que arrastraba consigo a la niña para no ser cazado. Agentes de la Guardia Civil irrumpieron la madrugada del 8 de marzo en un poblado de chabolas, donde rescataron a la menor y detuvieron a su captor.
Morales se negó a declarar ante la policía y ante el juez, pero habló con la prensa en prisión. Alegó que no había “ni robado ni matado” a nadie, y que los padres le dieron a la niña. La intención, dijo, era comprar joyas de oro en Bolivia, que la menor llevaría puestas hasta España para no levantar sospechas. La niña ha reafirmado esa misma explicación, según fuentes del caso.
“¡No hemos vendido ni regalado a nadie!”, aseguró el domingo la madre de la niña, en una manifestación en L’ Hospitalet en apoyo a la familia. Los padres ahora deberán esperar tanto la citación del juez como la evaluación de la Generalitat. El juzgado de instrucción 1 de L’Hospitalet ha ordenado además a la DGAiA que sean sus técnicos quienes decidan si en todo este tiempo los padres de la niña pueden o no visitarla, siempre en un “entorno controlado”.
Además, la menor no podrá abandonar España —donde se encuentra en situación irregular, como sus padres—, a no ser que sea con autorización judicial, y tampoco se le podrá expedir un pasaporte.
